En una nota informativa, recogida por Europa Press, Justicia ha explicado que este Plan es de "aplicación exclusiva a las actuaciones que lleve a cabo el Ministerio" para ejecutar los fondos dentro de sus obligaciones establecidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Según ha precisado el equipo de Llop, la aprobación de dicho plan responde a la obligación de los Estados miembros de velar por una utilización de los fondos que garantice que han sido utilizados de conformidad con las normas comunitarias y nacionales, en particular en lo referente a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
Con este plan, Justicia ha asumido una "declaración institucional contra el fraude", en la que "se compromete expresamente con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, con la adhesión a los más estrictos principios de integridad, objetividad y honestidad", de forma que su actividad en la gestión del plan de recuperación sea percibido como totalmente opuesto al fraude y la corrupción en cualquiera de sus formas.
En este sentido, el Ministerio ha subrayado que se ha puesto en marcha una "política de tolerancia cero frente al fraude y la corrupción", estableciendo un "sistema de control robusto", diseñado de forma especial para prevenir y detectar los actos de fraude y corregir su impacto, en el caso de que se produjeran.
Plan de medidas antifraude: Cuatro áreas de actuación
En el marco de la nota, Justicia ha asegurado que el plan de medidas antifraude contempla una serie de actuaciones "eficaces y proporcionadas", basadas en un planteamiento proactivo, estructurado y específico para gestionar el riesgo de fraude. De esa forma, ha insistido, se dará "garantía" de que el gasto en que se ha incurrido en las está "libre de conflicto de interés, fraude y corrupción".
El departamento dirigido por Llop ha indicado que además de esta evaluación del riesgo de fraude, el Ministerio cuenta con procedimientos adicionales para prevenir, detectar y denunciar situaciones que pudieran constituir fraude y corrupción, así como para su seguimiento.
Según ha detallado Justicia, el plan se estructura en torno a cuatro áreas que constituyen el ciclo de lucha contra el fraude: prevención, detección, corrección y persecución. Así, ha señalado que el enfoque tiene en cuenta el riesgo de fraude en todo su conjunto, tanto en la dimensión operativa --que incluye aspectos como la eficacia y eficiencia de la organización-- como en términos de integridad --veracidad de la información, 'public compliance', prevención del fraude y la corrupción--.
