Los hechos de Cataluña de 2017 fueron insuficientes para derogar la Constitución

El Supremo condena por sedición

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El Tribunal Supremo ha condenado por sedición, y no por rebelión, a nueve exdirigentes catalanes porque cree que los hechos ocurridos en Cataluña en el otoño de 2017 fueron insuficientes para "imponer de hecho la efectiva independencia territorial y la derogación de la Constitución en el territorio catalán".

Sentencia procés

"Dicho con otras palabras, es violencia para lograr la secesión, no violencia para crear un clima o un escenario en que se haga más viable una ulterior negociación", explica el tribunal presidido por Manuel Marchena.

La sentencia, que se ha hecho pública al filo de las nueve y media de la mañana, afirma que "bastó una decisión del Tribunal Constitucional para despojar de inmediata ejecutividad a los instrumentos jurídicos que se pretendían hacer efectivos por los acusados". "Y la conjura fue definitivamente abortada con la mera exhibición de unas páginas del Boletín Oficial del Estado que publicaban la aplicación del 155 a la comunidad autónoma de Cataluña", apunta.

"Este hecho determinó a alguno de los procesados a emprender repentina huida. Los acusados que decidieron permanecer desistieron incondicionalmente de la aventura que habían emprendido", afirma la Sala, que añade que la exclusión del delito de rebelión está justificada, no sólo por razones objetivas ligadas a la falta de funcionalidad de la violencia, sino también por razones subjetivas, como por ejemplo, el hecho de que "todos los acusados eran conscientes de la inviabilidad jurídica de un referéndum de autodeterminación".

Estas son las condenas impuestas a los 12 acusados en el juicio del 'procés'

- ORIOL JUNQUERAS: Ex vicepresidente del Govern y ex Consejero de Economía y Hacienda

Condenado a 13 años de cárcel y a 13 años de inhabilitación absoluta por delitos de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía.

Fiscalía pedía 25 años de prisión y los mismos de inhabilitación por rebelión agravada en su condición de líder y malversación de fondos públicos.

Abogacía solicitaba 12 años de cárcel por sedición y malversación.

La acusación popular ejercida por VOX pidió 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.

- JORDI TURULL: Exconsejero de Presidencia y portavoz del Govern.

Condenado a 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta por delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía.

Fiscalía pidió 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos.

La Abogacía del Estado solicitó 11 años y medio de cárcel por sedición y malversación.

La acusación popular reclamaba 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.

- RAÜL ROMEVA: Exconsejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia.

Condenado a 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta por delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía.

Fiscalía pedía 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos.

La Abogacía del Estado solicitó 11 años y medio de cárcel por sedición y malversación.

La acusación popular reclamaba 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.

- DOLORS BASSA: Exconsejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia.

Condenada a 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta por delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía.

Fiscalía pidió 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos.

La Abogacía del Estado solicitó 11 años y medio de cárcel por sedición y malversación.

La acusación popular de VOX pedía 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.

- CARME FORCADELL: Expresidenta del Parlament

Condenada a 11 años y 6 meses de prisión e igual tiempo de inhabilitación absoluta por delito de sedición.

La Ficalía pidió 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por condición de jefe o promotor y por la malversación de caudales públicos.

La Abogacía del Estado solicitó 10 años de cárcel por sedición.

La acusación popular ejercida por VOX pidió 62 años de prisión por dos delitos de rebelión y organización criminal.

- JOAQUIM FORN: Exconsejero de Interior.

Condenado a 10 años y 6 meses de prisión y 10 años y 6 meses de inhabilitación absoluta por un delito de sedición

Fiscalía pidió 16 años de prisión y los mismos inhabilitado por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos.

La Abogacía del Estado solicitó 11 años y medio de cárcel por sedición y malversación.

La acusación popular pedía 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.

- JOSEP RULL: Exconsejero de Territorio y Sostenibilidad.

Condenado a 10 años y 6 meses de prisión y 10 años y 6 meses de inhabilitación absoluta por un delito de sedición.

Fiscalía pidió 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos.

La Abogacía del Estado solicitó 11 años y medio de cárcel por sedición y malversación.

La acusación popular reclamaba 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.

- JORDI SÀNCHEZ: Expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC).

Condenado a 9 años de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta por un delito de sedición.

La Fiscalía pidió 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por condición de jefe o promotor y por la malversación de caudales públicos.

La Abogacía del Estado solicitaba 8 años de cárcel por sedición.

La acusación popular de VOX pidió 62 años de prisión por dos delitos de rebelión y organización criminal.

- JORDI CUIXART: Presidente de Òmnium Cultural.

Condenado a 9 años de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta por un delito de sedición.

La Fiscalía pidió 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por condición de jefe o promotor y por la malversación de caudales públicos.

La Abogacía del Estado solicitaba 8 años de cárcel por sedición.

La acusación popular reclamaba 62 años de prisión por dos delitos de rebelión y organización criminal.

EXCONSEJEROS DEL GOVERN EN LIBERTAD

- MERITXELL BORRÀS: Exconsejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda.

Condenada a 10 meses de multa, con una cuota diaria de 200 euros, y un 1 año y 8 meses de inhabilitación especial por un delito de desobediencia. Absuelta del delito de malversación.

La Fiscalía pidió 7 años de prisión y 16 años de inhabilitación y multa de 30.000 euros por el delito de malversación de caudales públicos y continuado de desobediencia.

La Abogacía del Estado solicitó 7 años y medio de cárcel y multa de 30.000 euros por sedición y malversación.

La acusación popular reclamaba 24 años de prisión y multa de 216.000 euros por un delito organización criminal y malversación.

- CARLES MUNDÓ: Exconsejero de Justicia.

Condenado a 10 meses de multa con una cuota diaria de 200 euros, y un 1 año y 8 meses de inhabilitación especial por un delito de desobediencia. Absuelto de un delito de malversación.

La Fiscalía pidió 7 años de prisión y 16 años de inhabilitación y multa de 30.000 euros por el delito de malversación de caudales públicos y continuado de desobediencia.

La Abogacía del Estado solicitó 7 años y medio de cárcel y multa de 30.000 euros por sedición y malversación.

La acusación popular pedía 24 años de prisión y multa de 216.000 euros por un delito organización criminal y malversación.

- SANTIAGO VILA: Exconsejero de Empresa y Conocimiento.

Condenado a la penas de 10 meses de multa con una cuota diaria de 200 euros y un 1 año y 8 meses de inhabilitación especial por un delito de desobediencia. Absuelto del delito de malversación.

La Fiscalía pedía 7 años de prisión y 16 años de inhabilitación y multa de 30.000 euros por el delito de malversación de caudales públicos y continuado de desobediencia.

La Abogacía del Estado solicitó 7 años y medio de cárcel y multa de 30.000 euros por sedición y malversación.

La acusación popular pedía multa por un delito de desobediencia.