La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha asegurado este martes en el Congreso, que el Gobierno realiza una clara apuesta por el mantenimiento de los niveles de cobertura de nuestro sistema de Seguridad Social, y por el aseguramiento de la estabilidad financiera del mismo, con el fin de que se mantenga como un sólido elemento de confianza y tranquilidad para millones de personas y hogares españoles.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo de la Cámara Baja, Báñez ha subrayado que concede el máximo valor a la concertación de análisis y propuestas de mejora, que sirvan para garantizar la estabilidad y solvencia en el presente y en el futuro próximo de nuestro sistema de pensiones y prestaciones.
La ministra ha defendido que las políticas de pensiones han de ser, en una sociedad avanzada, políticas de seguridad y tranquilidad basadas en un pacto implícito entre generaciones, y ha recalcado su compromiso con el cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo, que coinciden con las sugeridas en el contexto europeo a través del reciente Libro Blanco Para unas Pensiones adecuadas, seguras y sostenibles.
Destacan entre otras, aquéllas que avanzan en la estabilidad financiera del sistema; la separación de fuentes de financiación, aspecto en el que se ha avanzado notablemente con el Presupuesto para 2012 que incorpora el histórico incremento de 1.000 millones de euros en la aportación del Estado para financiar los complementos a mínimos; y la actualización del poder adquisitivo de las pensiones.
La ministra ha explicado que por este motivo, la primera medida que adoptó el Gobierno, fue garantizar de nuevo la revalorización de las pensiones en España tras la “congelación” decretada por el anterior Ejecutivo para 2011, cuyos efectos fundamentales se hacen notar en este año 2012 en la forma de una “lesión importante del poder adquisitivo de los pensionistas”.
Fátima Báñez ha recordado que el sistema de Seguridad Social presenta indudables fortalezas pese a que tras los últimos años de intensa crisis, cerró sus cuentas en 2011 con déficit, lo que no ocurría en España desde 1998. Por este motivo, la mejor apuesta de seguridad del sistema de pensiones está en la adopción de reformas estructurales profundas y ambiciosas como las que el Gobierno está emprendiendo.
Entre ellas, destaca la reforma laboral que introduce elementos de flexibilidad y modernización para que no vuelva a repetirse la enorme destrucción de empleo que se ha producido en la crisis. La nueva ley que regula el mercado de trabajo ayuda al emprendedor a recuperar los niveles de productividad e incide en el fomento de la contratación indefinida con especial atención a jóvenes, mujeres y parados de larga duración. “Una reforma al servicio del empleo y de la sostenibilidad de la Seguridad Social”, ha remarcado.
No obstante, la ministra ha insistido en que tras 4 años de intensa crisis, la Seguridad Social dispone de un importante remanente para afrontar una coyuntura desfavorable. Así, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social cuenta, a 30 de abril de 2012, con 67.947 millones de euros. Además, existen otras reservas que permiten afrontar los riesgos y proteger ante circunstancias adversas sin tener que recurrir al recorte de prestaciones o al incremento de cotizaciones.
Desarrollo de la reforma de las pensiones
La ministra ha aprovechado su intervención para dar cuenta del desarrollo normativo de la Ley 27/2011 de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. En este punto, ha subrayado la responsabilidad con la que está actuando el Gobierno.
En este sentido, ha explicado que el Gobierno está trasladando al Congreso aquellos informes y estudios que la Ley le encomienda, y además, a punto de concluir la tramitación del Real Decreto por el que se regula la suscripción del Convenio Especial para personas con Discapacidad, en cumplimiento de la D.A. 2ª de la Ley 27/2011.
También está en fase avanzada de elaboración el Real Decreto que regulará otros aspectos de la Ley 27/2011 sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, como la determinación de cómputos de tiempo para la edad de jubilación o para el cálculo de la base reguladora; la nueva regulación de los complementos a mínimos; el límite de edad de orfandad con discapacidad o los beneficios por cuidado de hijos.
Además, la ministra Báñez ha anunciado la decisión del Gobierno de modificar la regulación de la integración de lagunas de cotización recogida en la Ley 27/2011 para evitar que se de idéntico tratamiento -o incluso más favorable- a quien no ha cotizado durante uno o varios periodos de tiempo que a quien sí lo hizo.
