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Abogados, procuradores y agentes jurídicos piden a S.M. Felipe VI la recuperación de la normalidad judicial a la mayor brevedad posible

El rey Felipe VI se interesa por el sector de la justicia

Noticia

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, y el presidente del Consejo General de Graduado Sociales de España, Ricardo Gabaldón, han mantenido sendas audiencias telefónicas para informar al rey de España sobre la situación de los profesionales de la justicia.


Siguiendo la estela de las últimas semanas en que el rey ha pulsado la situación en la que se encuentran distintos sectores de la sociedad española, este jueves iniciaba una ronda de conversaciones con las principales autoridades del sector de la justicia. Durante la tarde mantenía una conversación telefónica con la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, quien reclamaba la imperiosa necesidad de recuperar lo antes posible la plena normalidad de la actividad judicial.

De acuerdo a la información facilitada por el Consejo, durante los dos primeros meses de pandemia, la mayor preocupación de la Abogacía estaba en la situación económica de los abogados, la mayoría de los cuales son autónomos; así como la dotación de medios, tanto humanos como económicos, para la Administración de Justicia, con el objetivo primordial de garantizar el derecho de defensa con seguridad y eficacia. Además de exponer esta situación de preocupación, Victoria Ortega detallaba ante S.M. el rey de España, que lo fundamental actualmente es  "que juzgados y tribunales comiencen a funcionar a pleno rendimiento con urgencia, con el fin de avanzar con el enorme volumen de trabajo que ha quedado acumulado en estas semanas".

Entre las preocupaciones más acuciantes, la presidente de la Abogacía ha recogido la situación de los abogados y abogadas del Turno de Oficio para lo que ha reivindicado el establecimiento de fórmulas seguras y eficaces que faciliten el contacto de los abogados de oficio con sus clientes, reclamando condiciones sanitarias que garanticen una distancia de seguridad adecuada, incluso habilitando -si fuera necesario- salas más amplias y prohibiendo la atención en calabozos.

En sus demandas, la presidenta ha solicitado la equiparación urgente de los letrados con el resto de profesionales autónomos en materia de prestaciones, ayudas y subvenciones, pues se encontraban en la misma situación de ausencia de ingresos ante la paralización de la actividad judicial, con la única excepción de los servicios esenciales.

Reducción de ingresos para los procuradores

Después de conversar con Victoria Ortega, el Rey mantenía una audiencia telefónica con el presidente del Consejo General de Procuradores de España. Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa ha explicado al rey que desde el inicio de la crisis, han quedado limitados el número de pleitos presentados (se calcula que la reducción podría haber alcanzado en la actualidad un 70% u 80%), lo que ha provocado una importante reducción de ingresos para los procuradores.

Según Juan Carlos Estévez, la situación es de gran dificultad para los procuradores, al no disminuir los gastos fijos, como arrendamientos, seguros, líneas telefónicas, junto al coste de los empleados, en la medida en que apenas han prosperado ERTES de despachos de procuradores.

El presidente del Consejo General de Procuradores de España ha manifestado que espera  un desbloqueo de ese escenario cuando se descongelen los plazos procesales y administrativos, que hoy en día se encuentran paralizados. Es probable, según el Consejo que agrupa a los Procuradores, que este paso no se produzca, como pronto, hasta el próximo mes de junio.

Por otro lado, el Consejo General se opone a la eventual habilitación del mes de agosto para los Juzgados y Tribunales. El Consejo General considera que sería más practico concentrar las vacaciones de todo el funcionariado y los profesionales durante dicho mes, para poder trabajar con toda intensidad los meses restantes.

Estas conversaciones telefónicas marcan el inicio de una ronda de contactos con representantes del mundo de la justicia.

Felipe VI se interesa sobre el número de ERTES tramitados y realizados por los Graduados Sociales

En la ronda de comunicaciones con los operadores jurídicos, el Rey ha mantenido también una conversación con el presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, Ricardo Gabaldón.

Felipe VI se ha interesado sobre el número de ERTES tramitados y realizados por los graduados sociales. El presidente del Consejo ha manifestado que gracias al trabajo del colectivo se ha aligerado la carga de las empresas con la presentación de los ERTES, se ha posibilitado que más de un millón de trabajadores autónomos puedan cobrar la prestación de cese de actividad y, gracias también a la solicitud de prestación colectiva de desempleo, podrán cobrar su prestación más de cuatro millones de trabajadores que de otra manera no habrían podido acceder a dicha prestación. Gabaldón ha incidido "que somos el único puente que, en estos momentos, une a las empresas, trabajadores y ciudadanos con la Administración del Estado".

Así mismo el Rey ha preguntado sobre la adaptación que han tenido que realizar los graduados sociales con sus despachos profesionales y la actividad diaria ante la situación del estado de alarma, indicándole Ricardo Gabaldón que en estos más de dos meses de confinamiento, el colectivo ha realizado su trabajo con profesionalidad cumpliendo con unas normas sanitarias y sociales "que hacen todavía más difícil nuestro trabajo, ya que la sociedad no estaba preparada para esta situación". El presidente de los graduados sociales le ha trasladado al Rey que el colectivo ha trabajado sin descanso, asumiendo responsabilidades que no le correspondían y con gran incertidumbre ante los cambios normativos que se han producido durante el estado de alarma.

Gabaldón también a informado al Rey que el Consejo General está trabajando conjuntamente con los ministerios de Justicia, Trabajo y Seguridad Social y el Consejo General del Poder Judicial para diseñar planes de actuación que puedan solventar aquellos problemas que el propio estado de alarma ha provocado y que tendrán consecuencias tras el fin del confinamiento.