¿Cuál es la vía más aconsejable para reclamar una indemnización en casos de siniestro de la circulación: la civil o la penal?

La experiencia de haber vivido -y practicado- el famoso &ldquoJuici...

La experiencia de haber vivido -y practicado el famoso &ldquoJuicio de Faltas&rdquo donde se conocían de la gran mayoría de imprudencias cometidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor, conlleva una primera reflexión en orden a las ventajas de la vía penal: iniciación de oficio, confección de un valioso atestado con los detalles objetivos y el parecer subjetivo del instructor sometido al criterio judicial, con identificación de conductor contrario y testigos presenciales, la intervención de un médico forense que ningún costo adicional suponía para el perjudicado y la necesidad de intervención de Procurador. La consignación a efectos de los intereses del art. 20 LCS -EDL 1980/4219 era muy favorable para la víctima y muy perjudicial para la aseguradora del conductor causante del accidente.

La vía civil, por el contrario, quedaba relegada a la inexistencia de prueba acerca de imprudencia o sentencias absolutorias por inexistencia del hecho imprudente denunciado, lo cual suponía para el perjudicado: la necesidad de acudir a un proceso largo y costoso para él, dada la necesidad de intervención de Abogado y Procurador y la necesidad de ir provisto de un dictamen médico a costa del aquel.

Muy posteriormente, la llamada vía civil se vio &ldquocomplicada&rdquo por la necesidad de acudir al trámite del art. 7 del RDLeg 8/2004, mediante una necesaria reclamación previa a la aseguradora contraria.

La Ley 2/2019, de 1 de marzo, vino a modificar el Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono en el lugar del accidente, entre sus finalidades se hallaba el incremento del uso de la vía penal, dado el elevado número de víctimas y la necesidad de hacer patente la prevención general en materia penal, en una suerte de &ldquoaviso a navegantes imprudentes&rdquo, pues se amplían las penas, de modo que a mayor desvalor de la conducta mayor sanción y todo ello arropado bajo la jurisprudencia del TS acerca del principio objetivo de la creación de riesgo por la conducción, como criterio de imputación de la responsabilidad por la acusación de daños personales no materiales con motivo de la circulación.

Con esta norma el legislador lleva la imprudencia menos grave al delito -art 147.1 CP y apuntaba a la preferencia de la vía penal bajo la figura del delito leve -anteriormente falta-. Dicho de otro modo, es el propio legislador quien en 2019 dice a las víctimas de un hecho imprudente de la circulación, que es preferente la vía penal.

Como suele ocurrir con nuestro legislador, con dicha reforma dio &ldquouna de cal y otra de arena&rdquo. En efecto, atrajo la imprudencia leve al ámbito penal para &ldquoescarmiento&rdquo del conductor imprudente, pero introdujo la &ldquodiscrecionalidad judicial&rdquo, y así, la entidad de la imprudencia &ndashgrave o leve reclama ser apreciada &ldquopor el Juez o Tribunal&rdquo y con ello deja a la víctima ante la tesitura de acudir a una u otra vía y ello máxime ante la gran cantidad de autos de archivos dictados por los Jueces de Instrucción.

En conclusión, en supuestos de imprudencia menos grave, es muy probable que se acabe ante la vía civil, donde el enfrentamiento víctima-aseguradora se acentúa en relación a la vía penal.

Es evidente que la vía penal se antoja más favorable para el perjudicado, dada la investigación de oficio del Juez, la intervención del forense que ningún costo tiene para aquel y cuyo dictamen tiene una influencia directa en las aseguradoras contrarias, además de la no necesidad de la figura del procurador y la mayor rapidez procesal, dado el notorio colapso que la jurisdicción civil padece.

La vía civil es mucho más cara para la víctima y no da mayores garantías que la penal, al contrario, bajo mi punto de vista el perjudicado siempre ha estado más protegido en la sede penal que en la civil. El recuerdo del viejo Juicio de Faltas viene a mi memoria en tal sentido.

Entiendo que la consulta parte de la premisa de que, tras un accidente ...

Entiendo que la consulta parte de la premisa de que, tras un accidente de tráfico, se siguen diligencias previas penales, v.gr., por un supuesto delito de lesiones del art. 147.1 CP, existiendo indicios suficientes de que el accidente se ha producido con infracción grave de la Ley de Tráfico -art. 76 RDLeg 6/2015 EDL 2015/188103-, porque de no concurrir el citado presupuesto, como se sabe, desde 2015, el legislador ha establecido el cauce &ldquocivil&rdquo adecuado para sustanciar las indemnizaciones derivadas de los accidentes de tráfico con cargo al seguro obligatorio del automóvil, a través de la vía establecida en el art. 7 RDLeg 8/2004, en el que, llegado el caso -siempre que el asegurador formule oferta motivada y el perjudicado no esté conforme y así lo solicite expresamente-, puede intervenir el médico forense emitiendo informe en la fase extrajudicial previa, con el que poder evitar la judicialización de la reclamación indemnizatoria.

