Así lo refleja el 'Informe de Fiscalización del Consorcio Barcelona Supercomputing Center- Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), ejercicios 2015 a 2022' del Tribunal de Cuentas, recogido por Europa Press.
Por otro lado, el informe insta al consorcio que alberga el MareNostrum a reformar sus estatutos para incluir entre sus fines la gestión de proyectos de investigación.
El BSC-CNS es el centro de supercomputación de referencia en España que gestiona el MareNostrum, uno de los superordenadores más potentes de Europa que se ha actualizado en cinco ocasiones.
El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado el BSC-CNS en los ejercicios 2015-2021 por su relevancia tanto en inversión de equipos de alta tecnología como en gestión de proyectos de investigación. Con el objetivo de gestionar el supercomputador en 2005 se creó un consorcio estatal entre la Administración General del Estado (60%), la Generalitat de Cataluña (30%) y la Universitat Politècnica de Catalunya (10%).
Una vez extinguido dicho consorcio, se crea uno nuevo en 2015, con la misma participación y finalidad, y que ha sido objeto de la fiscalización.
El convenio de creación del consorcio no contemplaba la gestión de proyectos de investigación y la prestación de servicios representando en la actualidad el 83% de su actividad. De 4 millones de euros en 2005 destinados a la investigación se ha pasado a casi 150 millones en 2022.
Por ello, el informe del Tribunal de Cuentas recomienda al Consejo Rector del BSC-CNS "que promueva ante las respectivas administraciones la modificación del convenio de creación del consorcio, y de sus Estatutos, al objeto de acomodar los fines del consorcio a la realidad de su actividad".
El informe concluye, entre otras cuestiones, que el BSC está gestionado con una importante autonomía por sus órganos de dirección, mientras que el control de la Administración General del Estado y de la Generalitat de Cataluña "es limitado sobre aquellos aspectos relativos a decisiones estratégicas y operativas imprescindibles en materia de organización, planificación y determinación de recursos personales y materiales".
Por este motivo, el informe advierte de que "es deseable que el Consejo Rector del BSC-CNS, asuma el ejercicio de competencias de dirección, de tal forma que el BSC mantenga una independencia funcional de la UPC".
En este contexto, explica que las aportaciones de la Universitat Politècnica de Cataluña (UPC) no son monetarias, sino que se hacen mediante la cesión de uso de espacios y la asignación de personal a través de un régimen jurídico inspirado en la normativa reguladora de las entidades vinculadas a la investigación universitaria. Según el Tribunal de Cuentas "esto no resulta compatible con la consideración del BSC-CNS como una entidad institucional del sector público estatal".
"El BSC-CNS carece de un diagnóstico riguroso de las necesidades de personal, acusa una alta tasa de personal temporal y un elevado número de relaciones provisionales que atiende a funciones de naturaleza estructural", detalla el informe.
La fiscalización señala una serie de deficiencias de control interno, relacionadas con la utilización de determinados medios de pago, la contratación menor, los sistemas de anticipo de caja fija y los de liquidación de viajes que el Tribunal recomienda solucionar.
De la observación de la gestión, el Tribunal de Cuentas deduce que el consorcio alcanza un alto grado de éxito en dos de sus objetivos reales: la obtención de infraestructuras y de tecnología en los supercomputadores más avanzados en cada momento y la consecución de la mayor financiación posible para la gestión de proyectos de investigación.
