En estas jornadas, que se celebran hoy y mañana en Valladolid, se van a sentar las bases para esta nueva norma, cuyo contenido está ya negociando la Abogacía con el Ministerio de Justicia.
“Es necesario contar con una nueva ley de Asistencia Jurídica Gratuita, porque la ley de 1996 no da cobertura a las necesidades actuales. Este es el tema que vamos a tratar en estas jornadas. Es una urgente necesidad”, afirmó en la inauguración la presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega.
Para ello, señaló Ortega, se está haciendo y se va a hacer en estas jornadas un “ejercicio de escucha al conjunto de los profesionales, a la abogacía joven, a las asociaciones implicadas en Justicia Gratuita y a la clase política”.
En la inauguración intervino Sofía Puente Santiago, secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, quien confirmó que el Ministerio se ha comprometido a redactar este año una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
“Tenemos las fichas preparadas y en breve empezaremos el trámite de información pública para esta norma. Contaremos con el Consejo General de la Abogacía, no solo con vuestro auxilio y patrocinio. También tendremos muy en cuenta las conclusiones de estas jornadas a la hora de elaborar una ley que necesariamente tenemos que hacer entre todos”, afirmó Puente.
Además Puente recordó que en el proyecto de Ley de Derecho de Defensa, en tramitación parlamentaria, se recoge una enmienda que incluye la defensa de las personas jurídicas, que era una laguna de la ley de 1996 y una de las reivindicaciones de la Abogacía.
En la inauguración intervinieron, por otra parte, Conrado Íscar Ordóñez, presidente de la Diputación Provincial de Valladolid y Luis Miguel González Gago, consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, quien reclamó que para elaborar esta ley “haya un proceso de escucha y negociación previo” para que “salga consensuada y todo el mundo se sienta cómodo”.
“Si hacemos una buena ley a partir de ahora podremos tener una justicia gratuita como se merece la ciudadanía, que sí recibe los servicios pero el trato a los profesionales no es el adecuado”, aseguró Javier Martín, decano de Valladolid y secretario general del Consejo de la Abogacía.
Ortega aseguró que la actualización de los baremos que cobran los profesionales del turno de oficio tendrá lugar sin esperar a los presupuestos generales del Estado. “Por parte del Ministerio se nos ha dicho que en breve se tratará este tema”, afirmó.
El jueves por la tarde habrá una mesa redonda con representantes de las asociaciones profesionales, con la participación de Juan Sebastián Morales, vocal de CEAJ, Amparo Martínez Marián, presidenta de DEFENDA, Belén García, secretaria general del sindicato VENIA, África Calleja, vicepresidenta de la Asociación de Letrados y Letradas por un Turno de Oficio Digno y Gorka Vellé, secretario de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados.
Y el viernes por la mañana tendrá lugar un debate con responsables de Justicia en el Congreso de los Diputados (Mercè Perea, del PSOE, Fernando de Rosa Torner, del PP y Javier Ortega Smith, de Vox) para recabar sus opiniones sobre la futura ley.
Además en estas jornadas, a las que asisten cerca de 200 profesionales, se abordarán en detalle las cuestiones fundamentales de la asistencia jurídica gratuita como los requisitos, competencias y procedimientos para el reconocimiento de este derecho, los servicios de asistencia letrada, las subvenciones y el papel del abogado y procurador en los servicios del Turno de Oficio.
Angel Méndez, decano de Cartagena, repasó los requisitos que hay que tener para solicitar asistencia jurídica gratuita y reclamó que se incluya entre los beneficiarios a los solicitantes en la ley de la segunda oportunidad, y también la conciliación previa laboral y la reclamación previa administrativa.
Y Luis Nieto, ex decano de Salamanca, aseguró que “procede ampliar el contenido material del derecho para una mayor protección de los colectivos vulnerables. Pero toda la ampliación del contenido debe tener cobertura presupuestaria”. Por su parte, Ildefonso Seller, decano de Badajoz, afirmó que “el criterio económico para la concesión de la justicia gratuita no puede ser el mismo para todos los territorios”.
