Límites del ejercicio responsable de la patria potestad: ¿es susceptible de reproche jurídico la forma de actuar de los toreadores lidiando con sus hijos pequeños en brazos?

Vaya por delante en la contestación a la controvertida cuestión que quien c...

Vaya por delante en la contestación a la controvertida cuestión que quien contesta lo hace desde un ámbito estrictamente jurídico, a fin de no confundirlo con otros análisis a que pudiera dar lugar y que, de hecho, así ha venido a suceder en los diferentes medios de comunicación bien dirigidos, en cierta medida, a cuestionar la legalidad/ilegalidad de las corridas de toros, en el bien entendido sentido de que quien suscribe no es aficionado al mundo taurino, pero, sin embargo, sí que es fiel defensor de las tradiciones patrias, entre las que se encuentran, sin lugar a duda, la “Fiesta Nacional”. Por tanto, no es un debate taurinos-antitaurinos el que nos ocupa, sino, simplemente, de dar respuesta a un concreto y determinado comportamiento en el ámbito de las relaciones paternofiliales.

Así las cosas, la comentada fotografía de personaje de notoria fama en el mundo del toreo enfrentándose a una vaquilla con su hija menor en brazos, aun  a riesgo de pecar de cierta exageración, podría perfectamente ser traslada a otros ámbitos profesionales de cierto riesgo, como podrían ser los casos de trapecistas, conductores de fórmula uno, acróbatas, domadores de fieras, etc. en el sentido de que en sus comentarios en cada uno de estos diestros profesionales, les parecería un alto riesgo desarrollarla en compañía de menores, pero, descartando, a buen seguro, cuando esa actuación fuera la por ellos ejercida, en atención a considerarse lo suficientemente preparados como para poder controlar y afrontar sin riesgo el episodio en el que se persigue, tan solo, plasmar fotográficamente un recuerdo de infancia de su/s menor/es hijo/as.

Ahora bien, en su análisis jurídico la perspectiva difiere sustancialmente de lo dicho ya que, de partida, como regla general, se ha de estar a que los hijos no emancipados, ex arts. 154 y ss CC (EDL 1889/1), quedan bajo la patria potestad de los padres, en el bien entendido sentido de que ésta debe ser considerada como conjunto de derechos que por ley se confiere a los padres sobre las personas (y bienes) de los hijos no emancipados, constituyendo a la par un conjunto de deberes que, como inherentes a la patria potestad, deben asumir y cumplir los padres respecto de los hijos, de ahí  en la comentada norma sustantiva, modificada por Ley 54/2007, de 28 de diciembre (EDL 2007/222582), se diga que “la patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a su integridad física y psicológica”, lo que significa, según una más que reiterada doctrina jurisprudencial, que la patria potestad se configure como una función al servicio del hijo, dirigida a prestarle la asistencia de todo orden a que se refiere el art. 39.3 CE (EDL 1978/3879), lo que supone que toda actuación que se lleve a cabo y que afecte al/los menor/es debe adoptarse atendiendo primordialmente al interés superior de los mismos, según proclama la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 (EDL 1989/16179), en cuyo beneficio está orientada la institución de la patria potestad; por tanto, este “derecho-deber” o también llamado “derecho-función” tiene que ser  entendido correctamente por todo progenitor, sin excederse de sus límites, sin que el hecho de la filiación suponga pretender ejercer sobre los menores un derecho patrimonial sobre su persona. Nada más lejos de la realidad. La patria potestad debe ejercitarse, en todo momento, evitando someter a los menores no emancipados a riesgos o perjuicios innecesarios, de ahí que, en mi opinión, aunque se trata de un hecho aislado y que no merece mayores comentarios, salvedad de su reiteración, sí que debe ser reprochable jurídicamente, cuanto menos con una advertencia de lo que no se debe hacer y, sobre todo, de que el tener hijos  no significa poder hacer con ellos lo que caprichosamente se nos ocurra  posibilitando una situación de peligro, aunque pueda calificarlo su autor de  escasa entidad y controlable, ya que las desgracias ocurren y hay que evitarlas en todo momento si queda a nuestro alcance.

En la evolución histórica de la patria potestad, se llega en la actualidad a considerarla como un función social en la que junto a unos poderes se imponen una serie de deberes y obligaciones a los progenitores, quedando excluida cualquier errónea interpretación de conceptuarla como un derecho subjetivo de libre ejercicio, sino que es de orden público y, por ende, posibilita el que la autoridad judicial pueda intervenir en determinados casos con la finalidad de salvaguardar el interés de los hijos. 

