El Despacho Ramón y Cajal Abogados fue fundado en 1986. Aprobada la Constitución Española en 1978 y tras los avatares de las primeras citas electorales y cambios políticos, la década de los ochenta fue, en muchos sentidos, una época prodigiosa para nuestro país caracterizada por una intensa dinámica política, económica, social y cultural.
España se integró plenamente en las instituciones internacionales, particularmente en la Unión Europea, la economía española se internacionalizó a pasos agigantados y las inversiones exteriores comenzaron a fluir a nuestro país. Fue un momento propicio también para la concepción y creación de nuevos proyectos empresariales y de nuevas iniciativas profesionales privadas, como en el caso de los socios fundadores de Ramón y Cajal.
Desde entonces, el ordenamiento jurídico español ha experimentado enormes transformaciones como no podía ser de otro modo. Y dentro del ordenamiento el Derecho Mercantil en general y del Derecho Societario en particular, ramas jurídicas especialmente dinámicas y cambiantes, no podían resultar ajenas a las transformaciones de la sociedad y de la empresa española.
Los cambios producidos en estas tres décadas han afectado a la práctica totalidad del ordenamiento mercantil: derecho de la competencia, competencia desleal, publicidad, nuevas tecnologías, condiciones generales de la contratación y contratos con consumidores, agencia, mediación, comercio minorista, marcas y patentes, navegación aérea y marítima, instituciones de inversión colectiva, entidades de capital riesgo, morosidad en las operaciones comerciales, modificaciones estructurales y emisiones de obligaciones, de las sociedades de capital, desmaterialización de los títulos-valores, protección de datos personales y otros muchos campos.
La revolución normativa ha transformado sectores completos de la actividad empresarial como Banca y Seguros, en los que, como en otros de los mencionados, la intervención normativa de la Unión Europea a través de Reglamentos, Directivas, Recomendaciones y otros instrumentos de regulación ha sido particularmente extensa. El Derecho Concursal es otra área, en este caso compartida por Mercantil y Procesal, que ha experimentado profundos cambios en los últimos años, en particular a partir de la crisis financiera y económica manifestada desde 2007.
Desde fuera del Derecho Mercantil privado, el Derecho Administrativo y la actuación de los organismos supervisores del mercado como la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la actual Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia ha configurado un marco legislativo enteramente nuevo en el que destaca el nuevo Derecho del Mercado de Valores y el régimen de las ofertas públicas de adquisición. En el ámbito del Derecho Penal, ha surgido la responsabilidad penal de la persona jurídica.
En Derecho Societario, se ha desarrollado en estos últimos años una especial preocupación a nivel internacional, europeo y nacional por la supervisión del buen gobierno corporativo de las sociedades cotizadas y, en general, de las sociedades de capital. Ha surgido así otra novedad difícilmente pensable en la España de los ochenta como son las recomendaciones no vinculantes emitidas por organismos reguladores, el “derecho blando” que no se impone coactivamente a los destinatarios de la norma pero exige el ejercicio de transparencia consistente en explicar a los socios, al mercado y a los reguladores los motivos por los cuales determinadas recomendaciones no se cumplen.
Es nuevo también el interés en todos los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno por la responsabilidad social corporativa, el medioambiente, la defensa de los pequeños accionistas y los consumidores. Una evolución normativa que, aunque guiada por los sanos principios de transparencia informativa y de protección de los socios, los proveedores y los consumidores, comporta el riesgo de deslizar la autonomía privada que es la base del Derecho Mercantil, de la libertad de empresa y de la economía de mercado hacia un escenario de intervencionismo público progresivo y de consecuente litigiosidad creciente entre las empresas y las administraciones públicas.
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