ADMINISTRATIVO

¿Pueden los jueces controlar directamente las tasas judiciales?

Tribuna

En recuerdo del buen juez D. Antonio Guerra Gimeno

I.- Vaya por delante la respuesta: creo que sí y en el presente trabajo trataré de argumentar a favor de la potestad de los Jueces de controlar directamente las tasas judiciales. En este empeño no recurriré a alambicadas teorías jurídicas, ni tampoco a ideas propias de una noche de verano. Simplemente convocaré para este fin a la propia doctrina constitucional, en especial la recaída a propósito del párrafo segundo del art. 35.7 de la Ley 53/2002, de medidas fiscales, administrativas y de orden social -EDL 2002/54614-, y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Está de más recordar aquí el peso que tienen estos elementos en la interpretación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE -EDL 1978/3879-).

II.- Es indudable que el acontecimiento jurídico que más ha afectado al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en los últimos tiempos ha sido la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses -EDL 2012/240441-, que posteriormente ha sido modificada parcialmente por el RDL 3/2013, de 22 febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita -EDL 2013/9947-. Las novedades que incorpora han supuesto un cambio sustancial respecto a la regulación precedente, fundamentalmente en lo relativo a la extensión de la tasa al orden jurisdiccional social, la desaparición de la exención subjetiva a favor de las personas físicas y la elevación significativa de las cuantías exigibles. Estas modificaciones han generado la reacción de la comunidad jurídica, muchos de cuyos operadores se han pronunciado activamente en contra de la reforma a través de huelgas, manifestaciones y otros modos de protesta. En el plano jurídico, han interpuesto recursos de inconstitucionalidad contra la norma el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (recursos n.º 1024/2013 y 3035/2013), el Gobierno de la Generalitat de Cataluña (recurso n.º 995/2013) -EDJ 2013/174340-, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso (recursos n.º 973/2013 y 3076/2013), el Gobierno de Canarias (recurso n.º 4972/2013) y la Diputación General de Aragón (recurso n.º 4948/2013) y han promovido cuestiones de inconstitucionalidad respecto de ella el Juzgado de lo Social n.º 1 de Tarragona (cuestión n.º 1628/2013) y la Sección 7ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (pendiente a la fecha de pronunciamiento de admisión por el Tribunal Constitucional). En definitiva, se ha planteado al Tribunal Constitucional, por diversas vías, que se pronuncie sobre la acomodación de la Ley 10/2012 (y su modificación por RDL 3/2013) al texto constitucional. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿es ésta, los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad, la única vía por la que puede cuestionarse la constitucionalidad de las tasas judiciales?

III.- Para dar respuesta a la cuestión planteada debe recordarse que el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse recientemente sobre la compatibilidad de las tasas judiciales introducidas por el art. 35 de la Ley 53/2002 -EDL 2002/54614- con la Constitución -EDL 1978/3879-. Así, el "leading case" de esta serie de pronunciamientos constitucionales viene constituido por la STC n.º 20/2012, de 16 febrero -EDJ 2012/25985-, que confirmó la constitucionalidad de la exigencia de las tasas judiciales prevista en dicha norma como requisito de acceso a la jurisdicción civil. La doctrina contenida en esta sentencia fue trasladada por el Tribunal Constitucional al orden contencioso-administrativo en la sentencia n.º 116/2012, de 4 junio -EDJ 2012/127445-. Y la misma postura favorable a la constitucionalidad de la norma ha sido expresada, en relación al derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos y al orden jurisdiccional civil, a partir de la sentencia n.º 103/2012, de 9 mayo -EDJ 2012/98372-.

La lectura que el legislador ha realizado de esta doctrina constitucional la encontramos en el epígrafe I del Preámbulo de la Ley 10/2012 -EDL 2012/240441-, en el que se afirma: "La reciente sentencia del Tribunal Constitucional no sólo ha venido a confirmar la constitucionalidad de las tasas, sino que además expresamente reconoce la viabilidad de un modelo en el que parte del coste de la Administración de Justicia sea soportado por quienes más se benefician de ella". Pero, ¿realmente ha sucedido así?, ¿el Tribunal Constitucional sólo ha afirmado la constitucionalidad de las tasas?

