¿Son competentes los juzgados de lo mercantil para conocer de los recursos contra la calificación efectuada por los registradores de bienes muebles?

Por un lado debemos tener en cuenta que el Registro de Bienes Muebles se ...

Por un lado debemos tener en cuenta que el Registro de Bienes Muebles se configura como un Registro de titularidades y gravámenes sobre bienes muebles, así como de condiciones generales de la contratación (disposición Adicional Única del Real Decreto 1828/1999, de 3 de diciembre), llevado por los Registradores de la Propiedad y Mercantiles bajo la dependencia del Ministerio de Justicia.

Por otro lado, que el artículo 86 ter punto 2 letra e) LOPJ dispone que los Juzgados de lo Mercantil conocerán de u0022(...) los recursos contra las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de recurso contra la calificación del Registrador Mercantil, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria LH para este procedimientou0022.

La creación de los Juzgados de lo Mercantil así como la asignación de competencia objetiva para las mismos se realizó a través de la modificación operada en la Ley Orgánica del Poder Judicial por medio de la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal.

En las ocasiones que se han planteado dudas sobre el alcance de la competencia objetiva de los Juzgados de lo Mercantil, la jurisprudencia ha tenido ocasión de afirmar que u0022(...) lo que determina que deba conocer el Juzgado de lo Mercantil es que el litigio verse sobre alguna de las (materias) específicamente incluidas en el catálogo del citado precepto legal, con independencia del cauce procesal por el que deba ventilarse la contienda, quedando el resto de las materias civiles para el Juez de Primera Instancia (artículo 85.1 de la LOPJ)...u0022 [por todos citamos el Auto de fecha 20 de abril de 2006 (EDJ 2006/101684)].

Vistos tales antecedentes, debemos abordar al análisis del artículo 86 ter punto 2 letra e) LOPJ. El Proyecto de Ley Orgánica para la Reforma Concursal, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, remitida por el Gobierno a las Cortes Generales no incluía la previsión que finalmente quedó plasmada –como hemos visto en el 86 ter punto 2 letra e) LOPJ. La redacción final de este apartado fue consecuencia de la enmienda núm. 21 presentada en el Senado por el Grupo Parlamentario Popular. En virtud de la misma se modificó el tenor inicial del nuevo artículo 86 ter LOPJ, atribuyendo a los Juzgados de lo Mercantil el conocimiento de u0022(...) los recursos contra las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de recurso contra la calificación del Registrador Mercantil, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria para este procedimiento...u0022.

La justificación de la enmienda señalada reza del siguiente modo: u0022(...) en relación a la nueva letra e), el artículo 328 de la Ley Hipotecaria, introducido por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, establece un procedimiento especial por el que las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado son recurribles ante los órganos del orden jurisdiccional civil. Se trata de que lo dispuesto en la Ley Hipotecaria en lo relativo a la calificación sea de aplicación al Registrador Mercantil en lo referente al recurso contra la resolución de la alzada ante la Dirección General de los Registros y del Notariado por el procedimiento especial que establece, y siguiendo el criterio de atribución, dentro del orden jurisdiccional civil, a los Juzgados de lo Mercantil, y ello de conformidad con los objetivos a los que obedece la creación de los mismos...u0022.

Por tanto, con dicha innovación se perseguía que los Juzgados de lo Mercantil conocieran del procedimiento especial instaurado por la Ley 24/2001, de 27 de noviembre, para recurrir las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado ante la jurisdicción civil cuando se tratase de calificaciones del Registrador Mercantil.

Posteriormente, en virtud del artículo 31.7 de Ley 24/2005, de 18 de noviembre, el objeto del mencionado recurso alcanzó no sólo a las resoluciones dictadas por la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de calificación del Registrador, sino directamente a las propias calificaciones negativas del Registrador.

Llegados a este punto, hay que poner de manifiesto que, como hemos tenido ocasión de mencionar más arriba, el Registro de Bienes Muebles no es un Registro Mercantil. Se trata de un u0022(...) Registro de titularidades y gravámenes sobre bienes muebles, así como de condiciones generales de la contratación...u0022.

Y la llevanza de tal clase de Registros no se encomienda a los Registradores Mercantiles, sino que u0022(...) hasta que no se modifique la demarcación registral correspondiente al Registro de Bienes Muebles, las secciones que lo integran seguirán a cargo del registrador de la propiedad y mercantil que en el momento de la entrada en vigor de este Real Decreto ostente la competencia...u0022 (vid. Disposición Transitoria Única del Real Decreto 1828/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Condiciones Generales de la Contratación).

Por tanto, a nuestro juicio, en el caso de las calificaciones efectuadas por los Registradores de Bienes Muebles ni nos hallamos propiamente ante calificaciones de los Registradores Mercantiles ni la materia objeto de calificación tiene enlace directo con ninguna de las materias relacionadas en el artículo 86 ter punto 2 LOPJ. De ahí que para alcanzar la conclusión de que tal materia se encuentra atribuida a los Juzgados de lo Mercantil sería necesario forzar de manera extensiva el texto del artículo 86 ter punto 2 letra e) LOPJ.

