El Pleno de la Cámara Alta debatió durante más de dos horas la proposición de ley remitida por el Congreso de los Diputados, donde se acordó con una amplia mayoría modificar dicho precepto y cambiar el límite temporal que el PP estableció en 2015.
Así, con la reforma aprobada, el límite temporal pasará de seis meses para las causas de carácter general a 12 meses. Además, la nueva redacción también elimina la necesidad de declaración de complejidad a instancias de la Fiscalía para poder prorrogar las causas hasta los 18 meses, ya que ahora será el juez "de oficio o a instancia de parte" quien acuerde mediante un auto la ampliación de la duración de las investigaciones por "periodos iguales o inferiores a seis meses".
Su entrada en vigor además afectará también a las causas penales en curso, pues el texto incluye una disposición transitoria que señala que la modificación "será de aplicación a los procesos en tramitación".
El PP ha criticado esta disposición y ha presentado una propuesta de veto al entender que la reforma tiene "falta de oportunidad, falta de técnica jurídica y una motivación política", y dos enmiendas con el objetivo de mantener lo máximo posible el texto que aprobó con mayoría absoluta en 2015, pero han sido rechazadas por el Senado.
Los 'populares' aseguran que la modificación del artículo 324 de la LECrim se ha hecho de manera "precipitada", pues no entienden la urgencia con la que se ha tramitado y sobre todo cuando el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado una reforma de la LECrim, cuyo anteproyecto se pretende llevar al Consejo de Ministros antes de que finalice el año.
Evitar la "impunidad"
No obstante, el PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y el resto de grupos parlamentarios defienden la reforma insistiendo en que el objetivo es evitar la "impunidad" ocasionada por los plazos fijados por el PP.
Por su parte, Vox también comparte esta postura, pero sin embargo ha votado en contra y ha presentado una enmienda --que tampoco ha recibido el apoyo de la mayoría de la Cámara Alta-- al entender que son los jueces los que deben acordar el fin de las instrucciones cuando lo consideren oportuno "al margen de las injerencias políticas" e "intereses políticos".
Tres años después
La reforma del artículo 324 de la LECrim ha salido adelante en el tercer intento, desde que en mayo de 2017 el Congreso de los Diputados aprobara su tramitación, con el voto en contra de los 'populares'. En aquella ocasión, la iniciativa no llegó a despegar por las más de 60 ampliaciones de los plazos de presentación de enmiendas que impusieron el PP y Ciudadanos antes de que cayera la legislatura del Gobierno de Mariano Rajoy.
La segunda vez fue en septiembre de 2019 pero la disolución con motivo del adelanto electoral condenó de nuevo la tramitación de esta proposición. En febrero de este año, la Cámara Baja aprobó la toma en consideración de la proposición de ley de Unidas Podemos que ahora ha conseguido llegar hasta el Senado.