IV.- No. Efectivamente, el Tribunal Constitucional, que en un principio dudó de la constitucionalidad del sistema implementado por el art. 35 de la Ley 53/2002 -EDL 2002/54614- hasta el punto de activar el mecanismo de la autocuestión de inconstitucionalidad (1), finalmente consagró en la sentencia n.º 20/2012 -EDJ 2012/25985- un principio general sobre la libertad de configuración del legislador en relación al sostenimiento del coste del funcionamiento de la justicia (FJ 8º): "Optar por un modelo de financiación de la justicia civil mediante impuestos o por otro en el que sean los justiciables quienes deben subvenir a los gastos generados por su demanda de justicia mediante tasas o aranceles, o bien por cualquiera de los posibles modelos mixtos en donde el funcionamiento de los Tribunales del orden civil es financiado parcialmente con cargo a los impuestos y con cargo a tasas abonadas por quienes resultan beneficiados por la actuación judicial, en distintas proporciones, es una decisión que en una democracia, como la que establece la Constitución española -EDL 1978/3879-, corresponde al legislador".

A partir de esta cláusula general, el Tribunal Constitucional desciende a la regulación concreta de las tasas judiciales que se contiene en el art. 35 de la Ley 53/2002 -EDL 2002/54614- y concluye, en el FJ 9º que: "en principio no vulnera la Constitución -EDL 1978/3879- que una norma de rango legal someta a entidades mercantiles, con un elevado volumen de facturación, al pago de unas tasas que sirven para financiar los costes generados por la actividad jurisdiccional que conlleva juzgar las demandas que libremente deciden presentar ante los Tribunales del orden civil para defender sus derechos e intereses legítimos".

Si el Tribunal Constitucional se hubiera detenido aquí ningún problema habría en respaldar la validez de la afirmación incondicional del legislador de 2012 acerca de la constitucionalidad del sistema. Pero ocurre que la sentencia n.º 20/2012 -EDJ 2012/25985- no finaliza su fundamentación en el FJ 9º, sino que incluye una importante corrección al sistema en el FJ 10º en la que todo lector sensible a la efectividad de los derechos fundamentales debería fijarse: "Esta conclusión general sólo podría verse modificada si se mostrase que la cuantía de las tasas establecidas por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre -EDL 2002/54614-, son tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables, atendiendo a los criterios de la jurisprudencia expuestos en el fundamento jurídico 7". Y estos criterios son los consagrados tradicionalmente por la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la tutela judicial efectiva y la libertad del legislador para establecer límites a su ejercicio, a saber: "el derecho reconocido en el art. 24.1 CE -EDL 1978/3879- puede verse conculcado por aquellas disposiciones legales que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carecen de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador".

V.- Las preguntas surgen inmediatamente: ¿qué quiere decir el Tribunal Constitucional al decir que "esta conclusión general sólo podría verse modificada si..."?, ¿qué está haciendo el Tribunal Constitucional al razonar así?, ¿a quién le corresponde verificar esa desviación de la conclusión general y extraer sus consecuencias jurídicas?

En mi opinión, pueden sostenerse dos tesis sobre el proceder empleado por el Tribunal Constitucional, según se considere como una cuestión interpretativa o aplicativa. En el primer caso, puede afirmarse que el Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia interpretativa. En el segundo, que la sentencia es de desestimación pura o simple, pero incorpora una mandato aplicativo claramente dirigido a los Jueces y Tribunales.

En la tesis interpretativa, Díaz Revorio (2) ha acuñado un concepto que creo que resulta de especial utilidad para abordar las cuestiones anteriores. Este autor, a propósito de la STC 31/2010 -EDJ 2010/121768-, que enjuició la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña, se ha referido a los pronunciamientos "pseudodesestimatorios", "interpretativos encubiertos" o "pronunciamientos interpretativos sin reflejo en el fallo" a los que define sintéticamente como "el encubrimiento de interpretaciones depurativas en fallos formalmente de desestimación pura". Los nombres son nuevos, pero el procedimiento constitucional descrito no. Como lo demuestra, por ejemplo, la crítica contenida en el Voto Particular de los Magistrados Jiménez de Parga, De Mendizábal y Allende y Garrido Falla a la sentencia n.º 176/1999, de 30 septiembre -EDJ 1999/27106-, al respecto de la omisión del fallo interpretativo. En este Voto Particular se contienen las dos condiciones que debe reunir una sentencia para merecer el calificativo de interpretativa: la desestimación de la demanda de inconstitucionalidad y la consideración, en sus fundamentos jurídicos, que el precepto impugnado hay que interpretarlo en un determinado sentido. Y se censura la omisión del fallo interpretativo en la sentencia de la mayoría del Tribunal apelando al criterio sentado en la sentencia n.º 341/1993 (F.J. 2º) -EDJ 1993/10426-: "a un fallo interpretativo de tal género -esto es lo relevante- se podrá o no llegar, según los casos, en atención a que el precepto impugnado requiera y admita un pronunciamiento expreso sobre su entendimiento conforme a la Constitución -EDL 1978/3879-".

