El Colegio de la Abogacía de Madrid ha presentado una hoja de ruta para seguir avanzando en la dignificación de la abogacía de oficio en un 12 de julio, Día de la Justicia Gratuita, que será recordado por la inauguración de la primera plaza dedicada a este colectivo que integran más de 4.800 profesionales en Madrid.
La presentación de este espacio público ubicado en la confluencia de las calles de Jesús y de las Huertas, en el histórico barrio madrileño de Las Letras, ha sido el momento álgido de una jornada marcada por el reconocimiento a la importante labor que realiza la abogacía de oficio y la reivindicación para seguir mejorando las condiciones en las que prestan un servicio público esencial para garantizar la tutela judicial efectiva.
Reconocimiento unánime
El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y el decano del ICAM, Eugenio Ribón, han oficiado el acto inaugural de la nueva Plazuela del Turno de Oficio, al que también ha acudido un nutrido grupo de letrados y letradas pertenecientes al Turno de Oficio del ICAM, así como representantes municipales y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
“Hoy es un día histórico y profundamente emotivo para todos nosotros. Al inaugurar esta plaza, rendimos homenaje a todos aquellos abogados y abogadas que, día tras día, noche tras noche, ponen su conocimiento, su tiempo y su corazón al servicio de aquellos que más lo necesitan. Su labor es a menudo silenciosa, pero su impacto es inmenso y transformador. Ellos son los verdaderos guardianes de los derechos y de la justicia en nuestra sociedad”.
Con estas palabras, el decano madrileño ponía en valor a un colectivo que encarna como ningún otro los principios de justicia, igualdad y dignidad. “El Turno de Oficio es la garantía de que cada ciudadano, sin importar su situación económica, pueda tener acceso a una defensa justa y competente. Este compromiso no es un mero trámite, es una vocación, un llamado al que los abogados respondemos con dedicación y entrega”, declaraba.
Para Ribón, la nueva plazuela “simboliza la perseverancia, la ética y el sacrificio. Simboliza las innumerables horas de trabajo, las noches sin dormir y las luchas en los tribunales, siempre con el firme propósito de proteger a los más vulnerables. Cada rincón de este espacio refleja nuestra gratitud y respeto hacia esos abogados y abogadas que, a pesar de las adversidades, nunca dejan de luchar por la justicia”, concluía.
La Plazuela del Turno de Oficio “es un reconocimiento unánime dentro del pleno del Ayuntamiento de Madrid al conjunto extraordinario de profesionales que hay en el ámbito del turno de oficio”, recordaba Martínez-Almeida. Un reconocimiento, precisaba el alcalde, de carácter personal a cada uno de ellos “porque somos plenamente conscientes de los sacrificios y dificultades” que afrontan, pero también un reconocimiento institucional a la defensa de un pilar insustituible del estado de derecho como es el artículo 24 de la Constitución.
“Hoy Madrid lo que quiere rendir es homenaje al Estado de derecho a través de la aportación indispensable e imprescindible de todos los profesionales que conforman el Turno de Oficio”, concluía.
Reivindicación
Pero no todo ha sido reconocimiento. La reivindicación de mejores condiciones para los profesionales adscritos al Turno de Oficio ha centrado parte del discurso del decano en el arranque del foro celebrado a primera hora de este viernes con la participación del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid.
Tras reconocer los esfuerzos realizados por el Gobierno regional para mejorar progresivamente las condiciones de la abogacía de oficio, con una reciente actualización lineal de los baremos y la incorporación de actuaciones que no estaban retribuidas, el decano del ICAM ha desglosado una serie de reivindicaciones incluidas en la hoja de ruta de la Junta de Gobierno del ICAM para seguir dignificando la justicia gratuita.
Hoja de ruta
La primera medida pasa por que todas las actuaciones desarrolladas por los profesionales designados por turno de oficio sean abonadas, incluso en casos donde se deniegue la justicia gratuita al solicitante.
También resulta crucial fijar baremos dignos que retribuyan adecuadamente las actuaciones de los profesionales designados y establecer un método de actualización periódica de dichos baremos, tal y como se viene negociando con la Consejería de Justicia.
