El ministro de Justicia ha mantenido una videoconferencia con el director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), Antonio Alonso; así como con los directores de sus tres departamentos y de los 12 Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) dependientes de Justicia, a quienes ha anunciado que el Gobierno aprobará este mes el Real Decreto por el que se establece el acceso al título de médico/a especialista en medicina legal y forense por el sistema MIR.
Con este paso normativo adelante, se culmina un proyecto largamente trabajado por el departamento de Justicia en colaboración con el Ministerio de Sanidad en respuesta a las demandas del sector.
El ministro ha subrayado que la promulgación de esta norma, que equipara a los forenses al resto de médicos en cuanto a la forma y calidad de su formación, va a permitir avanzar hacia una Justicia profesional y altamente cualificada, reforzando su orientación ciudadana.
En esta toma de contacto con los forenses, Campo ha agradecido su implicación y colaboración "muy meritoria" durante la crisis del Covid-19. Justicia puso a disposición de Sanidad desde el primer momento a más de 1.300 profesionales, entre médicos forenses, facultativos y técnicos, colaborando muchos de ellos en centros sanitarios y laboratorios de microbiología o desempeñando diferentes tareas de gestión y monitorización.
El titular de Justicia ha subrayado también la labor desarrollada durante la emergencia sanitaria por el Servicio de Información Toxicológica (SIT) que detectó un incremento en las intoxicaciones relacionadas con la mezcla y el mal uso de productos de limpieza a raíz de la pandemia. El SIT funciona desde 1971 como centro antitóxico y atiende en el teléfono 91 562 04 20 consultas procedentes de toda la geografía española las 24 horas al día, los 365 días del año.
El servicio público prestado durante la crisis por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses se ha visto reforzado gracias al suministro de material sanitario y pruebas PCR para la protección del personal con riesgo alto de exposición al virus. Su aprovisionamiento por parte del Ministerio de Justicia se formalizó a través de dos contratos de emergencia por valor de 468.504,54 €.
Se han señalado como retos pendientes el impulso tecnológico en la actividad del INTCF y los IMLCF, el desarrollo del Plan de Mejora de las Unidades de Valoración Forense Integral, el refuerzo de equipamientos en los institutos, en particular, del Departamento de Sevilla, o la mejora de la organización del sistema de guardias en aquellos centros de menor tamaño. En materia legislativa, Justicia está trabajando en los nuevos reglamentos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y de los Institutos de Medicina Legal.
Campo ha indicado que todas las iniciativas y demandas en materia forense se integrarán en el proyecto global de #Justicia2030 con el que se pretende la transformación del servicio público en un horizonte de diez años.