Si aplicamos estos criterios a la sentencia n.º 20/2012 -EDJ 2012/25985-, puede sostenerse que se cumplen todas las condiciones para hablar de una sentencia interpretativa encubierta pues (i) desestima la cuestión de inconstitucionalidad, (ii) rechaza en el F.J. 10º la constitucionalidad de la interpretación del art. 35 de la Ley 53/2002 -EDL 2002/54614- en cuanto pueda conducir a exigir una tasa judicial que, por su cuantía, impida en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculice de un modo irrazonable, y (iii) no contiene un fallo interpretativo.

[[QUOTE2:"lo que está declarando, en realidad, es que el precepto es inconstitucional en aquella parte en que o en cuanto puede dar lugar a la exigibilidad de cuantías que impidan en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo dificulten de un modo irrazonable."]]

Frente a la tesis alternativa, que considera que se trata de una mera cuestión de aplicación de la norma, cabe sostener que, si así fuera, en este caso no habría tenido cabida como argumento asumido por el Tribunal en un procedimiento de declaración de inconstitucionalidad. Y es que el Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente que "no sirve como argumento de la inconstitucionalidad de una norma el que en su aplicación o desarrollo puedan producirse extralimitaciones", por ejemplo, en sentencia n.º 46/1991, de 28 febrero (F.J. 4º) -EDJ 1991/2251-. Por tanto, cuando el Tribunal Constitucional declara que la conclusión general a favor de la constitucionalidad de las tasas judiciales previstas en la Ley 53/2002 -EDL 2002/54614- "sólo podrá verse modificada si se mostrase", lo que está declarando, en realidad, es que el precepto es inconstitucional en aquella parte en que o en cuanto puede dar lugar a la exigibilidad de cuantías que impidan en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo dificulten de un modo irrazonable. Como casi siempre, es una cuestión de palabras.

En la tesis aplicativa, el Tribunal Constitucional se habría limitado en la sentencia n.º 20/2012 -EDJ 2012/25985- a declarar la compatibilidad del sistema de tasas judiciales previsto en la Ley 53/2002 -EDL 2002/54614- con el art. 24 CE -EDL 1978/3879-, si bien remitiendo a los Jueces y Tribunales la misión de velar, en cada caso concreto, por la evitación de resultados prácticos inconstitucionales. A este respecto cobra sentido la referencia que se contiene en el FJ 10º, in fine, a la doctrina constitucional derivada de la sentencia n.º 84/1992, de 28 mayo -EDJ 1992/5462-, en la que se confirmó la constitucionalidad de la exigencia del depósito previo para recurrir en apelación las sentencias dictadas en procesos verbales civiles relativos a la indemnización de daños y perjuicios ocasionados con motivo de la circulación de vehículos de motor. En el F.J. 4º de esta sentencia se aludía expresamente a la posibilidad de inaplicación o aplicación matizada de la exigencia legal y en el FJ 5º se resumía la cuestión en los siguientes y expresivos términos: "En síntesis, la norma cuestionada es compatible con el principio de igualdad. Su concreción práctica, de manera que combine los fines legales a los hechos concretos de modo proporcional a los intereses en conflicto, es una cuestión que compete, en principio y en exclusiva, a los Jueces y Tribunales ordinarios, y no a esta sede constitucional". En esta inteligencia de la sentencia constitucional, cuando el Tribunal declara que la conclusión general "solo podrá verse modificada...", lo que está diciendo a los Jueces y Tribunales es que tienen la misión de evitar que la aplicación de la norma cuya constitucionalidad se declara conduzca a la exigencia de tasas que, por su cuantía, impidan en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculicen en términos irrazonables.

VI.- Cualquiera que sea la tesis correcta, lo cierto es que debemos pensar que existe un sentido y una finalidad en las palabras del Tribunal Constitucional. De lo contrario, la sentencia se habría limitado a confirmar la constitucionalidad del sistema de tasas judiciales implementado por el art. 35 de la Ley 53/2002 -EDL 2002/54614- y no habría dicho más. La lectura del F.J. 10º de la sentencia n.º 20/2012 -EDJ 2012/25985- no deja lugar a dudas acerca de cuál ha sido el propósito del Tribunal Constitucional al introducir esa cláusula de salvaguarda del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva: unificar su doctrina con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ("en esta misma línea se ha pronunciado") y con la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ("estos criterios son compartidos").