Por este cauce, como se ha dicho, la intervención del médico forense es optativa para la persona perjudicada, por lo que, si lo que se pretende, es acudir a la vía judicial civil para desplegar en esta jurisdicción los informes periciales de parte para confrontarlos con los informes médicos de la aseguradora, nada obsta a tal posibilidad, prescindiendo del trámite de emisión de informe por el médico forense en la fase extrajudicial previa. Parece subyacer en quien así opina que no es conveniente la intervención del médico forense, temiendo que éste &ldquotire a la baja&rdquo las pretensiones indemnizatorias de la persona perjudicada, actitud que, a falta de otra explicación, podría enmascarar una demanda con un quantum indemnizatorio sobrevalorado, extremo que, creemos, puede ser tenido en cuenta por el Tribunal civil a la hora de valorar, conforme a las reglas de la sana crítica, los informes periciales de parte aportados por la demandante.

Pero si el Juzgado ha instruido diligencias previas penales, salvo que de la denuncia se desprenda, de manera inequívoca, que se está en presencia de una imprudencia leve despenalizada, el Juzgado debe acordar, de conformidad con lo dispuesto en el art. 355 LECrim -EDL 1882/1-, la emisión por el médico forense de los correspondientes partes de la lesión hasta la completa sanidad, con independencia de que el perjudicado cuente con informes periciales de parte, que pueden ser aportados al procedimiento penal en curso, o de que, incluso, haga reserva de la acción civil para reclamarla separadamente. Sea como fuere, el informe médico forense emitido resultará de gran utilidad para poder llegar a un acuerdo entre perjudicado y asegurador, y, en el caso de que el Juzgado decrete el sobreseimiento de la causa por llegar a la convicción de que la imprudencia es leve, dejando abierta la vía civil para la reclamación de las indemnizaciones oportunas, también puede servir el informe forense emitido en la vía penal a los efectos de lo dispuesto en el art. 7.5 RDLeg 8/2004.

Para terminar, los médicos forenses a la hora de emitir sus informes no tienen por qué agradar a ninguna de las partes en liza, ni a la perjudicada ni a la aseguradora tienen que cumplir con su cometido y para ello se trata de un cuerpo especializado dotado de total objetividad e independencia, aunque sí es cierto que parece existir cierta tendencia de algunos perjudicados a evitar su intervención en según qué reclamaciones indemnizatorios. Sin embargo, quien aquí opina no rehúye de los informes forenses ni en la vía civil ni en la penal ante, al contrario, se los considera una garantía adicional para la persona perjudicada al alejarla, en muchos casos, de pretensiones indemnizatorias insostenibles o poco fundadas.

En mi opinión y según mi experiencia está...

En mi opinión y según mi experiencia está dando buenos resultados acudir a la vía civil que a la penal, no sólo porque en esta sede el perjudicado puede aportar su propio dictamen pericial médico frente a la que haya presentado o vaya a presentar la aseguradora, sino también porque a tenor del art. 5 LRCSCVM en caso de disconformidad con la oferta motivada podemos solicitar la valoración del médico forense a cargo de la aseguradora, profesional que una vez emite el correspondiente informe obliga a la aseguradora a emitir una nueva oferta motivada en el plazo máximo de un mes desde la recepción por su parte del correspondiente informe forense, que frecuentemente revisa al alza su oferta motivada con base en el informe emitido por el Instituto de Medicina legal.

Este informe -esto me parece muy relevante nos sirve, de ser necesario, como base y guía para encargar a un especialista en valoración del daño corporal el correspondiente dictamen pericial para el caso de que un nuevo rechazo a la oferta motivada nos obligue a acudir a la jurisdicción civil, sede en la que tampoco suele condenarse a ninguna de las partes al pago de las costas procesales debido fundamentalmente a que en la mayoría de los supuestos las demandas son estimadas parcialmente, sin sustancialidad, eliminándose así unos de los problemas a los que se enfrentaban los profesionales del derecho cuando interponían la correspondiente demanda en lugar de una denuncia.

Lógicamente esta vía civil sólo es viable en el caso de que las partes de común acuerdo y a costa de la aseguradora estén conformes con pedir informe al Instituto de Medicina Legal, y claro está en el caso de que exista oferta motivada, ya que en caso contrario la vía indicada será la penal con petición de emisión de informe por el Médico Forense del lugar del siniestro o el del lugar del domicilio del perjudicado.

Tras la despenalización de las faltas y aún con la ...

