Convocados por la Asociación Nacional de Afectados por la mutualidad de la Abogacía (Anama), piden que el Ministerio encabezado por Elma Saiz les tengan en cuenta para negociar qué pasará con las cuotas que han ido destinando estos profesionales al Fondo Acumulado una vez se complete el plazo para que todos los mutualistas pasen al RETA, que el Gobierno ha fijado en 2027.
En esta manifestación --en la que se han congregado más de 10.000 personas, según la Delegación del Gobierno-- los abogados afectados por la mutualidad organizados en Anama han pedido a la Seguridad Social buscar una solución que les permita tener unas pensiones en la línea a lo que han contribuido. "Simplemente pedimos al Estado que nos acoja y cumpla con la Constitución", han defendido para añadir que consideran "inadmisible una pasarela que se quede por debajo de los mínimos del RETA".
Asimismo, han pedido "responsabilidad" al Gobierno por "la dejadez de esa supervisión de las mutualidades que tuvo que hacer y que nunca hizo". Además, han insistido en que se trata de un tema de "derechos" y piden que lo aportado pase a la Seguridad Social porque, hay casos de abogados que "se van a ver con 400 euros de pensión e incluso menos".
"El sistema de previsión social de la mutualidad de la abogacía ha fracasado y no ha cumplido con su función, por lo que abogamos por legislar una pasarela al RETA para que se garantice la dignidad de las pensiones del colectivo de abogados", asegura la vicepresidenta de Anama, Pilar Fernández.
Conversión de cuotas
En concreto, los abogados afectados por la mutualidad plantean a la Seguridad Social la conversión de las cuotas que los mutualistas han destinado a sus pensiones en el 'Fondo Acumulado', una vez descontadas la parte que iba a primas para costear los seguros de enfermedad y otras contingencias, en años cotizados en el RETA.
Esta solución que Anama plantea parte de dos informes --uno económico y otro jurídico-- elaborados por la Universidad de Valencia y de Extremadura a petición de la asociación con el objetivo de garantizar una solución "sostenible" para el sistema de pensiones.
En los informes se destaca que la conversión del fondo acumulado en años cotizados en el RETA es "una alternativa sostenible" porque se plantea una tabla que permite conocer cuál es el número de meses que deben reconocerse como cotizados para obtener una jubilación por la base mínima del RETA, según el importe del Fondo que se entrega a la Seguridad Social.
El cálculo tiene en cuenta el factor de conversión del RETA así como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) histórico ---desde 1981 a 2023---. Además, el planteamiento contempla la posibilidad de ampliar la cuantía de las bases de cotización.
Por otro, la propuesta incluye el desarrollo de un mecanismo de arbitraje similar al de los planes de pensiones para poder hacer líquidas las aportaciones ante la imposibilidad de hacer un traspaso del fondo acumulado de todos los mutualistas en el mismo momento sin crear un "riesgos de descapitalización en las mutualidades".
"Es una solución sostenible tanto para las libertades públicas como para los profesionales", defienden desde Anama.
De igual manera, piden a Seguridad Social que la solución que salga adelante tenga cuenta "a todo el colectivo" y no solo sea para casos de vulnerabilidad.