Y es que en estos dos ámbitos se ha suscitado un importante debate en los últimos tiempos sobre los límites que el legislador no puede traspasar al introducir cargas económicas en el acceso a la justicia.

Así, en relación a la jurisprudencia europea de derechos humanos, la Sentencia n.º 20/2012 -EDJ 2012/25985- cita diversos pronunciamientos en los que el Tribunal de Estrasburgo ha sentado la doctrina de que el derecho de acceso a un tribunal no es absoluto y que puede estar sujeto a limitaciones, las cuales serán contrarias al art. 6.1 del Convenio Europeo -EDL 1979/3822- si suponen restringir o reducir el acceso de tal manera o hasta tal punto que quedara dañada la verdadera esencia de este derecho. De tal modo, señala el Tribunal Europeo, que únicamente será compatible con el art. 6.1 del Convenio la restricción en el acceso que persiga un fin legítimo e implique una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y el fin legítimo a perseguir. Así, en la sentencia Kreuz contra Polonia, de 19 junio 2001 -EDJ 2001/13739-, el Tribunal consideró excesiva la exigencia al litigante de unas tasas judiciales equivalente al salario medio anual en Polonia (§ 62). En la sentencia Kniat contra Polonia, de 26 julio 2005 -EDJ 2005/123016-, se calificó igualmente de excesiva a la cuantía de las tasas exigidas al contar la apelante como único medio de pago acreditado con la suma recibida en la división de la sociedad conyugal y apreciar el Tribunal que "no parece razonable pedirle pagar con ella las tasas judiciales, en lugar de construir su futuro y asegurar sus necesidades y las de sus hijos después del divorcio" (§ 44). En la sentencia Apostol contra Georgia, de 28 noviembre 2006 -EDJ 2006/311434-, ha considerado el Tribunal Europeo que exigir al acreedor el desembolso de los gastos preliminares para iniciar un proceso de ejecución, "junto con el desprecio por su situación financiera", supone una violación del art. 6.1 del Convenio (§ 65). Por último, en la sentencia Urbanek contra Austria, de 9 diciembre 2010 -EDJ 2010/251581-, no se ha apreciado dicha violación por el hecho de que la cantidad exigible no dependiera del éxito del propio procedimiento judicial, ni desproporcionado que aquélla dependiera de la cuantía del procedimiento y en atención, también, a la flexibilidad del sistema, al permitir la exención total o parcial del pago o su aplazamiento en caso de que su abono causara dificultades al recurrente (§§ 64 y 65). Especialmente significativa a este respecto es la decisión del Tribunal en la sentencia Stankov contra Bulgaria, de 12 julio 2007 -EDJ 2007/79216-, pues uno de los factores que se utilizan para declarar que existe violación del art. 6.1 del Convenio es la exigencia de una tasa relativamente alta y "totalmente inflexible" (and wholly inflexible rate of court fees), sin lugar alguno a la discrecionalidad judicial (no room for any judicial discretion), §§ 67 y 64 respectivamente.

Si con lo anterior no ha quedado clara la postura del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sirva al efecto de ilustrarla la siguiente cita extraída del § 66 de la sentencia Kreuz contra Polonia, de 19 junio 2001 -EDJ 2001/13739-: "teniendo en cuenta el lugar preeminente que tiene el derecho a un Tribunal en una sociedad democrática, el Tribunal considera que las autoridades judiciales no sopesaron adecuadamente, por un lado, el interés del Estado de recaudar tasas para tratar las reclamaciones y, por otro lado, el interés del demandante en reivindicar su reclamación ante los Tribunales. Las tasas requeridas al demandante para proceder con su acción eran excesivas. Dieron como resultado que desistiera de presentar su reclamación y su caso no fuera nunca oído por un Tribunal (his case never being heard by a court). Eso, en opinión del Tribunal, perjudicó la verdadera esencia de su derecho de acceso.".