Dicha interpretación extensiva es contraria a la jurisprudencia que, en las ocasiones que se ha tenido que pronunciar sobre este extremo, ha puesto de manifiesto que las atribuciones a los órganos especializados u0022no pueden comprender otras cuestiones que las explicitadas en las leyes que regulan su competenciau0022 [Sentencia (Sala 1ª) del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 1993].

La creación de esta nueva jurisdicción especializada, justificada sobre...

La creación de esta nueva jurisdicción especializada, justificada sobre todo por la finalidad de concentrar en un solo órgano jurisdiccional el conocimiento de todas las pretensiones en materia concursal, ha generado un importante conjunto de controversias en relación con la delimitación de sus competencias objetivas, particularmente respecto a las materias no concursales atribuidas a su conocimiento con carácter exclusivo y excluyente. A este respecto, la relación de las materias cuya competencia se atribuye a los juzgados de lo mercantil (art. 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducido por la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal) pone de manifiesto su heterogeneidad así como la ausencia de criterios dogmáticos y sistemáticos que fundamenten dicha atribución que responde, más bien, a criterios puramente de oportunidad.

Entre las materias atribuidas a la competencia exclusiva de los juzgados de lo mercantil se incluyen «Los recursos contra las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de recurso contra la calificación del Registrador Mercantil, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria para este procedimiento». Nada se dice, sin embargo, respecto a los recursos contra las calificaciones efectuadas por los registradores encargados del Registro de bienes muebles, un registro especial que tiene por objeto la publicidad de las titularidades y gravámenes derivados de actos y contratos relativos a bienes muebles así como de las condiciones generales de la contratación. Desde el punto de vista de su organización, salvo la sección 1ª relativa a buques y aeronaves, el resto de secciones del Registro de Bienes muebles radican en los Registros Mercantiles de cada provincia cuya llevanza se encomienda, por tanto, a los titulares de éstos. Debe advertirse, no obstante, que el diseño organizativo del Registro de Bienes muebles tiene un carácter meramente transitorio así como que la determinación de la competencia registral para la llevanza de las diferentes secciones que componen dicho Registro se articula a través de un complejo entramado de normas diversas que contienen reglas registrales en ocasiones contradictorias (véase la RDGRN de 11 de abril de 2000 y en la doctrina, por todos, GÓMEZ MATOS, M., El registro de bienes muebles, Elcano, 2005, págs. 188 y ss. y FERNÁNDEZ DEL POZO, L., El registro de bienes muebles, Madrid, 2005, págs. 55 y ss). En todo caso, el hecho de que los Registradores mercantiles tengan atribuida la función de llevanza de algunas secciones de dicho registro no autoriza a identificar al Registro de bienes muebles con el Registro Mercantil (interpretando que en la práctica funcionaría como una sección de éste) pues se trata de registros separados y autónomos, con objeto y régimen diferenciados (en este sentido puede verse el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 28ª, de 30 de enero de 2009, en el que se concluye rechazando la competencia de los juzgados de lo mercantil para conocer de los recursos contra las calificaciones relativas al Registro de Bienes muebles).

La atribución a los juzgados de lo mercantil de la competencia relativa a los recursos interpuestos contra las resoluciones dictadas por la DGRN derivadas de recursos contra calificaciones del Registrador Mercantil se ha tratado de justificar con el argumento de que el acto motivador del recurso, la calificación realizada por un Registrador Mercantil, generalmente se referirá a asuntos relativos a materias propias de la competencia objetiva de estos juzgados, en particular, las sociedades mercantiles. En este sentido, también en algunos casos las calificaciones del Registrador mercantil en relación con la inscripción en el Registro de bienes muebles se referirá a asuntos de la competencia de los juzgados de lo mercantil como, por ejemplo, en materia de condiciones generales de la contratación. No obstante, al margen de que la justificación de la enmienda a través de la cual se incluyó esta materia entre las competencias atribuidas a los juzgados de lo mercantil (Enmienda núm. 21 presentada en el Senado por el Grupo Parlamentario Popular) resultaba algo más confusa («se trata de que lo dispuesto en la Ley Hipotecaria en lo relativo a la calificación sea de aplicación al Registrador Mercantil en lo referente al recurso contra la resolución de la alzada ante la Dirección General de los Registros y del Notariado por el procedimiento especial que establece, y siguiendo el criterio de atribución, dentro del orden jurisdiccional civil, a los Juzgados de lo Mercantil, y ello de conformidad con los objetivos a los que obedece la creación de los mismos»), no parece que ello sea suficiente para considerar que la competencia objetiva para conocer de los recursos contra calificaciones relativas al Registro de bienes muebles corresponde a los juzgados de lo mercantil.

