El Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Inmuebles contará desde el mes de marzo con un órgano centralizado (OCP) con el que se pretende estrechar el cerco al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la compraventa de inmuebles y la constitución de sociedades, fundamentalmente.
La creación de este órgano se hará efectiva en un plazo de cuatro meses desde la publicación este lunes de la preceptiva Orden Ministerial del Ministerio de Economía, es decir, a mediados del próximo mes de marzo.
La posibilidad de habilitar este órgano se recoge en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales de 2010, por la que los registradores pasaron a ser sujetos obligados en la materia, a los que se exige desde entonces el desarrollo de labores preventivas.
Con anterioridad, los notarios también pasaron a ser sujetos obligados en 2005 y cuenta ya con su propio órgano centralizado. No obstante, fuentes del Ministerio de Economía apuntan que desde los registradores ya contaban a nivel interno y de forma alegal con una organización que centralizaba las labores de prevención de blanqueo.
Ahora, aprobados los reglamentos de la Ley, esta Orden Ministerial viene a dar forma legal a esa organización, a reforzar su papel y a añadir nuevas competencias. Desde Economía no precisan si ello supondrá un incremento de plantilla por parte de los Registradores --el colegio es el encargado de la financiación del nuevo órgano--, aunque creen que serían necesario.
¿Cómo funcionará el OCP de los registradores?
El OCP se encargará de realizar análisis de riesgo para poner el foco en determinadas operaciones dependiendo de los intervinientes, las áreas geográficas en las que se localizan y los tipos de actos de que se trate.
Asimismo, elaborará un manual de procedimientos en materia de prevención de blanqueo para que los registradores puedan cumplir con este cometido.
En la práctica, cuando un registrador se tope con una operación sospechosa habrá de comunicarla el OCP, que mantendrá durante un plazo de 10 años un registro pormenorizado de todas las operaciones que hayan sido objeto de examen especial.
A continuación, el OCP lleva a cabo un análisis en profundidad con la ventaja de disponer otras comunicaciones de notarios con las que poner en relación. Esto permitirá, según Economía, contar con información más completa.
De hecho, el OCP también contará en sus bases de datos con el resto de operaciones no comunicadas inicialmente por los registradores para completar sus pesquisas.
Una vez completado el análisis, el OCP remitirá, si cree que hay indicios suficientes, las operaciones sospechosas a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Seplac) para que lleve a cabo la investigación.
Dentro de este trámite, el OCP podrá detectar si existe algún tipo de negligencia por parte de los registradores, ya que en segunda ronda puede detectar operaciones sospechosas. Ello podría conllevar sanciones, desde leves a muy graves, sobre los registradores.
Y es que otra de las funciones del OCP será la organización de acciones formativas dirigidas a los registradores y a su personal, enfocadas al conocimiento de sus obligaciones, así como de los procedimientos internos puestos en marcha para cumplirlas.
Grandes expectativas
Las mismas fuentes del ministerio que dirige Luis de Guindos creen que este nuevo paso en la prevención del blanqueo va a tener un impacto muy positivo, como lo ha tenido, aseguran, el OCP de los notarios. Además, no descartan crear un órgano similar en el caso de los abogados.
Según los datos del Sepblac, los reportes de operaciones sospechosas recibidas de los registradores pasaron de 160 en 2013 a 147 en 2014. No obstante, desde Economía precisan que este descenso no tiene por qué deberse a una peor calidad del servicio, sino que puede estar relacionada, por ejemplo, con una descenso de las operaciones registradas.
En el caso de los notarios, estos reportes también descendieron de 297 en 2013 a 288 en 2014, mientras que las comunicaciones por parte de entidades no financieras se mantuvieron prácticamente estables desde las 670 a las 672, respectivamente. Finalmente, los notarios trasladaron 19 reportes al Sepblac en 2013 y 41 al año siguiente.
