El anuncio del Ministro de Economía y Competitividad de la semana pasada sobre la aprobación del Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales "en los próximos Consejos de Ministros antes del verano" no se corresponde con la imprescindible interlocución previa del citado Ministerio proponente con el conjunto de las profesiones reunidas en Unión Profesional, que agrupa 35 Consejos y Colegios Profesionales de ámbito estatal y que representa a 966 Colegios Profesionales territoriales con una base de 1.404.000 profesionales colegiados.
Desde que se anunciara la reforma del sector, la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Economía ha recibido a muchos Consejos y Colegios profesionales, y a la propia Unión Profesional, que han informado unilateralmente sobre aspectos parciales de la gestación del borrador del Anteproyecto. No obstante, no se ha dado traslado oficialmente de ningún texto sobre el cual poder trabajar conjuntamente, lo que es necesario para regular un sector tan sensible como el de los servicios profesionales.
La posible publicación de este Anteproyecto a primeros de agosto, tal y como ha manifestado el Ministro, conllevaría un periodo de alegaciones en este mes, lo que sería no sólo gravoso sino que menoscabaría la participación de los múltiples colectivos afectados.
Por este motivo, desde las profesiones colegiadas reunidas en Unión Profesional reclaman nuevamente el establecimiento de una interlocución real y efectiva de cara a la elaboración de una Ley de Colegios y Servicios Profesionales, que venga a garantizar la independencia de las corporaciones colegiales, y sus funciones, para la mejor defensa del interés general y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El proceso prelegislativo así realizado supone un menosprecio al subsector de servicios profesionales y a los colegios, que son sus organizaciones de ordenación y control, así como una desconfianza injustificada que se manifiesta en la falta de una efectiva interlocución política y técnica, a pesar de haber sido solicitada en varias ocasiones.
Ello supone llevar a cabo una propuesta legislativa a espaldas del sector, siendo justo lo contrario a lo que se había planteado al inicio de la legislatura, despreciando con ello lo positivo y beneficioso que pueden aportar los Colegios profesionales españoles que cuentan con su organización estatal y multidisciplinar, Unión Profesional, creada hace 33 años, todo lo cual es impropio de un Estado de derecho.
