¿Se aplicaría el baremo de tráfico por Ley 35/2015 en caso de lesiones producidas en accidentes ocasionados por los patinetes eléctricos?

Los patinetes eléctricos entran dentro de la categor&iacu...

Los patinetes eléctricos entran dentro de la categoría de los Vehículos de Movilidad Personal -VMP-, por ello, y por no ser vehículos a motor y no tener que llevar matrícula, les exime de tener que asegurar un vehículo con un Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil.

Respecto de la normativa que regula este tipo de &ldquoartilugio&rdquo, la DGT dictó dos Instrucciones de 3 y 4 de diciembre de 2019 que no hacían referencia a la obligatoriedad de estar en posesión de un seguro obligatorio de responsabilidad civil para accidentes y el RD 970/2020, que modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por RD 2822/1998, de 23 de diciembre, introduce el art. 22 bis que dice:

 &ldquo1. Los vehículos de movilidad personal quedan exceptuados de obtener la autorización administrativa a la que hace referencia el apartado 1 del artículo 1.

 2. Los vehículos de movilidad personal requerirán para poder circular el certificado de circulación que garantice el cumplimiento de los requisitos técnicos exigibles por la normativa nacional e internacional recogidos en su manual de características, así como su identificación.&rdquo

El Reglamento -UE nº 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, relativo a la homologación de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos, es de aplicación directa en nuestro ordenamiento jurídico y a lo largo del texto se hace remisión expresa al contenido del mismo para armonizar la normativa nacional con la europea y para delimitar su aplicación respecto de aquellos vehículos que no se encuentran en su ámbito.

Expuesta la normativa de aplicación, debe recordarse, que el aseguramiento obligatorio de los vehículos en su circulación solo tiene lugar cuando estos tienen la consideración de vehículos de motor, pues así lo dispone el RD 1507/2008, de 12 de septiembre, que en su art. 1 indica aquello que tiene la consideración de vehículo motor, y por tanto, debe ser objeto de aseguramiento obligatorio.

Finalmente, los ayuntamientos tienen un amplio margen de discrecionalidad para establecer condiciones, requisitos y límites de velocidad para estos vehículos.

Está clara la no exigencia de seguro obligatorio de responsabilidad civil para los denominados &ldquopatinetes&rdquo, siempre que cumplan estrictamente, los requisitos de peso, características y velocidad de la normativa expuesta.

Tal situación no significa la inexistencia de responsabilidad por parte del usuario/conductor de este tipo de vehículo, si causa lesiones de todo tipo o incluso la muerte de una transeúnte, dada la vigencia, &ldquoprima facie&rdquo, del principio de responsabilidad recogido en el art. 1902 CC que regula la &ldquoculpa&rdquo y la &ldquonegligencia&rdquo como límites al alterum non laedere. También es posible la contratación voluntaria de un seguro privado de accidentes que cubra los siniestros acontecidos por el uso y circulación de este tipo de vehículo, como por ejemplo, un &ldquoseguro de hogar&rdquo u otras modalidades.

En el supuesto de inexistencia de seguro la responsabilidad es personal y universal del causante del accidente -art. 1911 CC-.

Si el conductor de un patinete causa la muerte o lesiones graves de un viandante, el perjudicado puede acudir, si lo estima oportuno, a la vía penal, sin embargo no podrá enmarcar la conducta de dicho &ldquovehículo&rdquo en el tipo normativo del delito contra la seguridad vial por no haber intervención de un &ldquovehículo a motor o ciclomotor&rdquo, como exige el tipo penal. Debe acudirse a los delitos de imprudencia -arts. 142 y 152 CP-.

Entiendo que, tanto en los casos de muerte como de lesiones se aplicarán de forma analógica las valoraciones de daños y perjuicios que constan en el RDLeg 8/2004 respecto del baremo de circulación.

Ya se ha dicho anteriormente, que la víctima puede acudir, también, o en los supuestos de resultados leves, a la vía civil, imputando al conductor una responsabilidad objetiva por la creación de un estado de riesgo, donde se analiza la &ldquoresponsabilidad por riesgo&rdquo, que es el que genera un conductor del patinete aunque no tenga la consideración de vehículo de motor.

No se olvide, que el riesgo específico de la circulación aparece así contemplado expresamente en la ley como título de atribución de la responsabilidad, frente a la tradicional responsabilidad por culpa o subjetiva en que el título de imputación es la negligencia del agente causante del resultado dañoso. Dicho de otro modo, en la causación de un accidente con daños personales y/o materiales, debe partirse de la presunción de culpa, salvo la acreditación debida de que en la conducta causal se interfiere culpa o negligencia de la víctima, corriendo de cargo del conductor del patinete la prueba de la misma.

