Cuando se publique el convenio que se establece para que el País Vasco asuma la gestión del Ingreso Mínimo Vital, el Gobierno autonómico ejercerá las siguientes funciones: información, iniciación, instrucción y resolución de los procedimientos administrativos sobre al derecho a la prestación; supervisión y control del cumplimiento de requisitos; función interventora; ordenación y pago de la prestación; reintegro de prestaciones indebidamente percibidas; representación y defensa en juicio; y las restantes funciones de carácter ejecutivo atribuidas al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) sobre esta prestación.
La Administración General del Estado (AGE) continuará ejerciendo las funciones que corresponden al Estado respecto a la legislación básica y al régimen económico de la Seguridad Social; la gestión y funcionamiento del Registro de Prestaciones Sociales Públicas; la administración, gestión y mantenimiento del registro y sistema informático que dé soporte a la Tarjeta Social Digital; la garantía de la unidad de criterio mediante la fijación de criterios normativos e interpretativos homogéneos; y la función interventora en la modalidad del control financiero posterior.
En cuanto a obligaciones recíprocas y funciones concurrentes de la AGE y el País Vasco, el convenio establece determinadas previsiones con el fin de garantizar los principios de igualdad y unidad del sistema de Seguridad Social en todo el territorio del Estado, especialmente en materia de actualización del sistema de la Tarjeta Social Digital y del Registro de Prestaciones Sociales Públicas, control de vivencia, movilidad de los beneficiarios, evaluaciones, seguimiento, estrategias de inclusión de las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital y elaboración de estadísticas.
Desde el punto de vista del régimen financiero, la Comunidad Autónoma dispondrá anualmente del porcentaje correspondiente al índice utilizado para el cálculo del cupo (6,24%), de acuerdo con el Concierto Económico con el País Vasco. Es decir, en 2022 recibirá 188,57 millones de euros, el porcentaje que le corresponde de los casi 3.022 millones de euros de presupuesto del Ingreso Mínimo Vital en el Estado.
Por otro lado, y con el objetivo de garantizar la correspondiente cooperación y el acceso al Ingreso Mínimo Vital y su disfrute por parte de los ciudadanos de forma igualitaria se crea una Comisión de Coordinación y Seguimiento del Ingreso Mínimo Vital, de composición paritaria y constituida por ocho miembros.