Más información y transparencia
La ministra ha destacado la importancia de facilitar a los ciudadanos información precisa sobre las expectativas que pueden tener, a partir de cierta edad, respecto a sus derechos a las prestaciones del sistema público.
Para ello, la Administración de la Seguridad Social informará a cada trabajador sobre su futuro derecho a la jubilación. También se regulará el sector de previsión complementaria para que la información se facilite con la misma periodicidad y en términos comparables y homogéneos con la suministrada por la Seguridad Social.
En la misma línea, en los justificantes de pago de las retribuciones, el empresario informará a los trabajadores de la cuantía total de la cotización a la Seguridad Social indicando la parte de la cotización que corresponde a la aportación del empresario y la parte correspondiente al trabajador.
Báñez ha explicado que el desarrollo reglamentario de esta obligación se iniciará lo antes posible, tras el oportuno debate y audiencia a los agentes sociales
Asimismo, ha reiterado la intención del Gobierno del abordar la creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social, a través de un Proyecto de Ley específico que haga realmente efectivos los principios de simplificación, economía de costes, unidad de caja y eficacia social.
En la definición de este nuevo modelo tendrá un lugar clave el salto a la Administración Electrónica. Así, Báñez ha destacado ejemplos como el programa CRETA, cuya implantación permitirá establecer un control integrado de la recaudación basado en el cálculo previo por parte de la Administración de las cuotas de Seguridad Social para cada uno de los trabajadores de las empresas.
También ha presentado la futura ampliación de la Carta de servicios electrónicos a todos los regímenes del sistema (sobre todo Autónomos y Regímenes Especiales), para todos los ciudadanos, empresas y entidades.
Un tercer gran proyecto consistirá en permitir el acceso a toda la información relativa a la Seguridad Social desde el móvil u otros dispositivos portátiles y personales, avanzando hacia una nueva forma de relación entre Administración y ciudadanos.
En esta línea, la ministra ha avanzado la puesta en marcha de un Motor documental ‘inteligente’ que permitirá un enorme ahorro de tiempo y recursos, y evitará al ciudadano tener que presentar documentación por duplicado.
Incapacidad temporal
Además, en los próximos meses se presentará un Proyecto de Ley de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, con la finalidad de dotar al sector de una autonomía de gestión, y regular con transparencia los debidos mecanismos de control.
La ministra ha expresado su voluntad de alcanzar el mayor acuerdo en esta materia, con el único objetivo de perfeccionar su régimen jurídico para garantizar una efectiva colaboración con la Seguridad Social y el más adecuado cumplimiento de sus competencias.
Se trata de cumplir con las recomendaciones del Pacto de Toledo de intensificar los mecanismos de control y seguimiento de las prestaciones por incapacidad temporal, con el objeto de que se destinen exclusivamente a la protección de trabajadores que no pueden desarrollar su actividad laboral por motivos de salud.
De esta forma, se mejorará el modelo de gestión de la incapacidad temporal mediante la adopción de medidas en el ámbito de la coordinación con los servicios públicos de salud a través de nuevos convenios con Comunidades Autónomas, que ya se están impulsando, así como en una mejora de la gestión interna.
Ampliación voluntaria de la vida laboral
Fátima Báñez ha destacado la actuación del Gobierno para hacer frente al reto del aumento de la esperanza de vida de la población, que ha descrito como un éxito para los ciudadanos, no exento de desafíos para la sociedad.
Precisamente, la ministra ha anunciado para los próximos meses la presentación de una nueva regulación de la compatibilidad entre salario y pensión, en línea con las orientaciones comunitarias, para dotar de mayor homogeneidad el tratamiento que a esta cuestión se da en las distintas prestaciones del sistema.
En este sentido, ha mostrado su confianza en que el impulso a la prolongación de la vida laboral, los incentivos a la continuidad en la actividad y mayores dosis de permeabilidad en el rígido esquema actividad/jubilación, responderá mejor a las nuevas realidades familiares, económicas y sociales de España.
“Tenemos que ser capaces de crear economías de experiencia, y no economías a costa de la experiencia, que no se sostienen en un país como España”, ha remarcado Fátima Báñez.