La aplicación del denominado &ldquoBaremo&rdquo a este supuesto de accidente, no se antoja difícil desde el punto de vista normativo y se antoja, incluso, necesario, dado que nos permite cuantificar la lesión para poder efectuar una inicial reclamación con un soporte objetivo, que servirá a la pericial medica designada por la víctima, el cual realizará un informe médico pericial de valoración de daño corporal, con base en dicho Baremo, en orden a cuantificar y determinar las lesiones sufridas, lo cual permitirá a la víctima una reclamación de una manera más detallada.

En conclusión, las consecuencias de la responsabilidad derivada de la conducción de patinetes, se traducen en la valoración de los daños personales causados por responsabilidad civil a terceros, derivados en este caso del riesgo generado por la circulación, que pueden realizarse mediante el sistema legal de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

España es uno de los países que más ha desarrollado los sistemas de valoración y reparación de daños personales causados por accidentes de tráfico, y el sistema legal obligatorio para los accidentes de tráfico, se viene utilizando como referencia orientativa en otros sectores de la valoración de daños personales por responsabilidad civil por parte de juzgados y tribunales.

Anticipo la respuesta: no, de forma vinculante, sí, orientati...

Anticipo la respuesta: no, de forma vinculante, sí, orientativamente.

El baremo del RDLeg 8/2004, de 29 de octubre -redacción dada por la Ley 35/2015-, a tenor de su art. 32: &ldquo&helliptiene por objeto valorar todos los perjuicios causados a las personas como consecuencia del daño corporal ocasionado por hechos de la circulación regulados en esta Ley&rdquo.

Es decir, la aplicación del baremo es preceptiva solo cuando el daño corporal es ocasionado por hechos de la circulación, para lo que se requiere que el vehículo causante tenga la consideración de &ldquovehículo a motor&rdquo que, recordémoslo, requiere de autorización administrativa -RD 1507/2008, de 12 de septiembre-.

Pero, tanto antes como ahora, el patinete eléctrico no es considerado &ldquovehículo a motor&rdquo el nuevo art. 22 bis del Reglamento General de Vehículos -redacción dada por RD 970/2020, de 10 de noviembre-, referido a los &ldquovehículos de movilidad personal&rdquo, exceptúa a éstos de obtener la autorización administrativa. Así, «vehículo de motor» a la luz del citado RGV es un &ldquovehículo provisto de motor para su propulsión&rdquo, pero excluyendo expresamente, entre otros a los vehículos de movilidad personal -VMP-.

De ahí que, por el momento, la circulación de los VMP no obligue a tener concertado un seguro de responsabilidad civil, salvo que se trate de empresas de alquiler o que presten un servicio similar, pero esa es otra cuestión.

Por lo demás, el carácter no vinculante del baremo para otros ámbitos no impide, sin embargo, que pueda aplicarse como criterio para fijar la cuantía de las indemnizaciones, según ha declarado reiterada jurisprudencia el efecto expansivo del baremo a otros ámbitos de la responsabilidad civil distintos de los del automóvil es admitido por la Sala Civil del TS con criterio orientativo, no vinculante, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en cada caso y el principio de indemnidad de la víctima que informan los arts. 1106 y 1902 CC-.

Se ha dado una nueva regulación a los patinetes elé...

Se ha dado una nueva regulación a los patinetes eléctricos en el de RD 970/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifican el Reglamento General de Circulación, aprobado por RD 1428/2003, de 21 de noviembre y el Reglamento General de Vehículos, aprobado por RD 2822/1998, de 23 de diciembre, en materia de medidas urbanas de tráfico. Sin embargo, no se ha previsto la obligación de que los conductores de estos patinetes eléctricos que llevan paseando por nuestras aceras desde hace varios años ya suscriban una póliza de seguro de forma obligatoria, pese a que el riesgo que causan como vehículos con su conducción por los ciudadanos que las utilizan. Ahora bien, pese a esta no obligación de aseguramiento y para el caso de que causen un accidente con su conducción, nos planteamos si se les aplicaría de forma vinculante las cantidades que correspondan con arreglo al baremo de tráfico de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, por las lesiones causadas, o, incluso, la muerte de un ciudadano.

