En ella se insta al Gobierno a modificar el cómputo del plazo de la prescripción en los delitos de abuso o agresión sexual a menores, estableciendo que en este tipo de delitos, los plazos de prescripción se computarán desde el día en el que la víctima haya cumplido los treinta años de edad.
Le emplaza también a impulsar acciones ante todas las organizaciones, públicas y privadas, a fin y efecto de que actúen de forma activa para prevenir los casos de abuso o agresión sexual a menores y eviten su encubrimiento; a incorporar en los próximos presupuestos una partida presupuestaria para atender a las personas que han padecido casos de abuso o agresión sexual siendo menores de edad, respetando, en todo caso, las competencias de las Comunidades Autónomas.
Finalmente, el Congreso de los Diputados insta al Ejecutivo a trabajar junto a las Comunidades Autónomas en programas de prevención y sensibilización de abuso y agresiones infantiles, con partidas presupuestarias específicas.
