La afectada sufre secuelas a raíz de una operación, padeciendo disfagia persistente, desnutrición severa, limitación de la movilidad cervical y de miembros superiores asociada a dolor, inestabilidad en la marcha y trastorno mixto ansioso-depresivo, precisando de supervisión y ayuda para el baño, vestido, uso del baño y movilidad, así como ayuda para ir de compras, cocinar, lavado de ropa, tareas del hogar y utilización de medios de transporte.
A pesar de que el 3 de noviembre de 2023 se le otorgó la incapacidad permanente absoluta con una base reguladora de 3.401,23 euros, un juzgado de lo Social le reconoció el grado de gran invalidez por enfermedad común, fijando su retribución con la misma base reguladora además de un complemento de 1.788,03 euros. El INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social anunciaron recurso de suplicación.
La Sala desestima el recurso y confirma la sentencia anterior porque, tal como establece la ley, la demandante se encuentra en situación de gran invalidez: necesita la asistencia de otra persona para los actos esenciales de la vida (como vestirse, desplazarse, asearse o comer) y ayuda externa para las tareas domésticas y de movilidad. Además, explica que los argumentos sobre el informe forense no pueden tenerse en cuenta en esta instancia, ya que no se solicitó la revisión de los hechos probados establecidos por el juez mediante la valoración de todas las pruebas.
La sentencia no es firme y cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
TSJ de Madrid. Sala de lo Social. Sentencia nº 534/2026 de 18 de junio de 2026.
