La Orden, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), declara, como en años anteriores, la "insuficiencia de medios" en la Intervención General de la Seguridad Social para hacer frente, en los plazos requeridos, a las auditorías a realizar sobre todas las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros mancomunados.
Así, argumentando razones de eficiencia técnica y organizativa y a fin de dar cumplimiento a lo establecido legalmente, el Ministerio determina la necesidad de llevar a cabo un proceso de colaboración con empresas privadas de auditoría que la Intervención General de la Seguridad Social "no puede asumir en su integridad con sus efectivos actuales".
De este modo, el Departamento que dirige José Luis Escrivá autoriza la celebración de contratos de colaboración con empresas privadas de auditoría por un plazo de vigencia superior a un año, debido a que estos trabajos de control o auditoría tienen carácter periódico y recurrente.
En la Orden, en vigor desde este miércoles, se recuerda que la normativa española establece la obligación de realizar anualmente una auditoría de las cuentas anuales de las mutuas, que debe ser llevada a cabo por la Intervención General de la Seguridad Social.
Por otro lado, se prevé que para la ejecución del plan de auditorías de la Seguridad Social, la Intervención General de la Seguridad Social pueda, en caso de insuficiencia de medios propios disponibles, recabar la colaboración de empresas privadas de auditoría.
Para ello se requiere una Orden del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cuando la financiación de dicha colaboración se realice con cargo a créditos de los presupuestos de las entidades y servicios de la Seguridad Social adscritos a dicho Departamento.
