En un comunicado, la asociación vasca ha explicado que el operario fallecido trabajó en la empresa como albañil entre 1966 y 1997 y, entre otras tareas, realizó la reparación del tejado de uralita, bajantes y chimeneas, así como el mantenimiento del hogar de la caldera, "utilizando ladrillos de amianto, sin que la empresa le proporcionara protección respiratoria, ni información de la peligrosidad de la sustancia cancerígena". En 2016 se le diagnosticó un mesotelioma pleural y falleció en mayo de 2017.
ASVIAMIE ha criticado que, cuando se solicitó el reconocimiento de las prestaciones derivadas de enfermedad profesional, el INSS de Álava lo desestimó. No obstante, el Juzgado de lo Social Nº 4 estimó la demanda de la viuda y "declaró que la prestación de viudedad deriva de enfermedad profesional y condena al INSS a abonar la prestación correspondiente".
Sin embargo, según ha explicado, la empresa presentó recurso de suplicación contra el origen de la enfermedad alegando que "nunca debió ser citada al pleito, dado que no había sido empresario del fallecido, ni existía sucesión empresarial y teme que, tras la resolución que reconoce enfermedad profesional, se presenten otras reclamaciones por daños".
La asociación vasca ha valorado "el acierto" de la sentencia emitida ahora por el TSJPV, "cuyas consecuencias exclusivas recaen en el INSS/TGSS" y que determina que "la empresa no es congruente en su argumentario". El tribunal, ha destacado, considera que "los razonamientos de la sentencia recurrida han de calificarse de pormenorizados, adecuados y congruentes con la cuestión sometida a debate".
ASVIAMIE ha mostrado su satisfacción por la sentencia del TSJPV ya que ratifica el origen profesional del mesotelioma causante de la muerte del trabajador y "desbarata los intentos ocultadores del origen de la enfermedad por parte del INSS, Mutualia y la empresa ECN".
Plan de retirada
Por otro lado, ha insistido en la necesidad de reactivar los trámites parlamentarios en el Congreso de los Diputados para crear el Fondo de Compensación para las víctimas del amianto, "ayudando a reducir el sufrimiento al que son sometidas por reclamar la verdad sobre el origen de las enfermedades y justa compensación por el daño causado, tras décadas de incumplimiento empresarial de las normas preventivas frente a sustancias cancerígenas y causa de la epidemia de cáncer pulmonar".
Asimismo, ha señalado que "es hora de abordar planes para erradicar el amianto instalado, en cumplimiento de la Resolución del Parlamento Europeo y el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, antes del año 2032, siguiendo el ejemplo del plan aprobado por el Gobierno Navarro".
Según ha advertido, "la vida útil de gran parte de los materiales de fibrocemento instalado han caducado", lo que supone "un serio problema de salud pública, ambiental y laboral su descomposición y la liberación de sus fibras cancerígenas al medio ambiente".