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación a su ámbito propio, también ha tenido oportunidad de pronunciarse, en la sentencia del caso DEB, de 22 diciembre 2010 (asunto C-279/,09) -EDJ 2010/264901- sobre la compatibilidad del principio de tutela judicial efectiva reconocido en el art. 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea -EDL 2000/94313- con una normativa nacional que supedita el ejercicio de una acción para exigir responsabilidad del Estado conforme al Derecho de la Unión al pago anticipado de las costas procesales y al mismo tiempo deniega conceder la asistencia jurídica gratuita a una persona jurídica aunque no pueda satisfacer ese pago anticipado. Con independencia de la respuesta ofrecida al órgano nacional en relación a la cuestión prejudicial planteada, lo importante es que el Tribunal de Justicia en dicha sentencia viene a reconocer un principio general, en línea con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el § 60: "Corresponde a este respecto al juez nacional comprobar si los requisitos para la concesión de la asistencia jurídica gratuita constituyen una limitación del derecho de acceso a los tribunales que pueda afectar a la propia esencia de este derecho, si persiguen un fin legítimo y si existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y el fin perseguido." No creo que pueda discutirse que donde el Tribunal de Justicia dice "los requisitos para la concesión de la asistencia jurídica gratuita" pueda decirse "los límites o cargas impuestos por las normas nacionales" o, utilizando la terminología de nuestro Tribunal Constitucional, "los requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción impuestas por disposiciones legales".

VII.- A la declaración del Tribunal Constitucional en la sentencia n.º 20/2012 -EDJ 2012/25985- podría objetársele que está dictada en relación al enjuiciamiento constitucional de la compatibilidad de la Ley 53/2002 -EDL 2002/54614- con el art. 24.1 CE -EDL 1978/3879-, por lo que nada tiene que ver con el concreto alcance y contenido del derecho a la tutela judicial efectiva en relación a las tasas judiciales previstas en la Ley 10/2012 -EDL 2012/240441- y RDL 3/2013 -EDL 2013/9947-. Dos argumentos, a mi juicio, cabe oponer a esta objeción. En primer lugar, la Ley 10/2012 y el RDL 3/2013 incorporan efectivamente novedades que pueden determinar un enjuiciamiento constitucional autónomo y distinto acerca de su compatibilidad con el derecho a la tutela judicial efectiva, por ejemplo en relación a la generalización a las personas físicas de la exigibilidad de las tasas judiciales, la extensión de éstas al orden jurisdiccional social o las nuevas cuantías que prevén. Pero, en esencia, la nueva regulación coincide en lo sustancial con la contenida en la Ley 53/2002 al introducir un requisito procesal de carácter económico que resulta impeditivo u obstaculizador del acceso a la jurisdicción. En línea con esta apreciación, en segundo lugar, no debe olvidarse que el Tribunal Constitucional en la sentencia n.º 20/2012 se está pronunciando sobre el alcance y contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, no sobre la interpretación y aplicación procedente del art. 35 de la Ley 53/2002, de ahí que ciña su pronunciamiento a afirmar "que es constitucionalmente válida la limitación impuesta por la norma legal enjuiciada" (F.J. 12º). Por ambas razones, no creo que deba dudarse de la necesidad de que la interpretación y aplicación de las tasas judiciales previstas en la Ley 10/2012 y RDL 3/2013 por los Jueces y Tribunales se realice conforme al contenido del derecho a la tutela judicial efectiva constitucionalmente declarado en la sentencia n.º 20/2012, "sin que las resoluciones judiciales puedan restringir, menoscabar o inaplicar dicho contenido" (art. 7.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial -EDL 1985/8754-).

VIII.- Descendiendo a la regulación concreta de las tasas judiciales en la Ley 10/2012 -EDL 2012/240441- y RDL 3/2013 -EDL 2013/9947- me interesa destacar un aspecto que considero de especial relevancia en orden al control directo de aquéllas por los Jueces y Tribunales. Me refiero a la rigidez de la Ley y, a este respecto, creo que resulta significativa la diferente flexibilidad que se manifiesta en la regulación legal del derecho a la justicia gratuita. Sobre la conexión entre el derecho a la tutela judicial efectiva cabe recordar que el Tribunal Constitucional ha declarado que "lo que ha de considerarse comprendido en el derecho a una tutela judicial efectiva sin indefensión es la imposibilidad de que una persona quede procesalmente indefensa por carecer de recursos para litigar" (sentencia n.º 138/1988, de 8 julio 1988, FJ2º -EDJ 1988/454-), siendo el núcleo indisponible para el legislador en la regulación de la justicia gratuita el siguiente: "deben sufragarse los gastos procesales a quienes, de exigirse ese pago, se verían en la alternativa de dejar de litigar o poner en peligro el nivel mínimo de subsistencia personal o familiar" (sentencia n.º 16/1994, de 20 enero 1994, FJ 3º -EDJ 1994/264-).

