Ángeles Chinarro, candidata a decana del ICAM: "Para implementar el voto electrónico es imprescindible una modificación estatutaria"

Continuamos con una ronda de entrevistas semanal con los candidatos y candidatas a las elecciones del próximo 20 de diciembre para conocer las principales claves del Colegio de la Abogacía del futuro.

Con motivo de las elecciones del próximo 20 de diciembre, entrevistamos a Ángeles Chinarro candidata a Decana del ICAM.

(Ver especial completo Elecciones 2022 Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid)

¿Cuáles son las claves de la Colegio de la Abogacía del futuro?

Las claves son la participación y la democratización, principalmente. La democratización desde el punto de vista de que creemos que la creación de un Consejo colegial es imprescindible para tener un control de la Junta de Gobierno y por que debe tener una representación proporcional de la abogacía que ha votado en las elecciones, no como la actual Junta. Por otro lado, la participación que no puede ser la actual, un 8% de la abogacía no representan a toda la abogacía y esto vicia la pretendida democratización del ICAM. Hay que empezar a establecer mecanismos como son ofrecer dos días de votación, distribuir los centros de votación en diferentes sedes judiciales y habilitar el voto electrónico con una serie de garantías para que la persona que vota sea la titular de la credencial.

Este año el voto por correo no va a revertir garantías de que la persona que vota sea el titular. Va a haber una especie de procuración o representación a través del voto por correo.

Una tercera clave, es un paso en la defensa del Turno de Oficio. No puede seguir siendo un servicio público maltratado por la propia abogacía institucional.

¿Por qué se presenta como candidata a ser Decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid?

Abogo por un Colegio igualitario, es decir, donde la abogada se sienta representada a nivel institucional, formativo, de salarios y de igualdad de oportunidades. Actualmente esto es una quimera, es utópico. A la hora de establecer herramientas para llevarlo a la práctica no se están haciendo grandes avances. Otra de las cuestiones que me mueven es conseguir que el Colegio sea más transparente. Actualmente, es opaco. Con una gestión oculta a la propia abogacía. Desde ALA reclamamos transparencia, que se faciliten actas de la Junta, de las Comisiones, de los contratos que se firman. El Colegio se ampara en la LOPD o bien que el despacho contratado defiende la autoría de la propiedad intelectual o industrial.

¿Quiénes son los integrantes de su candidatura? 

Somos 8 mujeres y 6 hombres. Somos 8 personas que estamos dados de alta en el Turno de Oficio, desde hace más de 20 años. Contamos con personas pertenecientes a otras asociaciones, como por ejemplo Rosa Saez de Ibarra, quien pertenece a la Asociación de laboralistas de la Comunidad de Madrid. Con una trayectoria de lucha. Lleva más de 50 años trabajando y sigue pasando consulta en el Pozo del tío Raimundo asesorando. Tenemos a Pedro Feced quien se distingue por una trayectoria reivindicativa en el ICAM. Es uno de los socios fundadores de ALA. Pedro es una institución, conoce los entresijos colegiales, los obscurantismos que ha habido. Ha defendido proposiciones aprobadas, con un gran conocimiento para saber lo que falta por hacer. He incluido a la tesorera de ALA, Beatriz Llamazares y a Ismael Sánchez. El resto se ha ido conformando en torno a esta idea de la abogacía participativa, de trinchera, conocedora de la problemática del Colegio. Todos se han integrado voluntariamente, se han ilusionado con el proyecto.

En las elecciones del año 2017, del total de colegiados solo votaron un 10%. ¿Cómo se puede conseguir incentivar el porcentaje de participación?

Para motivar a la abogacía hemos incluido a Felipe de Beltrán, es invidente, lleva 24 años ejerciendo y nos ha transmitido problemas hasta ahora desconocidos. Por ejemplo, con LexNet una herramienta que no permite la posibilidad de acceder a los abogados invidentes. También, con Carmen Sánchez Vidales, muy conocida en el ámbito del derecho matrimonial y de defensa de las mujeres, con Ángeles Jaime, una histórica de Themis.

Todos somos pequeños despachos, no contamos con empresas o grandes despachos por detrás. No estamos atados a nadie, no tenemos subvenciones de entidades públicas. Nuestro programa no responde a un interés ajeno como otras candidaturas que son opacas, y nos encontramos que durante los mandatos han existido casos como el de Alfonso Merlos. Nadie en el Colegio decía nada a pesar de la situación. O el caso de Sonia Gumper. Tenemos gente que nos reclama hacer eventos con el famoso "vino español". Pero nosotros estamos escasos de financiación. Y esto influye de cara a hacer marketing o a llegar a mayor número de colegiados y colegiadas.

¿Qué herramientas de comunicación habéis planificado para conseguir que mayor número de colegiados y colegiadas voten el 20 de diciembre?

Las mesas informativas en Plaza de Castilla y en las sedes judiciales. Nosotros siempre decimos que si la abogacía de a pie se movilizara, ganamos, pero no nuestra candidatura. Gana la abogacía de a pie, que es la mayoritaria, que es la que representa un 85%. Actualmente estamos siendo gobernados por una abogacía que representa al 15% de los ejercientes.

Nuestro caldo de cultivo está en los juzgados, en las sedes judiciales tipo Móstoles, Alcorcón, El Escorial. Nuestra campaña no tiene dinero para hacer mailing masivos como están haciendo otras candidaturas.

