Sobre la posibilidad de que el juez de instrucción dicte un nuevo auto de prisión tras haber sido anulado por superior jerárquico otro auto anterior dictado por él

Nuestro TC, por todas, en las dos sentencias del TC, Sala 1ª de fecha 29-05-...

Nuestro TC, por todas, en las dos sentencias del TC, Sala 1ª de fecha 29-05-08 -EDJ 2008/81760-, afirma que conforme al art. 539 LECrim. -EDL 1882/1-, la prisión, la libertad y la imposición de fianza son modificables en cualquier momento de la causa, incluso de oficio, u0022cuando las circunstancias en orden al aseguramiento del proceso así lo requieran y con la única limitación de que medie petición de alguna parte acusadorau0022. Así pues, el hecho de que los Autos referidos a la situación personal del imputado, pese a alcanzar firmeza, no gocen en ningún caso de la eficacia de cosa juzgada, es precisamente lo que permite a las partes reiterar sus peticiones en esta materia -por más que hubieran sido ya total o parcialmente denegadas obligando al juzgador a realizar una nueva reflexión sobre la cuestión pese a haberse dictado con anterioridad resolución firme al respecto, ello por cuanto la prisión preventiva no constituye una situación jurídica intangible ni inmodificable. De igual modo, nuestro TC también viene afirmando que la adopción de tales resoluciones al amparo del art. 539 de la LECrim no está supeditada por la Ley al advenimiento de nuevos hechos en el curso del proceso, ni aún siquiera a la aportación de nuevos elementos de juicio o argumentaciones distintas de las que ya hubieran sido expuestas con anterioridad, matizando que en última instancia, y atendido el especial deber de motivación exigible para la adopción de una medida cautelar restrictiva de libertad, la decisión judicial que la acuerde, de ordinario, se sustentará en el acaecimiento de nuevas circunstancias en el curso del proceso, en la valoración de alegaciones no formuladas con anterioridad, o cuanto menos en una u0022reconsideraciónu0022 de las circunstancias ya concurrentes pero que, a juicio del propio órgano judicial, pudieron haber sido insuficiente o erróneamente valoradas.

Dicha doctrina, a mi entender, sería perfectamente aplicable a los casos en que se declare la nulidad de un Auto acordando la prisión del imputado y se acuerde su inmediata puesta en libertad, tras apreciar que el Auto de prisión ha vulnerado derechos fundamentales del imputado, entre los que cabe destacar por su importancia el derecho a la libertad recogido en el art. 17,1º CE -EDL 1978/3879-, en cuya virtud, u0022nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la Leyu0022. En tales supuestos, es dable afirmar que, conforme a dicha doctrina, y previa retroacción del procedimiento al momento inmediatamente anterior a la vulneración del derecho, sería perfectamente posible desde una perspectiva puramente jurídica, dictar nueva resolución motivada y respetuosa con el derecho fundamental vulnerado, resolución que a mi entender podría ser nuevamente privativa de libertad siempre que concurrieran los presupuestos exigidos para ello en los arts. 502 y ss. LECrim. -EDL 1882/1-, tal y como así se desprende de la lectura de la doctrina expuesta por nuestro TC y de la que son exponentes la STC de 5-05-2003 -EDJ 2003/8866 que abre la puerta a dicha posibilidad, así como la STC de fecha 23-02-2009 -EDJ 2009/21659-, en cuanto en esta última se afirma literalmente que u0022la estimación del amparo en estos casos -vulneración del derecho a la libertad no ha de implicar automáticamente la puesta en libertad del recurrente, que no procederá en caso de que concurra alguna de las causas que justifican la prisiónu0022, recordando que la adopción de dicha decisión corresponde a la jurisdicción ordinaria.

Las decisiones judiciales sobre privación de libertad, como todo acto proces...

Las decisiones judiciales sobre privación de libertad, como todo acto procesal, pueden ser declaradas nulas, entre otros motivos, cuando se prescinda de las normas esenciales del procedimiento y, por tal circunstancia, se haya podido causar indefensión (art. 238,3 LOPJ -EDL 1985/8754-). La nulidad puede originarse porque no se hayan cumplido determinados trámites de inexcusable cumplimiento como, por ejemplo, la audiencia para acordar la prisión preventiva regulada en el art. 505 LECrim -EDL 1882/1-; también porque la resolución judicial que acuerde la privación de libertad adolezca de vicios como el de falta de motivación, con incumplimiento del expreso deber de justificar la decisión establecido en el art. 506.1 LECrim y, por último, la nulidad puede deberse a que la privación de libertad se lleve a cabo con incumplimiento de sus normas reguladoras, en concreto, cuando se prolongue más allá del tiempo establecido por la ley o cuando se ejecute de forma contraria a la establecida en el ordenamiento jurídico (art. 520 y ss. LECrim.).

