Según ha informado UGT en un comunicado, el real decreto fijaba el incremento de las pensiones de 2012 en un 1%, mientras que el IPC de ese año era del 2,9%. El sindicato presentó denuncias centrándolas en obligar al Gobierno a respetar la normativa comunitaria y los tratados internacionales, así como el artículo 12 de la Carta Social Europea.
El juzgado barcelonés ha declarado que la rebaja en el incremento de las pensiones de 2012 vulnera la Carta Social Europea, y la sentencia dicta que la medida del Gobierno central no concreta ni detalla con qué medida contribuirá a resolver el problema de la crisis --pretexto con el que no se revalorizaron las pensiones-- y que, por contra, afecta de forma sustancial al nivel de las pensiones, contribuyendo a su precarización y empobrecimiento.
