La Sala le ha impuesto también una pena de multa de más de un millón y medio de euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de cinco años. El empresario deberá indemnizar a la Seguridad Social con más de 524.000 euros.
Los hechos comenzaron en enero de 2016, cuando el condenado constituyó una empresa dedicada a la compraventa, los arrendamientos, la rehabilitación y la restauración de inmuebles, en la que realizaba funciones de administración y dirección.
Un año después, en enero de 2017, el empresario puso en marcha otra firma dedicada a la construcción de edificios residenciales de la que era administrador único.
La sentencia mantiene que el empresario dejó de abonar las cuotas patronales y la cuota obrera retenida a los trabajadores, por lo que acumuló una deuda con la Seguridad Social que superó el medio millón de euros entre las dos empresas, durante los ejercicios de 2016 a 2019.
Según considera probado el Tribunal, actuó con ánimo defraudatorio en la administración y gestión de las dos mercantiles que tenían una actividad económica similar, con confusión patrimonial y de plantilla entre ambas.
La sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
AP de Castellón. Sección Segunda. Sentencia nº 150/2023 de 13 de abril de 2023.
