Mercè Caso: "Junto a la innovación tecnológica debe abordarse un cambio en el modelo organizativo en la administración de Justicia
Entrevista
1.- Hola Mercè, está claro que la presente crisis está cambiando muchas cosas. En este sentido ¿cómo está afectando la pandemia del COVID-19 a la actividad judicial y en qué medida cree que puede afectar al avance de la digitalización de la Justicia en el ámbito tecnológico a la Administración de la Justicia a nivel nacional?
Con la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020, la administración de justicia se enfrentó a una situación inédita: la paralización de toda su actividad y la necesidad de mantener las actuaciones esenciales en condiciones sanitarias muy exigentes. Se puso en evidencia, cuando menos en Cataluña, la coexistencia de dos realidades absolutamente distintas: aquellas jurisdicciones en las que se había trabajado con el sistema de gestión e.justicia-cat, podían ser gestionando los expedientes en la medida que se facilitaran dispositivos o acceso remoto a los funcionarios. Estoy hablando de las jurisdicciones civil, social, mercantil y contencioso administrativa. Frente a ellos, la jurisdicción penal seguía anclada al expediente en papel imponiendo un trabajo presencial. Por otra parte, y una vez reanudada la actividad jurisdiccional, la necesidad de impulsar actuaciones judiciales a través de videoconferencias ha aportado grandes ventajas pero también ha mostrado déficits que pueden incidir en las garantías del proceso.
2.- ¿Y a nivel de Cataluña, y en tanto que miembro de la Subcomisión Mixta de Informática entre el Departamento de Justicia y el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña, cómo cree que están repercutiendo esos factores en los planes previstos por el Departament de Justícia de la Generalitat para la transformación digital?
De entrada mediante la provisión de dispositivos portátiles para una proporción muy relevante de funcionarios/as y al mismo tiempo, implementando la “oficina virtual” para permitir el acceso remoto desde dispositivos propios a otro importante grupo de las oficinas judiciales. Por otra parte, y así lo ha hecho saber la Sala de gobierno, es ya una prioridad la construcción del sistema de gestión e.justicia-cat penal. Por tanto la pandemia puede ofrecer una oportunidad para avanzar en el desarrollo tecnológico de toda la administración de Justicia.
3.- ¿Cree que nuestro actual modelo de administración y gobernanza de Justicia a nivel nacional, se encuentra preparado para afrontar todos los retos que ha traído consigo el confinamiento (suspensión de vistas, reprogramación de agendas, uso de la teleconferencia...)?
Que no estuviéramos preparados no significa que no hayamos sido capaces de reaccionar y dar una respuesta a todas las situaciones que exigían una respuesta inmediata. El problema es que, junto a la innovación tecnológica, absolutamente imprescindible, debe abordarse un cambio en el modelo organizativo en la administración de Justicia. Aunque dispongamos de los mejores sistemas para llevar a cabo una vista con múltiples intervinientes en remoto, aunque podamos valorar prueba electrónica, mal preservaremos el derecho a la tutela judicial efectiva si esta vista se celebra tres años después de la presentación de la demanda.
4.- La concesión de los fondos europeos de recuperación de la Next Generation European Union (NGEU) está aprobada y su reparto se espera inminente. ¿Cree que esta inyección económica servirá para acelerar la añorada transformación tecnológica de la Justicia que ya viene contemplada en la hoja de ruta marcada por el Plan de Justicia 2.030 y el de España Digital 2.020-2.025?
Estoy convencida. El cambio necesita dinero y ahora tenemos una posibilidad real de invertir, con eficacia y transparencia en la modernización digital de la justicia.
5.- ¿Cuáles considera que deben ser las prioridades a acometer en el destino de dichos fondos?
En Cataluña, en el desarrollo del sistema de gestión e.justcia-cat penal. Pero también debe mejorarse el expediente electrónico donde siguen existiendo huecos o momentos en el que se pasa a papel. Por otra parte, el sistema debe permitir una navegación fácil y sencilla por los datos, con una indexación eficiente y un sistema de búsqueda sencillo. No olvidemos que los jueces y juezas somos expertos en derecho, no técnicos en informática. Y no estamos hablando de dotar de habilidades tecnológicas a los tribunales sino de garantizar las garantías del proceso. Si para resolver un recurso de apelación contra un auto de prisión se remiten al tribunal 40 horas de grabación (declaraciones, escuchas, actuaciones policiales), estamos poniendo en riesgo nuestro sistema de garantías. Asimismo, debe mejorarse la interoperatibilidad entre los distintos sistemas que operan en nuestro país. También, la conexión del ciudadano con la Administración de Justicia debe permitir una consulta sencilla evitando desplazamientos que implican un coste temporal para el particular e inversión de medios personales por parte de la administración, pero sin olvidar nunca a todas aquellas personas que por su vulnerabilidad exijan un sistema de acceso distinto adecuado a su situación. Nadie puede quedarse atrás.
6.- ¿Cómo hemos de encauzar la transformación digital para lograr una justicia verdadera y eficazmente orientada al ciudadano?
Me remito a la respuesta anterior
7.- Y, para terminar, pensando en nuestro público objetivo formado por profesionales del mundo del Derecho, quisiéramos saber su parecer sobre si la aplicación de los fondos europeos que se asignen a la transformación digital de la Justicia repercutirá o no también en los abogados y resto de operadores jurídicos (procuradores, asesores, graduados sociales, gestores administrativos,…) a la hora de facilitarles su labor.
Por supuesto, la gestión del cambio afectará a todas las personas que trabajamos en el ámbito de la justicia. No podemos olvidar tampoco la necesidad de preservar nuestras comunicaciones seguras. No todos los sistemas de acceso pueden ser adecuados. Trabajamos con datos sensibles y pesa sobre todos nosotros el deber de reserva. Por otra parte, cualquier cambio tecnológico que exija una inversión a los/las profesionales, no debe olvidarse que el principio de igualdad exige igualdad de armas. Por ello la gestión de los fondos deberá tener en consideración de forma singular a la justicia gratuita.