FAMILIA

Posibilidad de atribuir el uso de una vivienda común que no sea la familiar

Foro Coordinador: Prieto Fernández-Layos

Planteamiento

En los procedimientos matrimoniales, la atribución de uso de la vivienda viene regulada en el art. 96 CC (EDL 1889/1), pero siempre en referencia a la familiar, es decir, a aquélla que ha constituido la sede principal de la vida conyugal. Por eso, la posibilidad de otorgar la facultad de usar en exclusiva otros inmuebles distintos de titularidad común, que nunca han ostentado esa naturaleza, ha sido siempre objeto de discrepancias doctrinales.

Múltiples son los casos en que se pretende ante los tribunales de justicia la atribución de uso de una casa ajena a la familiar; pero nos vamos a centrar aquí y ahora en un supuesto que se plantea con cierta frecuencia en la práctica del foro, cual es del cónyuge que solicitando la guarda y custodia de sus hijos menores de edad, u ostentando, en otro caso, el interés más necesitado de protección, no solicita sin embargo el uso de la vivienda familiar sino el de otra distinta de propiedad común en base a las justificaciones más dispares, generalmente relacionadas con determinados problemas que pesan sobre aquel inmueble.

En este supuesto, un sector de la doctrina considera que no puede atribuirse el uso de una casa que no ostentó nunca el carácter de familiar, y ello por el espíritu que dimana del art. 96 CC antes citado, cuya esencia radica en no vincular a la ruptura matrimonial otra vivienda que no sea la familiar, dejando intactos los derechos preexistentes en relación con los otros bienes inmuebles del matrimonio. Otro sector, sin embargo, opina que sí es dable la atribución de una residencia que no sea la familiar, en base a una interpretación extensa del art. 103 CC, e incluso acudiendo al art. 47 CE (EDL 1978/3879), en aras a una tutela judicial efectiva.

¿Puede atribuirse en los procedimientos matrimoniales al cónyuge guardador o poseedor del interés más necesitado de protección el uso de una vivienda de titularidad común que no sea la familiar?

Este foro ha sido publicado en la "Revista Derecho de Familia", el 1 de mayo de 2014.

Puntos de vista

José Javier Díez Nuñez

En relación con la importante medida definitiva a adoptar en los procesos ma...

Leer el detalle

Gema Espinosa Conde

Mi respuesta es negativa. No puede atribuirse en el procedimien...

Leer el detalle

Eladio Galán Cáceres

Si bien es cierto que el art. 96 CC (EDL 1889/1) sólo regula la atribución ...

Leer el detalle

Juan Pablo González del Pozo

La literalidad de los arts. 96 y 103 CC (EDL 1889/1) no permite, en los proce...

Leer el detalle

Juan Miguel Jiménez de Parga Gastón

En los procesos matrimoniales de nulidad, separación y divorcio, puede conte...

Leer el detalle

Vicente Magro Servet

No debe haber problema en que el juez de familia atribuya a la persona más n...

Leer el detalle

Antonio Javier Pérez Martín

El enunciado de la pregunta nos obliga a delimitar aquellos casos en que lo q...

Leer el detalle

Guillermo Sacristán Represa

Varios artículos del Código Civil -CC- (EDL 1889/1) y de la Ley de Enjuicia...

Leer el detalle

Luis Zarraluqui Sánchez-Eznarriaga

A mí me parece que la pregunta corresponde más a un desiderátum de ...

Leer el detalle

Resultado

Aprobado por MAYORÍA DE 7 VOTOS

La mayoría de nuestros colaboradores da un respuesta negativa a la cuestión planteada y estima que no puede atribuirse en el procedimiento matrimonial, fuera del acuerdo de los cónyuges, el uso de una vivienda que no constituya domicilio familiar ya que, en principio, de la literalidad del art. 91 CC (EDL 1889/1), se desprende que tan sólo se permite al juez, en defecto de acuerdo o de no aprobación del acuerdo presentado, atribuir el uso de la vivienda que tenga la consideración de "familiar".

Por otro lado, también se coincide en que, no obstante lo anterior, siempre en la adopción de medidas en los procesos matrimoniales, ha de estarse a la prevalente regla del interés superior del menor y, en su consecuencia, habrá de estarse al caso en concreto, por cuanto que el propio TS sienta como doctrina que el juez puede atribuir el uso de una vivienda que no sea la que se está ocupando en concepto de vivienda familiar cuando el inmueble que se está utilizando pertenezca a terceras personas en orden a proteger el interés del menor y ello siempre que la residencia que se atribuya sea adecuada para satisfacer las necesidades de los hijos.

Además, entre otros argumentos, se sostiene también que si el legislador hubiera querido ampliar el número de residencias cuyo uso pudiera adjudicarse en función de la custodia de los hijos menores en la redacción del precepto en cuestión hubiera utilizado el término "una vivienda" o bien "una vivienda familiar". Así, la utilización del artículo determinado "La" concreta su definición a aquella vivienda que reúne esta condición o no se puede prestar a equívocos sobre su carácter, más que en el supuesto poco frecuente de que exista más de un domicilio que corresponda a las circunstancias definitorias de la vivienda familiar.

Por otro lado, esta corriente también destaca que, si bien el art. 96 persigue garantizar la cobertura del interés más necesitado de protección en la atribución del uso de la vivienda familiar, el juez no puede, salvo norma expresa que lo autorice, por razones de seguridad jurídica, hacer atribución de otras viviendas, comunes o privativas de un cónyuge, distintas de la familiar pues tanto el art. 96 como el art. 103 CC hablan vivienda familiar y no de vivienda de la familia, desvinculando de este modo del pleito de familia cualquier vivienda que no tenga la condición de vivienda familiar; al margen de que las necesidades de habitación de los hijos o del cónyuge más necesitado de protección pueden encontrar adecuada cobertura a través de la pensión alimenticia o, en su caso, compensatoria en los supuestos en que sea imposible la atribución del uso de la vivienda familiar, por no existir, o concurrir el que riesgo de que la atribución del uso de la vivienda familiar resulte inútil por ser previsible el eventual desalojo forzoso del cónyuge o hijos a quienes se atribuya el derecho de uso de la misma.

En la posición disidente, sostenida por Don Eladio Galán y Don Vicente Magro, se sostiene por el contrario que no debe haber problema en que el juez de familia atribuya a la persona más necesitada de protección el uso de una vivienda que no sea estrictamente aquella en la que la pareja ha desarrollado su vida familiar ya que la interpretación que debe dársele al art. 96 CC y al art. 103 CC, que en su punto 2º señala que el Juez, a falta de acuerdo de ambos cónyuges aprobado judicialmente, adoptará, con audiencia de éstos, las medidas siguientes: "...2.- Determinar, teniendo en cuenta el interés familiar más necesitado de protección, cuál de los cónyuges ha de continuar en el uso de la vivienda familiar".

Además, esta posición entiende que si bien es cierto que el art. 96 CC sólo regula la atribución del uso de la vivienda familiar, habiendo de entenderse por tal la que ha venido constituyendo la sede de la vida conyugal en unión de los hijos, con anterioridad a la ruptura convivencial, no es menos cierto que el referido texto legal no impide, en modo alguno, que otros inmuebles de los que pudieran ser titulares los cónyuges puedan ser concedidos a uno u otro para su administración, y así lo prevé expresamente el art. 103.4, aún regulada tal administración con carácter provisional, si bien no se ve inconveniente alguno para prorrogar su vigencia en el procedimiento principal (art. 91), en tanto no se liquide el patrimonio común, y a expensas de lo que en tal momento se acuerde sobre el destino definitivo de dicho inmueble.