Tras la despenalización de las faltas y aún con la aprobación de la Ley Orgánica 2/2019 que amplió el ámbito de los delitos leves de lesiones imprudentes con el resultado del artículo 147.1 CP, considero que la reclamación ante la jurisdicción civil por las lesiones graves o muy graves sufridas por un accidente de circulación ha sido y sigue siendo un trámite procedimental más complicado y más costoso económicamente que el acudir a la vía penal.

Considero que es más aconsejable acudir a la vía penal para formular estas reclamaciones porque, en primer lugar, no hace falta solicitar un informe pericial privado de un médico o facultativo para que valore las lesiones sufridas porque se puede recabar directamente del Juzgado, que acordará la práctica oficial del informe pericial por los médicos forenses, sin que ello impida la posibilidad de que se puedan presentar por el perjudicado informes médicos de parte que amplíen el resultado lesivo, secuelas y la puntuación baremada, en segundo lugar, al formularse la reclamación mediante denuncia y practicarse el informe pericial médico forense de oficio, la compañía de seguros del vehículo contrario deberá ofertar justamente una indemnización en base a dicho informe médico judicial y, por lo tanto, ajustarse a las normas sobre la oferta y devengo de intereses, y ello sin perjuicio de que la aseguradora requiera al perjudicado para que se examinado y reconocido por su servicio médico privado, lo que motivará que se lleguen a acuerdos transaccionales con mayor celeridad e idoneidad y en tercer lugar, la duración de un procedimiento civil en reclamación de cantidades derivadas de accidentes de circulación -normalmente juicio ordinario es normalmente superior y mucho más farragosa que la sustanciación de un sencillo juicio sobre delitos leves regulado en los artículos 962 y siguientes LECrim. en el que siempre podrá ser parte y ejercitar las correspondientes acciones penales y civiles el perjudicado como Acusación Particular, y la misma conclusión podemos alcanzar respecto de la duración y tramitación de los recursos a formular contra las sentencias dictadas en estos juicios sobre delitos leves que en la alzada será dictada directamente por la Sección correspondiente de la Audiencia Provincial constituida por un solo Magistrado y en un plazo muy inferior a la tramitación y resolución de los recursos contra las sentencias civiles que podrá abarcar incluso el recurso de casación en función de la clase de procedimiento y cuantía reclamada pero que siempre tendrán una duración y coste superior a los planteados en la vía penal.

Es cierto que la reforma del Código Penal de 1995 operada por...

Es cierto que la reforma del Código Penal de 1995 operada por la Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor, se ha abierto la opción penal para los casos de las imprudencias menos graves cuyo resultado sea constitutivo de lesiones del art. 147.1 CP que, parece estar todo el mundo de acuerdo, constituyen la mayoría de los casos de eventos viales.

Antes de la reforma indicada, la operada por la LO 1/2015 había producido como efecto la remisión mayoritaria a la vía civil al dejar fuera del ámbito penal aquella siniestralidad lo que implicó, no solo una evidente sobre carga de la jurisdicción civil, sin posibilidad de transacción al carecer de informe forense, sino la imposición a los perjudicados de buscar médico especialista en valoración en daño corporal para que se emitiera un informe de parte para que el juez civil tuviera una pericial de parte con la que poder valorar el alcance real de las lesiones y su correspondiente indemnización.

La Ley 35/2015, de 22 de septiembre -EDL 2015/156576-, quiso no obstante facilitar el acceso al forense vía extrajudicial siempre y cuando hubiera oferta motivada. Pero dado que, si la aseguradora incumplía con su obligación de efectuar la oferta motivada, se impedía toda posibilidad de acudir al forense extrajudicial, con lo que a la postre el modelo tampoco modificó en exceso la situación. Por otro lado, conforme al art. 7.5 LRCSCVM, solo en caso de disconformidad del perjudicado con la oferta motivada permitía a las partes, de común acuerdo y a costa del asegurador, solicitar informes periciales complementarios, incluso al Instituto de Medicina Legal siempre que no hubiese intervenido previamente.

Ello explica que la reforma del CP ha venido a recuperar mayoritariamente la vía penal.

Pues bien, partiendo de lo anterior, se pregunta si es esta vía o la civil la más adecuada para obtener una indemnización por razón de un siniestro viario.

Desde mi punto de vista, lo es sin duda cuando, conforme a lo expuesto sea factible, la penal por, entre otras, las siguientes razones.

En primer lugar, porque si en la vía civil la presentación de demanda requiere preceptivamente de la formulación de una reclamación del perjudicado conforme lo exige el art. 7.8 LRCSCVM en el ámbito penal no hay tal exigencia, de manera que puede presentarse denuncia y después formular la reclamación correspondiente al asegurador art. 7.1.3º

En conclusión, la presentación de la reclamación por el perjudicado antes de la denuncia no es necesaria de forma tal que éste podrá presentar la denuncia sin aportar esta reclamación.

