Las dos fiscales que investigan el «caso Púnica» consideran que el Presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, es culpable de haber desviado fondos públicos. Sin embargo, sus superiores jerárquicos les impiden proseguir con el procedimiento. En este contexto, la Asociación de Fiscales Independientes (APIF) denuncia en un comunicado los obstáculos para investigar con autonomía e independencia tramas de corrupción, como las que se siguen contra el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Ordoñez en el «caso Bankia», o el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en el «caso Púnica».
«No podemos entender que el Ministerio Fiscal, en este procedimiento, no haya apoyado, al menos, que tales responsables públicos comparecieran como investigados en este procedimiento. Ha tenido que ser la Sala la que obligue a que se practiquen estas declaraciones», denuncia la asociación.
Para el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en recientes declaraciones a los medios de comunicación, constituye una anomalía «que las fiscales del caso Púnica se hayan negado a firmar el escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que pide que no se le investigue» en la causa contra el presidente de Mucia, Pedro Antonio Sánchez.
En esta línea, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha asegurado que el Ministerio Público no ha recibido presiones en su decisión de pedir que no se investigue al presidente de Murcia, y que este criterio está «totalmente fundado en la legalidad».
El comunicado de APIF critica las dificultades que tienen los fiscales para investigar causas penales y reclaman un nuevo Reglamento moderno y garantista- el actual procede de la época franquista, Decreto 437/1969)- para que el Ministerio Fiscal sea el encargado de la instrucción, como así ocurre en casi todos los países de Europa- mostrando preferencia por el modelo italiano- por ser más garantista de los derechos de los ciudadanos y más eficaz en la persecución de las causas penales complejas (drogas, terrorismo, corrupción).
Para ello, proponen la creación de una comisión en el seno del Ministerio de Justicia integrada por jueces y fiscales que aborde las siguientes reformas:
1) Unificación de las carreras, judicial y fiscal; ello permitiría reducir costes y otorgar el mismo estatuto a uno y otro si bien con funciones diferenciadas.
2) Funcionamiento jerárquico pero independiente, sin que el Gobierno pueda dar instrucciones o indicaciones al fiscal general del estado.
Por su parte, el FGE y los Fiscales Jefe pueden dar instrucciones u órdenes a los fiscales, con dos matices:
- Han de ser de carácter general para garantizar la unidad de actuación del Ministerio Fiscal.
- Se prohíbe dar órdenes concretas en el ejercicio de la función investigadora de los fiscales en un caso determinado, salvo que se cumplan dos premisas:
a) Deben ser escritas, motivadas e incorporadas al procedimiento.
b) Deben ser de carácter positivo, ordenando la incoación de un procedimiento; se excluye, por tanto, la prohibición de perseguir un delito.
3) La figura de la avocación (que un Fiscal jefe asuma el caso de un subordinado) o la sustitución de un fiscal por otro, ha de ser excepcional. Esta decisión ha de ser escrita, motivada u debe contar a posteriori con la aprobación por el Consejo Fiscal.
4) Reforzar la especialización (en temas de terrorismo, cibercrimen, delitos económicos, etc), así como una mayor coordinación de las causas complejas por varios fiscales.
5) Inversión en medios humanos y materiales.
APIF considera que «con estas reformas podría dotarse a España de un merecido procedimiento penal moderno, con instrucciones más técnicas y ágiles».