El preámbulo de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio de modific...

El preámbulo de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (EDL 2015/125943), recuerda que “el artículo 39 de la Constitución establece  la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, en especial de los menores de edad, de conformidad con los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”. Esta ley ha introducido modificaciones en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor (EDL 1996/13744), modificaciones necesarias ya que como se indica en el preámbulo de aquella “transcurridos casi veinte años desde la aprobación de la citada norma, se han producido importantes cambios sociales que inciden en la situación de los menores y que demandan una mejora de sus instrumentos de protección jurídica en aras del cumplimiento efectivo del citado artículo 39 de la Constitución”. La LO 1/96 en su art. 12 (EDL 1996/13744), recoge cuales deben ser las actuaciones de protección de los podres públicos ante situaciones de desprotección del menor. Señala este precepto que “la protección de los menores por los poderes públicos se realizará mediante la prevención, detección y reparación de situaciones de riesgo, con el establecimiento de los servicios y recursos adecuados para tal fin, el ejercicio de la guarda y, en los casos de declaración de desamparo, la asunción de la tutela por ministerio de la ley”.  

Por su parte, el art. 154 CC (EDL 1889/1), redactado por el apartado ocho del artículo segundo de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (EDL 2015/130118) dispone que “Los hijos no emancipados están bajo la patria potestad de los progenitores” añadiendo en su párrafo segundo que “la patria potestad, como responsabilidad parental, se ejercerá siempre en interés de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a sus derechos, su integridad física y mental” regulando el art. 158 del mismo texto legal la obligación del Juez de dictar las disposiciones que considere oportunas para apartar al menor de un peligro o evitarle perjuicios en su entorno familiar.  

Aplicados estos preceptos a la cuestión que se nos plantea tendría que valorarse si la actuación del torero al dar unos pases a una vaquilla teniendo en brazos a su hija menor supone una situación de peligro para esta, si este progenitor no ejerce adecuadamente la patria potestad, menoscabando la integridad física de la menor,  y si esta actuación puede ser objeto de reproche jurídico que motive la adopción de una medida de protección respecto a la menor.

En más de una ocasión presenciamos la participación de menores de edad, con la autorización de sus padres, en actividades que para muchos puede parecer que conllevan un riesgo para su integridad física o mental. Por ejemplo, menores que participan en pruebas deportivas que para ojos inexpertos o no acostumbrados pueden parecer peligrosas, me vienen a la mente pruebas de esquí de competición, motos de cros o acrobáticas, carreras de cars, saltos de trampolín, etc... Menores a los que sus padres les fomentan actividades deportivas que suponen muchas horas de entrenamiento  y requieren un extraordinario esfuerzo físico, y que a veces les supone ser apartados de la familia al estar en centros de alto rendimiento deportivo, esfuerzos difícilmente soportables incluso para personas mayores de edad. Vemos también padres que acompañan y presentan a sus hijas o hijos a concursos de belleza a cortísima edad,  o les presentan a pruebas para anuncios o para formar parte de espectáculos o programas que suponen largas horas de espera o mucha dedicación que son difíciles compaginar con los estudios. Vemos también a menores participando en espectáculos tradicionales, como por ejemplo Castellers o espectáculos taurinos donde claramente se pone en peligro la integridad física de los menores. Estas actividades están comúnmente aceptadas y no se les hace reparo alguno.

El hecho de ver a un torero con su hija de corta edad en los brazos delante de una vaquilla puede llamar la atención y un profano al mundo taurino puede creer que este padre ha puesto a su hija frente a una situación de peligro. Sin embargo, este hecho no debe verse aislado de la persona concreta que lo protagoniza y de las circunstancias concretas que rodean al hecho, como ninguno de los casos que he expuesto anteriormente. No es tolerable que un padre someta a su hijo menor a una situación de riesgo pero estamos hablando de un torero con una larguísima experiencia en los ruedos y de familia con tradición taurina. No es lo mismo que este hecho hubiera sido protagonizado por una persona que no tiene esta profesión y dedicación y que se enfrenta por primera vez a una vaquilla con su hija en brazos. No sería lo mismo tampoco si en vez de una vaquilla se hubiera enfrentado a un toro de más de quinientos kilos. Estamos ante un torero experto, que se enfrente a un animal pequeño, con su hija en el brazo contrario al toro y que en el otro sostiene el “engaño”. Una persona que por su experiencia puede valorar perfectamente si esta actuación supone algún riesgo para su hija y que tiene aptitudes suficientes para abordarla sin causar menoscabo alguno a la integridad física de la menor. 