Pues bien, existen dos importantes mecanismos de flexibilidad del sistema de justicia gratuita en la Ley 1/1996, de 10 enero, de Asistencia Jurídica Gratuita -EDL 1996/13683-, uno de orden sustantivo y otro de orden procedimental.

El primero, aparece reconocido en el art. 5 de la Ley -EDL 1996/13683- (en redacción introducida por el número cuatro del art. 2 del RDL 3/2013 -EDL 2013/9947-) y se refiere al reconocimiento excepcional del derecho a quienes, no reuniendo los requisitos básicos del art. 3, sus recursos e ingresos económicos brutos no excedan del quíntuplo del indicador público de renta de efectos múltiples y carezcan de patrimonio suficiente, en atención a: (i) las circunstancias de familia del solicitante, número de hijos o familiares a su cargo, las tasas judiciales y otros costes derivados de la iniciación del proceso, u otras de análoga naturaleza, objetivamente evaluadas y, en todo caso, cuando el solicitante ostente la condición de ascendiente de una familia numerosa de categoría especial; (ii) las circunstancias de salud del solicitante y a las personas con discapacidad señaladas en el apdo. 2 art. 1 de la Ley 51/2003, de 2 diciembre -EDL 2003/136325-, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, así como a las personas que los tengan a su cargo cuando actúen en un proceso en su nombre e interés, siempre que se trate de procedimientos que guarden relación con las circunstancias de salud o discapacidad.

La garantía procedimental aparece reconocida en el art. 20 de la Ley 1/1996 -EDL 1996/13683- y se refiere a la posibilidad de que, quienes sean titulares de un derecho o interés legítimo, impugnen judicialmente las resoluciones que, de modo definitivo, reconozcan o denieguen el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

IX.- Por contraste con esta regulación, la Ley 10/2012 -EDL 2012/240441- y el RDL 3/2013 -EDL 2013/9947- no han previsto ninguna modulación similar en la regulación de las tasas judiciales de tal modo que, en la sistemática de la Ley, lo único que le cabe al recurrente es abonar la tasa y acompañar el justificante del pago con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible. O bien, en caso de no aportar dicho justificante, hacerlo en el trámite de subsanación concedido al efecto por el Secretario Judicial por plazo de diez días (art. 8.2 de la Ley 10/2012).

Decía Blackstone en sus Comentarios sobre las Leyes de Inglaterra y lo recordaba John Marshall en la sentencia Marbury contra Madison que "donde existe un derecho legal existe, asimismo, un remedio legal por medio de una acción procesal ante la Justicia" (3). Pues bien, lo hasta ahora argumentado creo que permite sostener tanto la afirmación general de que el derecho a la tutela judicial efectiva incluye, como contenido constitucionalmente declarado, que el derecho de acceso no sea condicionado por tasas judiciales que lo impidan en la práctica o lo dificulten en términos irrazonables como la de que ese modo específico de control no debe residenciarse ante el Tribunal Constitucional sino que corresponde a los Jueces y Tribunales ordinarios a la luz de las circunstancias de cada caso concreto y a fin de combinar los fines legales a los hechos concretos de modo proporcional a los intereses en conflicto.

Si bien el legislador afirma en el Preámbulo de la Ley 10/2012 -EDL 2012/240441- que ha puesto "todo el cuidado" en que la regulación de las tasas judiciales no afecte al derecho de acceder a la justicia, es evidente que no ha agotado todas las posibilidades que estaban a su disposición a tal fin. En mi opinión, la falta de regulación de un mecanismo de flexibilidad como el previsto por el art. 5 de la Ley 1/1996 -EDL 1996/13683- así como la omisión de un trámite procedimental específico en el que, con suspensión del curso del proceso, pueda cuestionarse la exigibilidad de las tasas resultan incompatibles con el contenido constitucionalmente declarado del derecho a la tutela judicial efectiva.

