El documento, en cuya redacción ha participado el Ministerio de Justicia que lidera Pilar Llop, muestra el compromiso de los países adheridos para que el acceso gubernamental a datos en manos del sector privado cumpla con los estándares de protección de datos personales, facilitando así el flujo internacional de los mismos, y reforzando la seguridad jurídica y la confianza mutua entre los países suscritos.
También tiene entre sus objetivos garantizar que la prevención, investigación y persecución de los delitos se realice en el marco de la cooperación transfronteriza para reforzar el acceso a la información disponible, incluida la de naturaleza personal, garantizando de este modo los estándares comunes en materia de protección de la privacidad.
Además, la declaración contempla un marco común de garantías de los principios democráticos y de respeto al Estado de Derecho, con el fin de que convivan en equilibrio ambas áreas de protección: la seguridad pública y la garantía de los derechos de la ciudadanía, con la protección de los datos personales.
En las jornadas, que han sido presididas por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha participado, por parte del Ministerio de Justicia, la subsecretaria, Ana Sánchez.
