Y muy especialmente, la Abogacía reclama que se regule un mecanismo para que la actualización de los pagos se acompase cada año con la evolución de los precios.
Pero si bien la cuantía de las retribuciones parece lo más urgente, lo que el Consejo considera más relevante es la ampliación del listado de actuaciones, pues considera que este es el instrumento más adecuado para solucionar un problema enquistado desde hace tiempo, cual es el elevado número de actuaciones de los letrados que no se retribuyen por no estar expresamente recogidas en los baremos.
Entre ellas se apunta al pago de los gastos de desplazamiento, la reconfiguración del número de guardias precisas en cada partido judicial, los macrojuicios, ampliar las fases de los procesos civiles, introducir las ejecuciones de sentencia o ampliar el número de recursos, entre otras.
Una propuesta discriminatoria
El Consejo General también pone de relieve que la propuesta de un incremento del 5% supone un serio agravio comparativo con relación a las subidas salariales aprobadas para algunos profesionales de la Justicia. Incrementos que en algunos casos alcanzan el 25% y que establecen un doble rasero para el trabajo de diferentes profesionales cuya participación es esencial en la prestación del servicio público de Justicia y, por tanto, en la materialización de un derecho constitucional.
“Ante motivaciones y justificaciones similares, para el reconocimiento de retribuciones y remuneraciones de la carrera judicial y fiscal y letrados de la Administración de Justicia, por un lado, y para la asistencia jurídica gratuita por otro, se produce una discriminación clara en cuanto al reconocimiento de los criterios de actualización, así como el resultado de los criterios adoptados en los mismos”, expone el texto registrado hoy por el Consejo General.
La institución también alude a la discriminación que supone que las subidas salariales pactadas con los letrados de la Administración de Justicia y con jueces y fiscales tienen fecha 1 de enero de 2023, mientras que para la Justicia Gratuita no se contempla ningún tipo de efecto retroactivo.
La Abogacía concluye su escrito reiterando su demanda de llevar a cabo una reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, en la que el Consejo anticipa que “se propondrá que se acoja legalmente el que podemos denominar ‘criterio de pago universal al profesional de la abogacía’, por el cual se garantizará la compensación económica para éstos en todas las actuaciones realizadas por designación colegial -a través del turno de oficio- o por requerimiento judicial, y ello aun cuando sea denegado el derecho a la justicia gratuita al justiciable.
Asimismo, la institución entiende que será preciso una actualización de las compensaciones económicas a los Colegios de la Abogacía y Consejo General de la Abogacía Española en orden a los gastos de infraestructura, congelados desde hace dos décadas.