En efecto, si el Tribunal Constitucional ha declarado que no resultan conciliables con el derecho a la tutela judicial efectiva las tasas que, por su cuantía elevada, supongan un impedimento en la práctica del derecho de acceso o lo dificulten en términos irrazonables, ha de reconocerse la posibilidad de que el sujeto pasivo de la tasa pueda sostener procesalmente la pretensión dirigida al reconocimiento de estas situaciones. La falta de un trámite específico en la legislación no debe ser especial obstáculo a dicha posibilidad. A este respecto, cabe citar el carácter supletorio de la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 4) -EDL 2000/77463- y la regulación que se contiene en el Capítulo VII ("De las cuestiones incidentales") del Título I ("De las disposiciones comunes a los procesos declarativos") del Libro II ("De los procesos declarativos"). Por tratarse de una cuestión que afecta a un requisito procesal de influencia en el proceso (art. 387) y no tener señalada en la Ley otra tramitación (art. 388) debe considerarse aplicable la regulación prevista a las cuestiones incidentales de previo pronunciamiento, pues supone, por su naturaleza, un obstáculo a la continuación del juicio por sus trámites ordinarios (art. 390) y puede entenderse comprendida en el supuesto previsto en el n.º 3 del art. 391, que se refiere a "cualquier otra incidencia que ocurra durante el juicio y cuya resolución sea absolutamente necesaria, de hecho o de derecho, para decidir sobre la continuación del juicio por sus trámites ordinarios o su terminación". En la medida en que el art. 8.2 de la Ley 10/2012, en su párrafo segundo -EDL 2012/240441-, anuda al incumplimiento de la aportación del justificante acreditativo del pago de la tasa la preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda, debe resultarse colmada la exigencia legal prevista en el art. 391.3º LEC. La expresión "continuación del juicio" que emplea el art. 8.2 de la ley 10/2012 no debe ser un obstáculo a la aplicación de las cuestiones incidentales de previo pronunciamiento en los supuestos de formulación de reconvención y a la oposición a la ejecución de títulos judiciales (art. 2.a) y g) de la Ley 10/2012), pues debe ser interpretada la expresión en sentido amplio, referida al efecto de cierre del proceso que produce individualmente al sujeto pasivo la falta de aportación del justificante de pago.

La regulación de las cuestiones incidentales de previo pronunciamiento contempla el efecto suspensivo y, aunque el art. 392.1 LEC -EDL 2000/77463- parece condicionarlo a la petición de parte, resulta una consecuencia automáticamente asociada a la admisión del incidente por providencia sucintamente motivada a tenor de los arts. 390 y 393.2.

Las circunstancias a tener en cuenta para la decisión del incidente son, en enunciado general, todas aquellas que puedan comprometer en la práctica la efectividad del derecho y que vendrán referidas, por una parte, a la cuantía de las tasas a abonar conforme a la estricta aplicación de la Ley 10/2012 -EDL 2012/240441- y RDL 3/2013 -EDL 2013/9947- y, por otra, a la situación del sujeto pasivo de la tasa. En relación con este último aspecto, la complejidad y variedad de las circunstancias que pueden afectar a cada litigante y que pueden ser relevantes se resiste a una enunciación en numerus clausus. Pueden servir de parámetro a tal efecto las que se contienen en el art. 5 de la Ley 1/1996 -EDL 1996/13683-, anteriormente citado, pero también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que son datos a tener en cuenta, según las circunstancias de cada caso concreto, la capacidad del litigante para pagar las tasas judiciales y la fase del procedimiento en la que se ha impuesto esa obligación (sentencia Kreuz contra Polonia, § 60 -EDJ 2001/13739-), la necesidad de dedicar la recurrente sus únicos recursos económicos a satisfacer y asegurar sus necesidades y las de su familia (sentencia Kniat contra Polonia, § 44 -EDJ 2005/123016-) y que la situación financiera a tener en cuenta es la vigente al tiempo del pago de las tasas judiciales (sentencia Kijewska contra Polonia, de 6 septiembre 2007 -EDJ 2007/118395-).

En cuanto al contenido de la decisión sobre la cuestión incidental, parece claro que puede ser la confirmación de la exigibilidad de la tasa conforme a las cuantías resultantes de la aplicación del art. 7 de la Ley 10/2012 -EDL 2012/240441-, modificada por el RDL 3/2013 -EDL 2013/9947-, o la introducción de correcciones a la misma. En relación al contenido reductor de este segundo pronunciamiento, el principio más general puede extraerse de la STC n.º 84/1992, de 28 mayo, F.J. 5º -EDJ 1992/5462-, anteriormente citada y se refiere a ordenar a los Jueces y Tribunales: "su concreción práctica, de manera que combine los fines legales a los hechos concretos de modo proporcional a los intereses en conflicto". Descendiendo un escalón más, en el plano de los principios, esa concreción práctica ha de revestir la característica de la flexibilidad, siguiendo los parámetros ofrecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia Urbanek contra Austria, de 9 diciembre 2010 (§ 64) -EDJ 2010/251581-: el sistema debe asegurar un suficiente grado de flexibilidad (a sufficient degree of flexibility). El propio Tribunal afirma que esta condición se aprecia en la medida en que el sistema permite la exención total o parcial del pago o su aplazamiento si su recaudación puede poner en dificultades a la persona afectada (the full or partial exemption from the payment of court fees or respite from court fees in case the collection of the fee would cause particular hardship to the person concerned).

