El ministro de Justicia ha explicado en el Congreso de los Diputados algunos de los cambios que incluirá el Proyecto de Ley de Reforma del Código Penal en materia de lucha contra la corrupción, que será remitido en próximas fechas a las Cortes y que pretende evitar la "impunidad" y "las zonas de sombra" de las que se han servido los corruptos hasta ahora.
Alberto Ruiz-Gallardón ha adelantado que "el nuevo texto incorpora la nueva regulación de la administración desleal, que permite sancionar la contratación de servicios por un precio exagerado, normalmente motivado por el pago de un soborno; la revisión de la regulación del delito de malversación, que sancionará la celebración de contratos sin contraprestación o creando fondos ocultos sustraídos al control de la Administración; la revisión técnica de la regulación de la corrupción en los negocios, lo que incluye el supuesto de pago de sobornos a agentes públicos extranjeros (cohecho transnacional); y una revisión en profundidad de la regulación del comiso con la finalidad de facilitar un instrumento eficaz para la recuperación de los activos procedentes del delito".
Además, según ha señalado el ministro de Justicia, la nueva norma "opta también por sancionar penalmente la conducta de quienes impiden la ejecución de las resoluciones que les condenan al pago ocultando bienes o aportando información falsa a los Tribunales".
Entre las medidas que se incluirán en el Código Penal figura "la creación de un tipo penal para los supuestos en que la falta de programas de prevención del delito facilite o no haya evitado la comisión delictiva". Un paquete de medidas que se suma a las ya aprobadas para la modificación del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social a través de la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre.
Por eso, Ruiz-Gallardón ha asegurado que "la respuesta del Gobierno frente a la corrupción está siendo la más firme, resuelta y ambiciosa que este problema ha recibido nunca en nuestra historia, transformando por completo el escenario normativo en el que determinadas conductas, que habían sido posibles hasta ahora, ya no lo van a ser". El titular de Justicia ha recordado que muchos de los que habían aspirado a la impunidad "han tenido que vérselas con la acción de la Justicia".
Fuentes del Ministerio de Justicia señalan que se atendió en 2012 el 94% de las peticiones de refuerzo, con un coste de 7,6 millones de euros, realizadas por los tribunales, entre las cuales se ha cubierto el 100% de las solicitudes del orden penal de la Audiencia Nacional. Asimismo, durante 2013 se ha cubierto el 97% de estas peticiones.