Dado que el RD 970/2020, en su apartado A del anexo II «Definiciones y categorías de los vehículos», excluye a los vehículos de movilidad personal de la definición de los vehículos de motor, lo que implica que los VMP no requieren de autorización administrativa para circular, y no exigen al usuario licencia de conducción ni tampoco seguro obligatorio, no siéndoles de aplicación, por lo tanto, la normativa de vehículos de motor, entiendo que no procede la aplicación vinculante ni obligatoria, ni analógica del Baremo de Tráfico de la Ley 35/2015, ya que en cualquier caso el hecho generador de la responsabilidad de este tipo de vehículos no se derivaría de la circulación.

De la STC 181/2000 de 29 de junio, se desprende que la aplicación del Baremo solo tendría un valor vinculante en el ámbito de la circulación de lo que, a priori, están excluidos este tipo de vehículos por lo que, en mi opinión, la aplicación de los criterios cuantitativos del Baremo sería altamente recomendable en base a las razones que reiteradamente han detallado los Tribunales, tales como igualdad de trato, seguridad jurídica, predictibilidad de los pronunciamientos judiciales, entre otras, pero sin olvidar que son, a estos efectos -VMP meramente orientativos, como ya refería la añeja STS de 10 de febrero de 2006 que distinguía entre la aplicación orientativa del sistema de tasación legal de daños corporales derivados de la circulación, aceptada por la jurisprudencia, y la aplicación analógica, que debe ser rechazada.

En definitiva, considero que lo recomendable es acudir a la Ley 35/2015, aunque éste no tenga carácter vinculante para los vehículos VMP.

Aunque en un principio podría sostenerse que los patinetes el...

Aunque en un principio podría sostenerse que los patinetes eléctricos puedan considerarse como "ciclomotores" por mor de las características técnicas que parecen desprenderse de los mismos -patinete con motor eléctrico, de potencia nominal máxima inferior o igual a 4 KW, capaz de alcanzar los 25 Km/h-, lo bien cierto es que los patinetes eléctricos, como vehículos de movilidad personal que son, no se pueden catalogar como "vehículos de motor" tal y como lo conceptúa el art. 1.1 RD 1507/2008, de 12 de septiembre, que aprueba el Reglamento de Seguro Obligatorio -Reglamento de Seguro Obligatorio a efectos de aseguramiento obligatorio por carecer de las exigencias legales y reglamentarias precisas -Instrucción 16/V-124 de 3 de noviembre de la DGT-, de hecho el RD 970/2020, de 10 de noviembre, que modifica el Anexo II "Definiciones y categorías de vehículos" del Reglamento General de Vehículos de Motor aprobado por RD 2822/1998, de 23 de diciembre, excluye en su letra a de la definición de "vehículo de motor" a los "vehículos de movilidad personal" como son los patinetes eléctricos.

De este modo, al no tener la calificación de "vehículo de motor" ni, en consecuencia, poder considerarse su conducción como "hecho de la circulación" en los términos exigidos por el art. 2 RD 1507/2008, de 12 de septiembre, a efectos de indemnizaciones de daños y perjuicios por parte asegurada, considero que en los accidentes causados en la conducción de "patinetes eléctricos" con resultados lesivos e incluso homicidas, no se les aplicaría de forma vinculante las cantidades que correspondan con arreglo al baremo de tráfico de la Ley 35/2015. Y ello sin perjuicio de la aplicación en estos casos al conductor del patinete eléctrico de una responsabilidad objetiva por riesgo, con la posibilidad de aplicar orientativamente el baremo de tráfico de la Ley 35/2015, siempre teniendo en cuenta las circunstancias del caso y el principio de indemnidad de la víctima que informan.

El art. 1.4 RDLeg 8/2004, introducido por la Ley 35/2015, dispone que&a...

El art. 1.4 RDLeg 8/2004, introducido por la Ley 35/2015, dispone que &ldquoLos daños y perjuicios causados a las personas como consecuencia del daño corporal ocasionado por hechos de la circulación regulados en esta Ley, se cuantificarán en todo caso con arreglo a los criterios del Título IV y dentro de los límites indemnizatorios fijados en el Anexo.&rdquo

Y el punto 6 dice que &ldquoReglamentariamente, se definirán los conceptos de vehículos a motor y hecho de la circulación, a los efectos de esta Ley.&rdquo

A tal efecto, el RD 970/2020, de 10 de noviembre -EDL 2020/34986-, establece en su art. 2, relativo a la modificación del Reglamento General de Vehículos, aprobado por RD 2822/1998, de 23 de diciembre -EDL 1998/46596-, punto seis, que se modifica el apartado A &ldquoDefiniciones&rdquo, del anexo II &ldquoDefiniciones y categorías de los vehículos&rdquo, se modifica en los siguientes términos: &ldquoa La definición de «Vehículo de motor» queda redactada del siguiente modo: «Vehículo a motor: Vehículo provisto de motor para su propulsión. Se excluyen de esta definición los ciclomotores, los tranvías, los vehículos para personas de movilidad reducida, bicicletas de pedales con pedaleo asistido y los vehículos de movilidad personal»&rdquo.