Los juzgados de lo mercantil constituyen una jurisdicción especializada cuya competencia objetiva viene delimitada, en consecuencia, exclusivamente por las materias que le vienen atribuidas expresamente, correspondiendo las no atribuidas a la competencia de la jurisdicción civil. En relación con ello, sin embargo, el tenor literal de la Ley no permite resolver de manera indiscutible esta cuestión pues, si bien la referencia a recursos «contra la calificación del Registrador Mercantil» parece entenderse limitada a las calificaciones realizadas por éste en ejercicio de sus funciones propias que son las relacionadas con la llevanza del Registro Mercantil, lo cierto es que no se especifica que haya de tratarse de asuntos relacionados con el objeto de este Registro (también las calificaciones en materias objeto del Registro de bienes muebles son realizadas por el Registrador Mercantil encargado de éste). A este respecto, el criterio legal para delimitar el asunto sometido a la competencia de los juzgados de lo mercantil se refiere al sujeto emisor de la calificación (Registrador mercantil) y no al Registro en relación con el cual se emite dicha declaración. Ello, sin embargo, llevaría a sostener que la competencia objetiva para conocer de los recursos contra calificaciones registrales relacionadas con un mismo Registro (en concreto, el de bienes muebles) correspondería a distintos órganos jurisdiccionales y, del mismo modo, a que la competencia judicial cambiase en atención a la atribución de la función de llevanza del Registro (que, como hemos señalado, en el caso del Registro de bienes muebles en la actualidad se atribuye parcial y transitoriamente a los Registradores mercantiles).

Por esta razón, entendemos que el art. 86 ter LOPJ ha de interpretarse en sentido de que la competencia de los juzgados de lo mercantil se extiende al conocimiento de los recursos contra calificaciones realizadas por el Registrador Mercantil en su función originaria, propia y exclusiva de llevanza del Registro mercantil y, en consecuencia, que el conocimiento de los recursos contra las calificaciones registrales relacionadas con el Registro de bienes muebles corresponde a los juzgados de primera instancia, sean realizadas por Registradores de la propiedad o mercantiles.

El Registro de Bienes Muebles es, tal y como señala el número dos de la...

El Registro de Bienes Muebles es, tal y como señala el número dos de la disposición adicional única del RD 1828/1999, de 3 de diciembre, disposición legal por el que se crea, un Registro de u0022titularidades y gravámenes sobre bienes mueblesu0022.

Pues bien, este Registro está dividido en seis secciones que conviene enumerar en tanto pone de relieve, por razón de la materia, las inscripciones y anotaciones que proceden en dicho registro. Se trata de las secciones relativas a u0022Buques y Aeronavesu0022, u0022Automóviles y otros Vehículos a Motoru0022, u0022Maquinaria industrial, establecimientos mercantiles y bienes de equipou0022, u0022Garantías realesu0022, u0022Bienes muebles registrablesu0022 y u0022Registro de Condiciones Generales de Contrataciónu0022.

Se da el caso que esta reunión de materias se hace bajo la tutela del Registro Mercantil, y ello, no solo en cuanto a la organización material –disposición transitoria única-, sino también jurídica, en lo que sea aplicable el Reglamento del Registro Mercantil –nº 6 de la disposición adicional única-.

En este sentido conviene recordar que la disposición final 2ª de la Ley 19/1989, de 25 de julio de reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las Directiva de la CEE de sociedades establecía que los libros de buques y aeronaves llevados hasta ahora en los Registros Mercantiles, constituirán registros independientes y continuarán rigiéndose por las normas referidas a ellos hasta que se establezca el Registro de la Propiedad Mobiliaria, aspecto que se reiterará luego la disposición transitoria 13ª del RD 1784/96, de 19 de julio, por el que se aprueba el RRM, dándose la circunstancia, como hemos visto, que en la disposición de creación del Registro de Bienes Muebles lo que se acuerda no es una normativa especial ad hoc, sino la aplicación, entre otras normas, del Reglamento del Registro Mercantil.

Todo ello que resulta indicativo y justifica que autores como Jiménez Sánchez –Derecho Mercantil, volumen 1-, se refieran con la denominación u0022sistemau0022 del Registro Mercantil a para referenciar, de forma explícita, la integración en la organización del Registro Mercantil, del Registro de Bienes Muebles tomando como base para tal construcción, la disposición adicional única y transitoria únicas del RD 1828/99 ya referenciadas con anterioridad.

Es evidente, por tanto, que por razón de la materia, lo que se pretende que conste en el Registro de Bienes Muebles es un conjunto de menciones relativas a empresarios y desde esta perspectiva y de la unidad legal que respecto de estas menciones resulta de la aplicación de las reglas del Registro Mercantil, la respuesta a la cuestión podría simplificarse en un sentido positivo y general, atendido el hecho de la unificación entre registros mercantil y mobiliario y la dicción legal del artículo 86 ter-2 LOPJ-, si bien cabría en su caso aportar una respuesta más restrictiva en el sentido de extender la competencia del Juzgado de lo Mercantil frente a los actos de calificación de los Registradores solamente en relación a las Secciones vinculadas a las materias propias de la competencia de los Órganos Judiciales mercantiles –art 86 ter-2 LOPJ o a actos relacionados con dichas competencias, señaladamente, buques y aeronaves, actos vinculados a sociedades y cooperativas y condiciones generales de la contratación.