Según la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC), la actual incertidumbre política supone un riesgo añadido a la coyuntura económica española para las empresas. Pese a la reducción de precios, a la consecuente mejora en la productividad y a una reforma laboral (invalidada por resoluciones judiciales, en muchos casos, debido a defectos de procedimiento en lugar de cuestiones sustanciales), la Asociación advierte que esta falta de Gobierno y legislación puede agravar los problemas de insolvencia en compañías y sectores estratégicos clave, como la construcción y energía.
Asimismo, las sucesivas reformas, sin éxito, de la Ley Concursal demuestran que aún estamos lejos de convertirla en una herramienta de reestructuración empresarial, como ocurre en Europa, ha explicado la Asociación.
En palabras del presidente de ASPAC, Luis Martín, España ha atravesado un periodo de 'metonimia concursal': "buena parte de las últimas reformas han surgido a raíz de casos concretos y han tenido poco impacto en el desarrollo de un sistema de insolvencia eficaz, sobre todo para la pequeña y mediana empresa, que es la base de nuestra estructura empresarial".
Problemas estructurales de la economía, causa principal de las liquidaciones
Martín indica que, durante un periodo de crisis aguda, tienen lugar numerosas liquidaciones de empresas, por lo que cabe preguntarse si es la economía la que no funciona, y no la ley, como el elevado número de reformas sugiere: "el legislador ha optado por una serie de reformas de la Ley Concursal para solventar los problemas de viabilidad de las empresas. Si bien es cierto que gran parte de aquellas que se acogen, voluntariamente o no, al concurso de acreedores, acaban en liquidación, no siempre se debe a fallos en la Ley, sino a problemas estructurales en la economía".
Respecto a las reformas llevadas a cabo en materia concursal, la Asociación advierte que éstas podrían devenir en la desprofesionalización del sector. Las últimas modificaciones y las previstas, (Ley 17/2014, de 30 de septiembre, Ley 9/2015, de 25 de mayo, y 25/2015, de 28 de julio; así como el futuro Estatuto de la Administración Concursal) permiten que cualquier titulado que acredite formación jurídica o económica y que apruebe un examen acceda al ejercicio de la administración concursal.
Estas pruebas de acceso permitirán la entrada de profesionales sin limitación en número, cuando el número de administradores concursales en España (alrededor de 9.000) ya es superior al número de concursos de acreedores (4.777, en 2015). Según ASPAC, esto supondrá una desprofesionalización de la figura del administrador concursal, con el consecuente perjuicio para acreedores y para la economía.
ASPAC pide medidas urgentes contra otro de los grandes problemas de la profesión: la saturación de los Juzgados Mercantiles, que impide agilizar los procesos. "Para una compañía con problemas de insolvencia, la lentitud y burocracia de algunos juzgados de lo Mercantil es letal", finaliza Luis Martín.
