A finales de enero, el Ministerio de Justicia publicaba el texto del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) en su portal web. De esta forma, se iniciaba el trámite de audiencia e información pública para incorporar en el texto las aportaciones que se formulen por la ciudadanía. Además de la intención del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a la hora de abrir un debate público para introducir mejoras, este anteproyecto supone adaptar la normativa española a las exigencias de la Fiscalía europea.
Tras el anuncio, surgían las primeras reflexiones sobre una serie de puntos que han generado cierta controversia entre los profesionales del sector y se iniciaba así un debate social con criterios dispares acerca de los cambios que implica la nueva normativa. Entre otros temas que han generado discrepancias, señalar que la nueva LECrim otorga al fiscal un destacado papel, tanto como instructor como porque también controlará la información sobre los procesos penales en fase de instrucción para limitarla a "lo esencial desde el punto de vista del interés informativo" y evitar así un "grave atentado" a la presunción de inocencia.
Jornada virtual LECrim
Para analizar y aportar una valoración profesional sobre estos puntos de controversia que han surgido tras el anuncio de los cambios en la nueva LECrim, Lefebvre, en colaboración con Acountax, reunirá a destacados expertos en el sector en una jornada virtual que tendrá lugar el próximo 17 de marzo. Su visión y análisis profesional proporcionará una perspectiva imprescindible sobre la nueva normativa y las cuestiones que han generado debate y opiniones encontradas a raíz de algunas novedades como el protagonismo del Ministerio Fiscal, la atribución de la competencia para su control y homologación al Juez de la Conformidad, o la supresión de las funciones ejecutivas posteriores a la sentencia firme.
En la jornada que se desarrollará en formato virtual, intervendrán Fernando Molina Fernández, catedrático de Derecho penal y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid; Juan Antonio Frago Amada, fiscal de Delitos Económicos, Ministerio de Justicia; y Antonio del Moral García, magistrado del Tribunal Supremo. También ofrecerán su análisis y opinión Manuel Lamela, presidente y socio director de Acountax; Pablo Molina, socio en el área Penal de Acountax, y Juan Pujol, presidente de Lefebvre.
Entre los temas a tratar se encuentran la fase de instrucción, la nueva fase intermedia y la acreditación de indicios sobre delito y autoría. Además, los expertos darán una adecuada aproximación sobre el nuevo procedimiento penal, aportando su análisis sobre la responsabilidad del Ministerio Fiscal como investigador y conductor de la fase de instrucción y su relación con la Policía Judicial. También, se ofrecerá una visión profesional y un exhaustivo análisis sobre la figura del Juez de Garantías y sus funciones.
El Juez de Garantías y la LECrim
Entre sus muchas novedades, el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal establece un procedimiento en la investigación, o instrucción, de nueva naturaleza. La Jurisdicción pasa a un segundo plano y es el Ministerio Fiscal quien dirige la investigación con el consiguiente cambio en su Estatuto Profesional. La denuncia o noticia criminal se dirige al Ministerio Fiscal, su destinatario como responsable de cualquier investigación, sin perjuicio de la capacidad de decisión del Juez de Garantías de controlar determinadas decisiones críticas del Ministerio Fiscal y de tener la última palabra sobre la arbitrariedad que pueda concurrir en la decisión de este de incoar o no una investigación sobre un asunto concreto.
El anteproyecto, además, crea para la fase de investigación un sistema de control jurisdiccional a través del Juez de garantías, para la adopción de medidas cautelares (de orden personal o económico) y para autorizar, a solicitud de las partes, aquellas diligencias de investigación que afecten a derechos fundamentales (registros, comunicaciones, perfiles genéticos etc).
Igualmente, el anteproyecto resalta la importancia de que el Juez de Garantías no participe en la investigación, prohibiendo expresamente su relación con la policía y reservando a este juez el reconocimiento del carácter de perjudicado a las víctimas de un hecho delictivo.
Finalmente, reserva también el anteproyecto al Juez de Garantías el control sobre la creación, cuando sea necesario, de prueba anticipada.
Cabe mencionar que en el borrador del anteproyecto de ley aparece la nueva configuración de la acusación popular, en la que dejan de ejercerla las personas jurídicas públicas, los partidos políticos y los sindicatos. También, se crea una segunda forma de detención preventiva "más leve", con una duración máxima de 24 horas frente las 72 actuales, con objeto de facilitar las actuaciones procesales que requieran la presencia del arrestado. Entre las novedades, cabe subrayar que se crea una comisión nacional de seguimiento de la prisión provisional y se contempla un cese automático de los cargos públicos investigados por delitos de rebelión y terrorismo. En cuanto a diputados y senadores, solo será necesario tramitar el suplicatorio "si se solicita al juez una concreta actividad cautelar o si efectivamente se ejercita la acción penal".
Para más información o reserva de entradas, accede a la página web de la Jornada LECrim de Lefebvre.
