Lesmes ha enfatizado en su discurso pronunciado ante el Rey Felipe VI en el acto solemne de Apertura del Año Judicial que los jueces tienen que asegurar los derechos reconocidos en la Constitución y en las leyes, "especialmente con relación a aquellos ciudadanos que puedan sentirse amenazados por el legítimo ejercicio de esos derechos".
Además, el presidente del órgano de gobierno ha subrayado que los jueces amparan a "todos los servidores públicos, de cualquier clase que sean, encargados de hacer cumplir la Ley en cualquier parte del territorio nacional". "Nadie sufrirá por cumplir la ley", ha concluido.
"Las voluntades unilaterales que pretenden disponer de la Constitución y que solo contemplan como mecanismo de preservación de lo que consideran más propio la ruptura o la separación, son inaceptables y violentan la propia democracia pues ningún principio democrático puede amparar ni legitimar que una parte disponga sobre el todo", ha añadido.
Por otro lado, ha recalcado que el Poder Judicial es "único, fuerte e independiente" lo que supone una "mejor garantía de la libertad y la igualdad de los españoles" y ha recordado que la Constitución es "un conjunto de mandatos jurídicos de obligado cumplimiento".
Atender a las demandas de los jueces
Carlos Lesmes ha destacado durante su discurso la necesidad de que las autoridades competentes presten la debida atención a las demandas de los miembros de la Carrera Judicial, recordando que, en los últimos años, los jueces han sufridos mermas en sus derechos estatutarios y en sus retribuciones y ha soportado incrementos notables de sus cargas de trabajo mientras que la planta judicial apenas ha experimentado crecimiento y ha desarrollado su actividad con limitados recursos humanos y materiales.
“Ha llegado el momento de que la sociedad, a través de sus representantes, mire a sus jueces y les ofrezca respuesta a sus necesidades e inquietudes legítimas, pues la dimensión colectiva de sus funciones lo reclama en beneficio de la propia sociedad”, ha dicho.
Además, como presidente del órgano de gobierno de los jueces, Lesmes ha dejado patente de manera expresa el compromiso de esta institución “de prestar la debida atención a estas demandas” y su exigencia de que así lo hagan también el resto de las autoridades competentes.
Lucha contra la corrupción
El presidente del TS y del CGPJ se ha referido a “la persistencia del fenómeno de la corrupción en nuestra sociedad, fenómeno que produce desánimo social y lamentablemente corroe alguna de nuestras instituciones”.
Frente a este tipo de delitos, “la justicia española sigue proporcionando la más eficaz y contundente respuesta, siempre con pleno respeto a las garantías de los justiciables”, ha dicho Lesmes, que ha recordado que en 2016 los jueces y juezas españoles concluyeron un total de 112 investigaciones por delitos de corrupción pública en los que se dictó auto de procesamiento o de apertura de juicio oral contra 659 personas.
El presidente del Poder Judicial ha ofrecido también los datos correspondientes a la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividad de los Juzgados y Tribunales correspondiente a 2016.
Ésta refleja que el año pasado ingresaron en los órganos judiciales españoles un total de 5.813.137 asuntos y se resolvieron un total de 6.010.185, quedando en tramitación al final del periodo otros 2.234.476.
El número de sentencias dictadas fue de 1.443.896.
En cuanto al Tribunal Supremo, ha destacado que, tras poco más de un año desde la entrada en vigor de las importantes reformas introducidas en sede de casación, las Salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo ya han dictado las primeras sentencias, tras apreciar el interés casacional de un importante número de recursos, con la consiguiente utilidad para la comunidad jurídica.
Custodiar sin ambigüedades la Constitución
El presidente del TS y del CGPJ ha concluido su intervención mostrando su convencimiento de que la Justicia española sabrá afrontar la gran responsabilidad a la que se enfrenta: ser instrumento para la paz social en un mundo caracterizado por la globalización, la multiculturalidad, la progresiva expansión de las nuevas tecnologías, la crisis de valores derivada de las grandes dificultades económicas de los últimos años y las nuevas y cada vez más exigentes demandas de los ciudadanos hacia sus gobernantes y sus instituciones.
Pero esa paz social, ha advertido Lesmes, “no será posible si no garantizamos que la Ley sea respetada y aplicada correctamente a cada caso concreto, premisa que constituye condición esencial de la propia democracia y presupuesto necesario de unos valores de convivencia que no cabe desconocer en el marco de nuestro Estado de Derecho”.
“Como jueces, hoy más que nunca, nos corresponde custodiar sin ambigüedades la Constitución y la Ley”, ha finalizado.
