Por lo que se refiere a las cuencas de competencia estatal (cuencas intercomunitarias) se trata de los planes de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura, Júcar y Ebro.
Por su parte, respecto a las cuencas de competencia autonómica (intracomunitarias) se han aprobado los Planes de Gestión de Riesgo de Inundación de Galicia Costa, Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate y Cuencas Mediterráneas Andaluzas.
Los Planes de Gestión de Riesgos de Inundación son la herramienta fundamental con la que poder hacer frente a los fenómenos meteorológicos extremos. Se trata de unos documentos que abarcan todas las fases del riesgo, desde su prevención, hasta la protección y la recuperación.
Con estos Reales Decretos, además, España acompasa el ritmo de gestión del riesgo de inundación de nuestro país al del resto de Estados europeos. La aprobación de estos Planes culmina el proceso para implantar la Directiva de Inundaciones de la Unión Europea en nuestro país.
Estos Planes, que han contado con un amplio proceso de participación pública, se basan en tres grandes pilares: la mejora de la coordinación entre administraciones; el empleo de nuevas tecnologías que permitan una adecuada gestión del riesgo; y la coordinación con la planificación hidrológica y los objetivos medioambientales que marca la Comisión Europea a través de la Directiva Marco del Agua.
Planes con un apoyo mayoritario
La tramitación seguida para la aprobación de los Planes de gestión del riesgo de inundaciones se ha ajustado a lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto del 9 de julio de 2010, en virtud del cual los distintos Organismos de cuenca, con la cooperación del Comité de Autoridades Competentes y de las autoridades de Protección Civil, han integrado en sus respectivos Planes los programas de medidas elaborados por cada administración competente, garantizando la debida coordinación y compatibilidad entre los mismos.
Previo a la aprobación de estos Planes, el Gobierno culminó la "Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación", que definió aquellas áreas en las cuales existe un riesgo potencial de inundación significativo, así como la elaboración de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación de esas áreas.
Los Planes de Gestión de Riesgos de Inundación han recibido también el apoyo mayoritario del Consejo Nacional del Agua (más del 95% de los votos a favor y con el apoyo de todas las Comunidades Autónomas, usuarios del agua y organizaciones profesionales y económicas) y de la Comisión Nacional de Protección Civil. Antes fueron informados favorablemente por los Comités de Autoridades Competentes de cada una de sus demarcaciones.
Ochocientos millones y más de mil medidas
Los Planes de gestión del riesgo de inundación contemplan en los programas de medidas unos ochocientos millones de euros en inversiones en más de mil medidas a ejecutar hasta 2021 (700 millones de euros para los planes de competencia estatal y 100 millones para los de competencia autonómica), y proporcionan soluciones globales y medidas comunes y otras medidas específicas, concertadas con todas las administraciones implicadas y, en especial, con las respectivas Comunidades Autónomas.
Las medidas incluidas en estos Planes abarcan todas las fases de la gestión del riesgo: prevención, 35% del presupuesto, protección, 43% del presupuesto y preparación, 23% del presupuesto. También se incluyen medidas de recuperación tras los episodios, cuyo presupuesto dependerá de los daños que en un futuro se produzcan.
Estas medidas fomentarán la coordinación entre administraciones, mejorarán los sistemas de información y alerta, y el estado de los ríos y de la costa. Se actualizarán los planes de protección civil, se realizarán campañas para el incremento de la percepción de riesgo y se trabajará notablemente para compatibilizar las inundaciones y la ordenación del territorio.
En la redacción de estos Planes se ha trabajado conjuntamente con la Oficina Española de Cambio Climático, ya que ésta es una de las prioridades en la implantación de las medidas de estos planes.
