
Estas sentencias que día a día copan los medios de las diversas regiones del país demuestran un avance significativo en la lucha contra prácticas anticompetitivas que han perjudicado a miles de compradores de vehículos durante años.
Desde la legaltech malagueña Cartel.es señalan que, a pesar de la multa de casi 170 millones impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es insuficiente, se debe luchar por los más de 9 millones de usuarios afectados por el cartel que estiman hay en España.
Según explica Gonzalo G. de Diego, abogado y Co-CEO de la legaltech Cartel.es, “es importante observar que el sistema judicial está funcionando y los derechos de los consumidores españoles están siendo defendidos. Estas sentencias favorables demuestran el compromiso de los tribunales con la justicia y, aunque el camino aún es largo, la dirección es la correcta”.
Por ello, desde la compañía insisten de la importancia del informe pericial para lograr que el afectado salga victorioso en su reclamación. Los precedentes muestran que los tribunales han sido estrictos en exigir informes periciales bien fundamentados. Esto resalta la necesidad de una preparación meticulosa de la documentación y el análisis técnico para fortalecer las demandas, así como contar con el respaldo de un bufete de abogados que asesore y analice al detalle cada caso y cada usuario en particular.
La tecnología, aliada contra el Cartel de Coches
Los avances tecnológicos se han convertido en un aliado indispensable para aligerar los procesos judiciales. Por ejemplo, en Cartel.es han creado un software que valida en segundos todos los datos del cliente y verifica que el coche en cuestión se ajusta a los criterios correctos indicando simplemente el año de compra, la marca, el coste y la matrícula.
Bajo el lema “si no ganamos, no nos pagas”, este servicio permite a cualquier persona o empresa de cualquier tamaño realizar una búsqueda gratuita para comprobar si los vehículos comprados durante los años que el cartel estuvo activo están afectados, y así cuantificar la indemnización a la que tienen derecho.

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