En segundo lugar, porque al presentar denuncia el lesionado puede pedir ser reconocido por el médico forense, aportando partes médicos y gastos de que disponga al momento del examen.

En tercer lugar, porque si en la denuncia se hace referencia no solo al efecto penal del hecho sino también al civil, la denuncia actúa interrumpiendo la prescripción frente a la aseguradora que, conforme al art. 7.1.2º LRCSCVM es de un año.

En cuarto lugar, porque el perjudicado puede presentar la reclamación del art. 7.2 LRCSCVM a la aseguradora una vez obtenga el parte médico forense donde conste el alcance lesional, condicionando ya la oferta de la propia aseguradora pues ésta puede efectuarla atendiendo a los parámetros del informe forense con lo que de aceptable que pudiera resultar para el lesionado.

En quinto lugar, porque la obligación de la aseguradora de consignar nace desde esta reclamación fehaciente conforme al art. 7.2.4 LRCSCVM.

Y, en sexto lugar, porque se recupera tanto el auto de suficiencia de la cantidad consignada conforme a lo dispuesto en el art. 9.1.b LRCSCVM, como el auto de cuantía máxima en caso de sentencia absolutoria -no de archivo en el juicio por delito leve, ya que el art. 13 LRCSCVM, y también la concesión de la pensión provisional del art. 765 LECrim que constituye sin duda una de las ventajas que confiere al perjudicado la vía penal.

El trasiego legislativo motivado por las Leyes Orgánicas 1/20...

El trasiego legislativo motivado por las Leyes Orgánicas 1/2015 -EDL 2015/32370 y 2/2019 -EDL 2019/5576-, no es demostrativo de una especial coherencia en nuestro legislador, pero sí refleja su clara posición sobre la mayor eficacia para el denunciante de la vía penal, frente a la civil.

Como es sabido, la LO 1/2015 derogó el art. 621 CP, que era la base para que la justicia penal se pronunciara en la mayor parte de los accidentes de tráfico que generan lesiones de las comprendidas en el art. 147.1 CP. La marcha atrás en esta solución que significa la LO 2/2019, no se justificó en razones de política criminal, sino simplemente en las quejas de asociaciones de víctimas, que veían más gravosa la obligatoriedad de acudir al procedimiento civil para efectuar las oportunas reclamaciones.

Es decir, la imposición de una pena al causante, la generación de antecedentes penales con las importantes consecuencias que ello puede conllevar -art. 136.1 CP-, o la imposición de costas en exclusiva, consecuencias de residenciar en el ámbito penal tales controversias, no fueron tenidas en cuenta.

Por tanto, el legislador considera que el ejercicio de la acción ante la jurisdicción penal es más beneficioso para el perjudicado.

Aunque ello parece ser cierto, creo que en primer lugar al decantarse por la jurisdicción civil o la penal debemos analizar las circunstancias del siniestro. No debemos olvidar que el Juez civil para resolver partirá de la teoría del riesgo que consagra el art. 1.1 LRCSCVM -consecuencias lesivas-, mientras el Juez penal valorará la responsabilidad imputada atendiendo a la presunción de inocencia y, finalmente, al . Por ello, es necesario ser cuidadoso al interponer la acción penal cuando, dadas las circunstancias del siniestro, resulte la pretensión abocada al archivo o, aún peor, al dictado de una sentencia absolutoria que dilatará sobremanera la reclamación.

En este ámbito me remito a los argumentos de la relevante sentencia dictada por la Sala 1ª del TS el 10 de septiembre de 2012 -EDJ 2012/254449-:

&ldquoSin embargo, en trance de unificar la doctrina existente con efecto de fijación de jurisprudencia, dada la divergencia existente entre las distintas audiencias provinciales, nos inclinamos por entender que la solución del resarcimiento proporcional es procedente solo cuando pueda acreditarse el concreto porcentaje o grado de incidencia causal de cada uno de los vehículos implicados y que, en caso de no ser así, ambos conductores responden del total de los daños personales causados a los ocupantes del otro vehículo con arreglo a la doctrina llamada de las condenas cruzadas&rdquo.

Al margen ello, resulta indudable que la vía penal ofrece ventajas para el perjudicado. Primeramente, se ejercita directamente, sin necesidad de acudir al trámite previo previsto en el art. 7 LSRCSCVM. En segundo lugar, no hay que abonar una pericial, al contar con la del médico forense -sin coste-. En tercer lugar, la experiencia demuestra que la tramitación es mucho más rápida. Además, la condena en costas del denunciado es automática para el responsable penal, sin valorar el resultado de la reclamación por responsabilidad civil -aunque sufriera una muy relevante minoración por un evidente exceso en la pretensión ejercitada-.