La Ley Orgánica del Poder Judicial en su art. 240,1 -EDL 1985/8754 establece el principio de conservación de los actos procesales según el cual cabe la subsanación de un acto nulo. La norma no establece en qué supuestos resulta posible la subsanación lo que obliga al intérprete a ir precisando esta posibilidad en función del vicio cometido y del derecho vulnerado. Además, como regla general, la apreciación de la nulidad de un acto procesal conlleva la reposición de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la haya originado (art. 241,2 LOPJ) y no se extiende a los actos sucesivos que fueren independientes (art. 243,1 LOPJ).

De las distintas posibilidades de nulidad de una privación de libertad nos centraremos en la que se produce cuando ésta se prolonga más allá del tiempo establecido en la ley, cuestión a la que se refiere el tema sometido a debate. Debe determinarse si este vicio es subsanable y qué respuesta procede.

Respondiendo a la primera cuestión, considero que el defecto es insubsanable en cuanto que la privación cautelar de libertad está sujeta por ley a unos plazos máximos imperativos que no admiten excepción, salvo los supuestos de prórroga. Así, si el juez no ha prorrogado la prisión provisional y se excede del plazo máximo no cabe convalidar o subsanar la deficiencia prorrogando de forma extemporánea la prisión por cuanto la prórroga presupone la validez y existencia del acto prorrogable.

Respondiendo al segundo interrogante, la respuesta ante un acto nulo que, a la vez, supone la violación flagrante de un derecho fundamental admite distintas posibilidades:

Si la detención es policial y la queja se plantea mediante el procedimiento de u0022habeas corpusu0022, la Ley Orgánica 6/1984 -EDL 1984/8553 faculta al juez para adoptar tres posibles respuestas: la puesta en libertad, la continuación de la privación de libertad en establecimiento distinto o la puesta del detenido a disposición judicial, sin perjuicio de las responsabilidades penales o disciplinarias a que haya lugar contra el responsable de la detención ilegal. Si el control judicial se produce al margen del habeas corpus las posibles respuestas del juez son las mismas.

Si la detención es judicial y se prolonga más allá del tiempo previsto en la ley no cabe acto seguido y con la finalidad de subsanar el problema acordar la prisión preventiva, aunque concurran los presupuestos previstos en la ley para esta última medida, porque, en vez de subsanar la deficiencia, se perpetuaría. Tal y como ya ha establecido el Tribunal Constitucional en STC 82/2003, de 5 mayo -EDJ 2003/8866-, la posibilidad de acordar la prisión preventiva en cualquier momento de la causa (art. 539 LECrim. -EDL 1882/1-) precisa de una situación previa lícita. Reformar una situación legal en modo alguno puede equivaler a la subsanación de una situación ilegal por lo que si desde una situación de detención ilegal se acuerda la prisión y se mantiene la privación de libertad, en vez de reparar la vulneración cometida, lo que se hace es mantenerla.

Se plantea si, producida una detención judicial ilegal y puesto en libertad el detenido, puede acordarse de nuevo la prisión preventiva en la misma causa. Mi posición es negativa. De conformidad con el art. 53,1 CE -EDL 1978/3879 los jueces y tribunales deban garantizar el respeto de los derechos fundamentales. Cuando se viola el plazo de detención judicial se vulnera de forma directa el derecho a la libertad en cuanto que la restricción de este derecho sólo debe hacerse en la forma y con los límites establecidos en la ley y es el plazo de duración uno de los limites esenciales razón por la que el art. 17 CE se refiere a él en el caso de la detención preventiva y de la prisión provisional. Cuando se viola ese derecho el juez o tribunal no debe limitarse a declarar la nulidad del acto con arreglo a las prescripciones de los arts. 238 y ss. LOPJ -EDL 1985/8754 sino que debe adoptar las medidas pertinentes para que se restablezca al afectado en su derecho fundamental vulnerado (STC 23/2004, de 23 febrero -EDJ 2004/5421-). Ante una infracción tan directa del derecho a la libertad, la simple nulidad del acto resulta insuficiente y debe el órgano judicial actuar como juez constitucional adoptando las medidas necesarias para la restitución de la libertad vulnerada de la misma forma que actúa el Tribunal Constitucional al resolver un recurso de amparo (art. 55,1 LOTC -EDL 1979/3888-).