Si bien los preceptos citados tratan de evitar se someta a los menores a situaciones de riesgo, este riesgo no puede entenderse como un riesgo en abstracto. Debe ser una situación de riesgo concreta, y por tanto se debe medir con las circunstancias del caso. En el caso que se nos somete a debate, y como he expuesto anteriormente, no puede decirse que la menor fuera objeto de una situación de riesgo concreto por las circunstancias concretas concurrentes y por lo tanto esta forma de actuar no puede ser objeto de ningún reproche jurídico.

La respuesta es obvia: ciertamente considero susceptible de reproche jurídic...

La respuesta es obvia: ciertamente considero susceptible de reproche jurídico esta forma de actuar de cualquier persona, torero profesional, o no profesional, etc. que con el hijo menor, sea cual fuere la edad de los mismos, pero, en especial, en los supuestos en los que dichos hijos tienen muy corta edad, realice cualquier actividad de riesgo para dicho menor.

Se expone el caso de una persona que torea una res brava, de modo que no es justificación para obviar tal reproche jurídico el hecho de que el animal no resultó ser un novillo o un toro, sino un animal de muy corta edad.

Es evidente y palmario que aquella persona que lidia o se pone frente a dicha res, portando en sus brazos a un menor, pone a este último en un grave riesgo que pudiera afectar a su vida o su integridad física.

El riesgo se valora no tanto por la pericia de la persona que torea, cuanto de circunstancias imprevisibles para el torero, como es una caída, un resbalón, un atropello de la res a la persona mayor, a la sazón, el padre o la madre que de esta guisa se coloca delante del animal, que pudiera determinar una situación en absoluto controlada por dicha persona, dejando al albur de la suerte el destino de la vida o de la integridad física del menor.

Debe hacerse notar, y yo personalmente lo refiero como buen aficionado a la fiesta nacional, que la persona que delante de un animal bravo porta a un menor en sus brazos tiene disminuidas sus facultades físicas para hacer frente a cualquier imprevisto que puede surgir durante la lidia.

Por esta razón, igualmente reprochable resulta la actitud de un padre, que creo que fue sancionada, por recorrer un encierro de reses bravas llevando de su mano a un hijo de corta edad, aunque este último se movía y corría, de la mano del padre, por su propio pie.

Cuando los progenitores realizan una actividad , de ocio, de deporte, o cualquier otra que por sí supongan de modo evidente un riesgo, no solamente para los mismos sino también para sus hijos menores, deben apartar a estos últimos, siempre y en todo momento, de someter a dichos hijos a tales riesgos, sea cual fuere el origen de los mismos, lo que será evaluado en cada caso (deportes de riesgo, transporte de los menores sin adoptar las oportunas y necesarias medidas de seguridad de dichos hijos, en vehículos, motocicletas, ciclomotores, bicicletas, etc. conducción de vehículos por parte de los padres bajo la influencia de alcohol, sustancias estupefacientes, etc.).

En consecuencia, no es necesario hacer referencia a la normativa nacional e internacional en la que se especifica los deberes que se derivan de la función de la patria potestad, de manera que no refiriéndonos en el presente caso a conductas omisivas de los progenitores que suponga un deficiente ejercicio de la patria potestad, y centrándonos en la cuestión que se nos ha planteado, consideró que resulta ajustado a derecho el reproche jurídico, a canalizar por vía judicial llegado el caso, dirigido a quien observa tan gratuita e imprudente conducta.

Por lo anterior, aun aceptando que en principio es suficiente el apercibimiento dirigido a quien así actúa, por vía de la Fiscalía de Menores, concluyó que si se hace caso omiso ha dicho apercibimiento, y se repiten tales conductas, los progenitores que incidan en tales comportamientos deberán asumir las consecuencias que se pueden deducir, en el cauce procesal, judicial, oportuno, en relación a medidas relativas a la suspensión, restricción o, llegado el caso, privación de la patria potestad.

Añado que, en el presente caso, aún me parece más reprobable la respuesta y las manifestaciones, a posteriori, realizadas por el progenitor, conocido, que no importante torero, a los medios de comunicación, lo cual denota claramente la desidia por parte de aquel de efectuar una sincera reflexión al respecto y, en consecuencia,  la negativa a declarar públicamente el arrepentimiento por su improcedente e imprudente conducta, lo cual indicó a los fines de sugerir el seguimiento de la actitud y el comportamiento de futuro de dicho progenitor para con su hijo/a menor.