X.- La Ley 10/2012 -EDL 2012/240441- y el RDL 3/2013 -EDL 2013/9947- inciden en una cuestión esencial para la configuración por el legislador de las limitaciones al derecho a la tutela judicial efectiva. El debate sigue y seguirá vigente en nuestro ámbito nacional y en el marco comunitario y de protección internacional de los derechos humanos en que se inscribe actualmente nuestro ordenamiento. Las bases del debate, sin embargo, ya han sido perfiladas en sus líneas fundamentales y en la mayoría de los casos en que resulte, a priori, comprometida la efectividad del derecho de acceso la cuestión a resolver no se moverá en el terreno de los principios, sino en el de ponderación de las circunstancias concretas y en la siempre delicada tarea de poner en adecuado equilibrio las exigencias legales y la garantía de los derechos fundamentales. Con la nueva regulación de las tasas judiciales en nuestro derecho positivo, resulta naturalmente legítimo el recurso a la cuestión de inconstitucionalidad a fin de que el Tribunal Constitucional enjuicie la acomodación de la norma (y las novedades que incorpora en relación a lo que constituyó la ratio decidendi de la sentencia n.º 20/2012 -EDJ 2012/25985-) al ordenamiento constitucional. Sin embargo, no se agotan con ello las posibilidades de control de las tasas judiciales por los Jueces y Tribunales ordinarios. Como gráficamente ha escrito a propósito de la justicia administrativa Rainer Wahl (4), los derechos fundamentales y el principio del Estado de Derecho "genera(n) una constante dirección de la mirada del administrativista, y también del juez administrativo, hacia arriba, hacia la Ley Fundamental; o, más exactamente, un constante ir y venir de la mirada entre uno y otro nivel del Derecho". Por tanto, no puede quedar reducida la función judicial, en la controversia que pueda suscitarse en torno a la constitucionalidad de la cuantía de las tasas, ni a la mera aplicación automática de la norma legal, ni a la puesta en marcha del mecanismo previsto en el art. 163 de la Constitución -EDL 1978/3879- como único mecanismo de reacción. Existe una tercera posibilidad y es la que afirma que la aplicación de la norma ha de venir modulada, de modo necesario, por un examen concreto y orientado por las pautas que el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han elaborado a fin de garantizar la plena efectividad de los derechos reconocidos, respectivamente, en el art. 24.1 CE, 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos -EDL 1979/3822- y 47.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea -EDL 2000/94313-. Es mucho lo que está en juego. Lo más importante, garantizar el lugar preeminente que en una sociedad democrática tiene el derecho de acceso a un Tribunal. Pero también queda comprometida y debe ser así tenido en cuenta la propia razón de ser de la función de los Jueces y Tribunales que consagra nuestra Constitución como primeros garantes de los derechos fundamentales.

NOTAS:

1.- Las dos cuestiones internas de constitucionalidad suscitadas por el Tribunal Constitucional respecto del art. 35.7.2, de la Ley 53/2002, de medidas fiscales, administrativas y de orden social -EDL 2002/54614-, por posible vulneración del art. 24.1 CE -EDL 1978/3879- fueron resueltas, en sentido desestimatorio, por las sentencias n.º 103/2012, de 9 mayo 2012 -EDJ 2012/98372-, y 104/2012, de 10 mayo 2012 -EDJ 2012/98371-.

2.- DÍAZ REVORIO, F.J., "La tipología de los pronunciamientos en la STC 31/2010 -EDJ 2010/121768- y sus efectos sobre el Estatuto catalán y otras normas del ordenamiento vigente <http://www10.gencat.net/eapc_revistadret/revistes/revista.2011-02-02.4047479524/article.2011-02-02.4727523696/es/switchLanguage?set_language=es>", Revista catalana de derecho público, número 43, 28/12/2011, pp. 67-69.

3.- Una excelente traducción y comentario de la sentencia Marbury contra Madison (5 US (1 Cranch) 137) puede encontrarse en Beltrán de Felipe, M. y González García, J.V., "Las sentencias básicas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América", Centro de estudios Políticos y Constitucionales, 2005, pp. 87-115.

4.- WALH, R., “Los últimos cincuenta años de Derecho administrativo alemán”, Marcial Pons, 2013, p. 63.

 

Este artículo ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", número 1, el 1 de abril de 2014.