Los magistrados han determinado que la condena de 13 años y medio de prisión para S. debe reducirse a 11 años de prisión, después de la aplicación de la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual.
El tribunal argumenta que S. había recibido una pena en el límite mínimo de la mitad superior, 13 años 6 meses y un día. No obstante, aplicando el grado mínimo de la pena establecida por la reforma L.O. 10-22 de 6 de septiembre y teniendo en cuenta las circunstancias presentadas en la sentencia, la correspondiente pena sería de 11 años de prisión. Por consiguiente, los magistrados han decidido reducirla.
El abogado del condenado presentó una solicitud para reducir la pena, junto con un pedido de su puesta en libertad, pero el tribunal aun no ha hecho caso de esta petición. Hasta que no se liquiden las condenas, no se determinará si el acusado podrá salir libre. Por el momento, S. está sujeto a varias causas de prisión, lo que le mantendría en prisión hasta el año 2027.