la norma introduce reformas para dotar de más recursos, derechos y oportunidades al personal investigador y lograr una carrera profesional pública más estable en el ámbito de la I+D+I.
Esta reforma, que ahora inicia su trámite parlamentario como proyecto de ley, está orientada a cumplir tres demandas: dignificar las condiciones de trabajo de los investigadores, reducir los trámites burocráticos de la gestión de la I+D+I y garantizar una financiación pública creciente y estable en I+D+I, alineada con los objetivos de la Unión Europea. Para ello, la reforma incluye que la financiación pública en I+D+I, de conformidad con el Pacto de la Ciencia y la Innovación, aumente regularmente con el objetivo de alcanzar el 1,25% del PIB en 2030.
Ley de ciencia y atracción de talento
La norma introduce reformas en la carrera científica, dirigidas a reducir la precariedad, dar estabilidad a los investigadores y atraer talento. Una de estas reformas es la introducción de una nueva modalidad de contrato indefinido vinculada al desarrollo de actividades científico-técnicas para todo tipo de personal de investigación en el marco de líneas de investigación definidas. Este nuevo contrato indefinido, que está alineado con la reforma laboral y recoge las singularidades del sistema, no está sujeto a los límites de la oferta de empleo público ni a las tasas de reposición.
Asimismo, se establece un nuevo itinerario posdoctoral que busca reducir la edad de entrada al sistema y facilitar la incorporación estable al mismo. En concreto, la norma diseña un nuevo contrato de hasta seis años, con una evaluación intermedia que conlleva promoción y una evaluación final, que permite obtener el nuevo certificado R3. Este certificado facilitará consolidar una plaza permanente porque se exime de parte de las pruebas de acceso y porque se reserva un mínimo del 25% en las plazas en los organismos públicos de investigación y del 15% en universidades.
La reforma de ley también dota de nuevos derechos laborales a los investigadores e investigadoras de nuestro país, como una indemnización por finalización de los contratos predoctorales y postdoctorales.
En esta línea, la norma busca definir una carrera más segura para todos los colectivos del sistema de I+D+I y recoge una batería de medidas para estimular la atracción y movilidad de talento. Entre ellas, los quinquenios del personal de investigación de los OPIS evaluarán y reconocerán por primera vez todos los méritos de investigación realizados anteriormente en el sector público y en cualquier universidad, tanto en España como en el extranjero. Hasta este momento, los quinquenios solo reconocían la experiencia en los OPIS de nuestro país.
Además, el personal investigador sanitario es reconocido en la reforma de ley como personal investigador del Sistema de Ciencia y se mandata a las comunidades autónomas para que incorporen categorías específicas de investigadores en las plantillas estables de los hospitales públicos. Asimismo, se mandata a las administraciones públicas para que incorporen de forma estable investigadores al sistema nacional de salud con categorías específicas y también se mandata para que el personal laboral e investigador pueda tener una carrera profesional en función de sus méritos.
Ley de ciencia y nuevos derechos
Por otra parte, el personal técnico adquiere nuevos derechos, como la posibilidad de movilidad profesional, de estancias formativas temporales o de colaboración en empresas tecnológicas. La norma también reconoce y retribuye por primera vez la figura de tecnólogo o tecnóloga en el Sistema Público de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Otro de los ejes del anteproyecto de ley está orientado a reducir las cargas administrativas del sector de I+D+I. Por ejemplo, en materia de subvenciones públicas, la norma introduce medidas para facilitar tanto el procedimiento de concesión de ayudas como el de justificación por parte de los beneficiarios. En concreto, la justificación de subvenciones se realizará en forma de cuenta simplificada y la comprobación será por muestreo, sin que resulte precisa la verificación de la totalidad de ayudas concedidas. Las administraciones públicas podrán conceder directamente subvenciones a proyectos ya evaluados positivamente por otros agentes públicos del sistema. Además, se facilita el pago de cuotas de participación en proyectos y organismos internacionales.
La norma también está orientada a reforzar la transferencia de conocimiento, una de las carencias del sistema de I+D+I español, creando nuevos mecanismos. Uno de ellos es el reconocimiento del sexenio de transferencia para incentivar el traslado directo del conocimiento y la innovación generados en el sector público a las empresas y a la sociedad.
Otros mecanismos que regula la ley son la compra pública de innovación y el permiso a las administraciones públicas de invertir en sociedades mercantiles, como hacen los países más avanzados, donde el sector público es un agente emprendedor que invierte y estimula la inversión privada en I+D+I.
La norma también busca resolver las principales desigualdades de género que persisten en el ámbito de la I+D+I. Para ello, dará por primera vez seguridad jurídica a la igualdad de género en el Sistema de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, asegurando un abordaje dual, donde la perspectiva de género sea eje transversal de los instrumentos de planificación de los agentes públicos en ciencia, tecnología e innovación a la vez que se implementan acciones específicas.
Así, los agentes públicos deberán disponer y evaluar anualmente un plan de igualdad de género y de contar también con protocolos frente al acoso sexual y por razón de género u orientación sexual. También se prevé la creación de un distintivo de igualdad de género en I+D+I para los centros que acrediten alcanzar criterios de excelencia en este ámbito, la necesidad de implementar medidas para eliminar los sesgos de género e integrar la dimensión de género en los proyectos de I+D+I. En este sentido, se garantizará la igualdad en los procesos de selección y evaluación para quienes concilian. Además, se reconoce el papel fundamental de la divulgación científica y la educación para impulsar el cambio sociocultural y fomentar la corresponsabilidad.
La reforma de ley también contempla la creación de la Agencia Espacial Española, con un componente dedicado a la seguridad nacional, para dirigir el esfuerzo en materia espacial, coordinar de forma eficiente los distintos organismos nacionales con responsabilidades en el sector espacial y unificar la colaboración y coordinación internacional.
