Esta concentración ha tenido lugar al mismo tiempo en diversas ciudades españolas con objeto de reclamar un mayor compromiso por parte de las administraciones públicas para salvaguardar la calidad del servicio.
En Málaga, más de 1.800 abogados de oficio atienden cada año a casi 40.000 ciudadanos, garantizando de este modo que todas las personas tengan derecho a una tutela judicial efectiva, independientemente de su situación y de sus recursos económicos.
El decano ha afirmado que el sistema español de Justicia Gratuita es uno de los mejores del mundo y cuenta con un alto nivel de satisfacción por parte de los usuarios. Sin embargo, la retribución media de los letrados de oficio no alcanza los dos euros la hora.
El Colegio de Abogados de Málaga trabaja para que se dignifique la labor de los abogados del turno de oficio y que se aumenten las retribuciones de una manera realista y rigurosa, atendiendo a la importancia de su función y eliminando las notables diferencias que actualmente existen entre las diferentes comunidades autónomas.
Recurso contencioso-administrativo
Por otra parte, el decano ha informado de que el Colegio de Abogados de Málaga presentado esta misma mañana un recurso contencioso-administrativo contra la Orden de 13 de febrero de 2018, por la que se aprueban los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita prestados en el turno de oficio por los profesionales de la abogacía en la Comunidad Autónoma.
Esta decisión está fundamentada en el informe realizado por la Comisión del Turno de Oficio, que ha contado con las aportaciones que han realizado las subcomisiones de Extranjería, Violencia de Género, Menores, Penitenciario y por el Grupo de Abogados Jóvenes.
El Colegio considera que determinados artículos de citada Orden vulneran la Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita, de 10 de enero; el decreto 67/2008, de 26 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía; el III Plan Integral para la Inmigración en Andalucía, de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía; y la Ley Orgánica de Protección de Datos, al exigir en las transacciones extrajudiciales la aportación del documento de dicha transacción, el cual incluye datos especialmente protegidos.