Por otro lado, hemos de recordar que el concepto de hecho de la circulación se contiene en el art. 2 de la Ley 35/2015 donde se establece que son &ldquolos derivados del riesgo creado por la conducción de los vehículos a motor a que se refiere el artículo anterior, tanto por garajes y aparcamientos, como por vías o terrenos públicos y privados aptos para la circulación, urbanos o interurbanos, así como por vías o terrenos que sin tener tal aptitud sean de uso común&rdquo.

Parece evidente, a partir de la normativa expuesta, que los vehículos de movilidad personal, entre otros, los patinetes eléctricos, no son vehículos a motor -de lo que su mejor evidencia es que no se exige seguro obligatorio y no pueden por ello considerarse, desde un punto de vista legal, que su circulación constituya un hecho de la circulación a los efectos de RDLeg 8/2004, lo que implica que quedan fuera del ámbito del sistema o baremo que, dice el art. 32 de la citada ley, &ldquotiene por objeto valorar todos los perjuicios causados a las personas como consecuencia del daño corporal ocasionado por hechos de la circulación&rdquo.

Pero aun no siendo vehículos a motor en sentido formal, resulta evidente que la nueva norma -RD 970/20 los asimila o equipara, lo que debe entenderse suficiente como para derivar la cuestión de la responsabilidad por daños a terceros en vías de circulación al baremo del RDLeg 8/2004, que entendemos si no vinculante, sí preceptivo salvo que se justifique en el caso concreto la razón de inaplicabilidad.

Considero que de forma vinculante no.

A dicha concl...

Considero que de forma vinculante no.

A dicha conclusión lleva el análisis de la normativa vigente. El art. 1 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación del Vehículos a Motor, es claro al establecer que su ámbito se circunscribe a los daños causados a personas y bienes como consecuencia de la circulación de vehículos a motor.

La nueva redacción dada por el RD 970/2020, de 10 de noviembre, al Anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por RD 2822/1998, de 23 de diciembre, concreta lo que debe entenderse por vehículo de motor en la siguiente forma:

 &ldquoVehículo provisto de motor para su propulsión. Se excluyen de esta definición los ciclomotores, los tranvías, los vehículos para personas de movilidad reducida, bicicletas de pedales con pedaleo asistido y los vehículos de movilidad personal.&rdquo

Por tanto, de forma expresa se excluyen los vehículos de movilidad personal.

Retomando el texto de la LRCSCVM, su art. 2 circunscribe la obligación de asegurarse a los vehículos de motor, mientras el artículo 32 al delimitar el ámbito de aplicación del sistema de resarcimiento de daños es terminante al manifestar:

&ldquoEste sistema tiene por objeto valorar todos los perjuicios causados a las personas como consecuencia del daño corporal ocasionado por hechos de la circulación regulados en esta Ley&rdquo.

Es decir, los que son consecuencia de la circulación de vehículos a motor.

La conclusión alcanzada, en mi opinión, no va a tener mucha relevancia en la práctica, ya que la aplicación del baremo aprobado por dicha norma, se ha generalizado cuando se trata de resarcir un daño personal en muy diversos ámbitos. De hecho, podemos encontrar Sentencias de las cinco Salas del TS que se sirven de sus previsiones para compensar este tipo de perjuicio.

Como ejemplo, es habitual es resarcir el daño consecuencia de delitos dolosos acudiendo a sus presupuestos -con leves correcciones al alza dado el origen del daño-, y así lo avala la Jurisprudencia -SSTS, Sala 2ª, de 19 de julio de 2018 o 7 de febrero de 2019-. En estas condiciones, resulta incluso más lógico, por cercanía en el origen y naturaleza del daño, acudir a dicho sistema de resarcimiento de forma estricta cuando el daño se ocasiona con el uso de los vehículos de movilidad personal.