Del mismo modo, la Junta de Gobierno del ICAM solicita modificar la obligatoriedad de la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita a todos los colegiados, una imposición que resulta “injusta y anacrónica” y que hace de la abogacía la “única profesión del mundo” sujeta a este tipo de requerimiento.
Por otra parte, Ribón ha manifestado la necesidad de ajustar los límites económicos de acceso al beneficio de justicia gratuita, actualmente referenciados al IPREM, para evitar que se restrinja el derecho de acceso a la justicia a personas con pocos recursos económicos.
Asimismo, se debe garantizar el derecho a la conciliación de los abogados y abogadas para permitir equilibrar su vida profesional y personal, además de garantizar el derecho a la desconexión digital y al descanso. Finalmente, para facilitar la labor de los abogados de oficio, el decano del ICAM considera crucial reducir la carga burocrática para que puedan centrarse en la defensa de sus clientes.
Todo ello, recordaba el decano, pasa por la modificación de manera urgente de la Ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita para adaptarla a las transformaciones sociales y garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos, sin depender exclusivamente de la vocación y dedicación de los profesionales del turno de oficio.
Acuerdo de largo alcance
Cuando se cumple prácticamente un año desde su llegada a la Consejería de Presidencia,
Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín ha realizado un balance sobre el estado de la Administración de Justicia en la región en términos de dotación de recursos, infraestructuras y digitalización.
A nivel presupuestario, García Martín ha destacado “el empeño del Ejecutivo autonómico para que todos los madrileños puedan acceder a este servicio público para sufragar el coste de este servicio tan necesario para las personas más vulnerables, recordando que los baremos establecidos en la región se “muy por encima de los aprobados por
el Ministerio de Justicia”. Con un millón y medio menos de habitantes de los que residen en los territorios dependientes del Ministerio de Justicia, explicaba, “destinamos 3,5 millones de euros más”, casi un 30% más por persona.
También ha puesto en valor el incremento de la dotación presupuestaria en 2024 para
garantizar este derecho constitucional de un 9,2% con respecto a 2023 hasta
alcanzar los 56,3 millones de euros, sufragando la subida de todos los módulos de
abogados de forma lineal un 4% y la creación de cuatro nuevos baremos por
actuaciones profesionales no contempladas en el Reglamento de Asistencia
Jurídica Gratuita -recurso de apelación contra auto de prisión, escrito de
reconvención, orden de alejamiento y doble condición acusación/defensa-.
Este esfuerzo presupuestario se ha visto acompañado por un impulso del diálogo institucional para cerrar un acuerdo de largo alcance con la abogacía para dar estabilidad y confianza a todos los profesionales adscritos al turno de oficio. Un acuerdo, que según ha avanzado, espera poder tener cerrado a la vuelta de verano.
“Las personas cuando realizan su trabajo tienen que tener certidumbre, y por eso el compromiso que adquirí de tratar de llegar a un acuerdo de largo plazo, no podemos seguir actualizando los baremos presupuesto a presupuesto, sino que puedan tener una actualización constante para que los profesionales no pierdan poder adquisitivo y tengan una cierta certidumbre a la hora de realizar su trabajo”, ha precisado.
En el ámbito de las infraestructuras, el Ejecutivo autonómico actuará sobre el 90%
de los órganos judiciales a lo largo de la presente legislatura, con una inversión
superior a 830 millones de euros en los próximos años. La construcción de la nueva Ciudad de la Justicia de Madrid representa el mayor proyecto, con un presupuesto estimado de 683 millones de euros y la unificación de 26 sedes judiciales en una sola parcela ubicada en Valdebebas. El complejo, según anunció el consejero, contará con espacio para el Colegio de la Abogacía de Madrid.
Héroes al servicio de la ciudadanía
Para finalizar el evento, el decano del ICAM ha apelado a los operadores jurídicos presentes en la sala a empatizar con los profesionales del Turno: “cuando vean un abogado de oficio, mírenle con la máxima empatía, ese abogado en ocasiones lleva 24 horas de guardia seguidas sin descansar. Véanle con los valores que representa, es un héroe al servicio de la ciudadanía”.