Si no se respeta por el juez el plazo de detención judicial la vulneración del derecho es más grave que si quien no respeta el plazo es la policía ya que el juez es el garante último del derecho fundamental. Sería un sarcasmo que se resolviera la violación del derecho acordando la libertad para, acto seguido, acordar de nuevo la detención y posterior ingreso en prisión del detenido. La protección del derecho del art. 17 CE -EDL 1978/3879 exige un restablecimiento radical del derecho vulnerado ya que, de otra manera, la limitación temporal de la detención o la prisión carecería de eficacia real. Por ello considero que si se ha vulnerado por el Juez el derecho a la libertad no cabe acordar con posterioridad en el mismo proceso la prisión preventiva. El efecto jurídico es radical como radical debe ser la reacción ante una violación tan grave de un derecho fundamental por parte de quien es su garante,

Por la misma razón, si el juez ha vulnerado el plazo máximo de prisión preventiva debe proceder a la puesta en libertad del interno de forma inmediata sin que pueda acordarse de nuevo esta medida cautelar, ni siquiera en el supuesto de que se dicte sentencia condenatoria (504,2, párrafo último LECrim. -EDL 1882/1-) ya que lo que la ley permite en ese caso es la prórroga de la prisión provisional y, si el imputado ha sido puesto en libertad su nuevo ingreso en prisión, una vez dictada sentencia, no sería una prórroga.

La cuestión que se nos plantea es si después de producirse una vulneración...

La cuestión que se nos plantea es si después de producirse una vulneración del derecho fundamental a la libertad por haberse rebasado el plazo legal y una vez ésta es restituida, resulta conforme al contenido de dicho derecho fundamental, un nuevo acuerdo de privativo de libertad por subsistir, pese a dicha vulneración, los motivos que la justificaron.

En mi opinión la respuesta debe ser negativa, a pesar de la modificabilidad o revisabilidad propia de las medidas cautelares, reconocida en el art. 539 LECrim. -EDL 1882/1-, por cuanto esta característica sólo se predica de las medidas acordadas válidamente, esto es, con respeto a los derechos fundamentales y no en situaciones de vulneración, de modo que de acordarse nuevamente la privación de libertad, no se subsanaría el vicio que provocó la privación de libertad, sino que persistiría la vulneración.

En efecto, la constatación de una vulneración del derecho fundamental a la libertad sólo puede suponer que ésta se recobre. Así lo afirma de forma contundente el Tribunal Constitucional en la Sentencia 32/1987, de 10 marzo: -EDJ 1987/32 u0022Para ello, es menester recordar ante todo la doctrina de este Tribunal según la cual el art. 17.4 de la Constitución -EDL 1978/3879 reconoce y consagra el derecho fundamental de toda persona a no ser privada preventivamente de su libertad más allá del plazo máximo señalado por la ley, o dicho en términos positivos, a ser puesta en libertad una vez transcurrido dicho plazou0022.

Sobre la modificabilidad aplicada a este supuesto, es preciso recordar la STC 82/2003 de 5 mayo -EDJ 2003/8866-: u0022La posibilidad de reforma establecida en el art. 539 LECrim -EDL 1882/1 tiene como presupuesto normativo de referencia la existencia previa de unos Autos, que, a su vez, deben haber sido dictados de conformidad a la Ley; y eso es algo diferente de que, sobre la base de una situación ilegal de partida, tal ilegalidad pueda ser subsanada mediante la facultad de reforma establecida en dicho art. 539 LECrim. Reformar una situación legal en modo alguno puede equivaler a la subsanación de una situación ilegal. En todo caso debe precisarse que la facultad de reforma aludida no queda ilimitadamente confiada al órgano judicial.u0022

En el mismo sentido la STC 98/2002 de 29 abril -EDJ 2002/11302 y las que en ésta se cita, recuerda: u0022La prórroga o ampliación del plazo inicial de la prisión provisional requiere una decisión judicial específica que ... ha de adoptarse antes de que el plazo inicial haya expirado, pues la lesión en qué consiste el incumplimiento del plazo no se subsana por el intempestivo acuerdo de prórroga adoptado una vez superado ésteu0022.

En definitiva, cuando la Constitución en el art. 17 CE -EDL 1978/3879 establece que u0022Nadie puede ser privado de su libertad sino con la observación de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la leyu0022, y en el art. 497 LECrim -EDL 1882/1-, se establece que el Juez ante el que se haya puesto a disposición al detenido deberá elevar la detención a prisión, o dejarla sin efecto, en el plazo de setenta y dos horas; cabe afirmar, que si no se ha adoptado resolución en uno u otro sentido en ese plazo, se produce una vulneración del derecho fundamental a la libertad que sólo puede abocar a que ésta se recobre, ya que no existe una situación intermedia y difícilmente la vulneración puede ser subsanada por un acuerdo ulterior en el mismo sentido, puesto que de ser así quedarían sin contenido los plazos máximos establecidos para la detención.