¿Qué medidas proponen para mejorar la situación de los abogados que prestan el Turno de oficio en Madrid?

Los baremos deben actualizarse, los últimos se han actualizado hace tres años y el porcentaje no está equiparado con el nivel de vida. En los años 80, se percibían 20.000 pesetas, actualmente se perciben 400 euros. Ahora ese dinero no es acorde.

Vamos a conseguir que la Comunidad de Madrid certifique actuaciones que actualmente no se pagan. Hay una parte de presupuesto que no se llega a gastar y esto es porque el Colegio de Abogados actualmente ejerce una especie de dique de contención de determinadas actuaciones negándose a certificar ciertas actuaciones con excusas. Existe, por tanto, una bolsa de actuaciones que se quedan impagadas. Tenemos un plazo de prescripción para justificar el cobro de una actuación.

Además, crearemos que los abogados dispongan de cursos de formación gratuitos y cursos de reciclaje para el Turno de oficio. Crear una sección para todos los abogados del Turno de oficio en la que puedan trasladar toda la problemática que se encuentran y tomar medidas al respecto. Por ejemplo, que cuando se haga el servicio de guardia podamos tener acceso al atestado. Atender al justiciable con toda la información y sin deficiencias. Establecer baremos acordes a la situación económica actual para no desmotivar a la abogacía y que pueda desempeñar un buen servicio.

¿Por qué tecnologías habría que apostar para que la calidad del trabajo de las abogadas y abogados fuera mejor?

Llevamos años arrastrando el proyecto tecnológico de IBM. Esto está a expensas de que la sentencia sea firme. El proyecto ha sido un fiasco. Ahora mismo los ordenadores del Colegio no tienen la posibilidad de utilizar herramientas como we transfer. Hemos tenido que hacer malabares. A nivel tecnológico están obsoletos y no sabemos que se está contratando. No podemos esperar a que nos superen los acontecimientos.

¿Qué tipo de formación considera indispensable para ofrecer desde el ICAM?

Hay que hacer una revisión de la formación que se está ofreciendo, los cursos y ponentes no responden a la realidad de la abogacía. Queremos acabar con cualquier curso o ponencia en la que se fomenten teorías como el síndrome de alienación parental. El ICAM no puede ofrecer formación que niegue la violencia machista. También, revisar el acceso a la formación en función de la capacidad económica. Es una fuente de financiación muy importante. Es importante que haya paridad con respecto a las mujeres.

La realidad de la abogacía es que en cualquier juzgado la presencia femenina es mayoritaria. Para un curso en el que tratan sobre la violencia de las mujeres es más útil y cercano que contacten a una juez de Juzgado de violencia de género y no con Manuel Marchena. También, fomentar el acceso a la formación de los jóvenes abogados. Facilidad de acceso y reducción del importe de los gastos.

Una de las primeras medidas que vamos a tomar sería anular el Acuerdo por el que la propia Junta de Gobierno y todos los miembros de la Junta directiva de Aja tengan acceso a los cursos gratuitos. Para nosotros es una vergüenza que personas que tengan grandes despachos adopten acuerdos como este que supone que el 99% solo tienen un 10% de cursos gratuitos. Esto no es un tratamiento igualitario y un uso abusivo de la Junta de Gobierno.

¿Cómo se pueden conseguir la implementación definitiva del voto electrónico?

Primero, tendrá que haber una modificación estatutaria. Se pueden habilitar puntos de votación en horario de sede judicial. Se podían haber habilitado las subdelegaciones para poder votar en algunos partidos judiciales estableciendo puntos de votación en horario de mañana. Se solicitó a la Junta y se rechazó.

Pretendemos esta modificación de los Estatutos para habilitar dos días para votar y respecto al as Juntas generales es necesario eliminar el voto delegado. En las Juntas somos 100 abogados y nos encontramos con que el Decano levanta un tarjetón con 500 votos delegados. El decano por sí mismo tiene más votos que todos los que estamos en esa Junta. Esto es desalentador. Es una cuestión que antaño no ocurría. Con la pandemia en la primera Junta general para evitar reunir a muchos abogados se habilitó el voto delegado. Esto debe acabar, mantendríamos el máximo de 3 votos hasta la aprobación de los nuevos estatutos.

Ángeles Chinarro y Pedro Feced concurrirán a las elecciones a la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) por ALA, la Asociación Libre de Abogadas y Abogados. Chinarro en  el puesto de decana y Feced en el de vicedecano.

En opinión de Pedro Feced, candidato a vicedecano, la dignidad de la abogacía es que los abogados deben ser tratados con los mismos derechos que tienen todos los demás operadores jurídicos. “Si jueces y juezas, letrados de la Administración de Justicia, la abogacía del Estado, funcionarios y empleados públicos, la fiscalía, abogados de entidades gestoras, todos tienen derechos que marca el Estatuto de trabajadores y el Estatuto básico del empleado público, reivindicamos los mismos permisos”.

Con respecto al ICAM considera que no puede tener influencia si no es creído por los propios colegiados. “Queremos facilitar que el ICAM sea visto por los colegiados como una institución que les sirva de algo, que es útil para todos y todas, y que tengan facilidad de participación”.