La Comisión de Justicia de la Cámara Alta acordó el pasado jueves enviar al Pleno la proposición de ley remitida por el Congreso de los Diputados donde la mayoría de los partidos aprobaron cambiar la redacción que el PP le dio a este precepto en 2015, cuando tenía la mayoría absoluta en ambas cámaras parlamentarias, estableciendo la fecha tope de las investigaciones penales en seis meses con carácter general o en 18 si la causa se declaraba compleja.
De salir aprobada la iniciativa --la primera en esta legislatura-- el límite temporal pasará a estar en 12 meses y no necesitará la petición de la Fiscalía o de las partes para que la causa se declare compleja y su investigación pueda ser prorrogada. Será el magistrado instructor el que podrá "acordar de oficio o a instancia de parte", y una vez "oídas las partes" las "prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses".
La proposición de ley parte de Unidas Podemos que impulsó la derogación de dicho artículo --una de las principales reivindicaciones de las asociaciones de jueces y fiscales--, si bien finalmente la mayoría de los grupos parlamentarios de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja acordaron sacar adelante una enmienda transaccional para alargar los tiempos de instrucción.
Evitar la "impunidad"
No obstante, el PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y el resto de grupos parlamentarios defienden la reforma insistiendo en que el objetivo es evitar la "impunidad".
Por su parte, Vox también cree que los plazos vigentes "abren la puerta a la impunidad", por lo que apuesta por eliminar cualquier fecha tope y que sea el juez instructor el que decida cuando es oportuno concluir la investigación de cada causa. En su opinión, conviene a los partidos que han apoyado mantenerlos para "proteger casos de corrupción".
La reforma del artículo 324 de la LECrim se llevará a cabo en el tercer intento, desde que en mayo de 2017 el Congreso de los Diputados aprobara su tramitación, con el voto en contra de los 'populares'. En aquella ocasión, la iniciativa no llegó a despegar por las más de 60 ampliaciones de los plazos de presentación de enmiendas que impusieron el PP y Ciudadanos antes de que cayera la legislatura del Gobierno de Mariano Rajoy.
La segunda vez fue en septiembre de 2019 pero la disolución con motivo del adelanto electoral condenó de nuevo la tramitación de esta proposición. En febrero de este año, la Cámara Baja aprobó la toma en consideración de la proposición de ley de Unidas Podemos que ahora ha conseguido llegar hasta el Senado.
