Así se ha puesto de manifiesto durante la apertura de la jornada “Más de un año tras la Ley 8/2021”. Un acto celebrado los días 15 y 16 de marzo en la sede del Senado que ha sido coorganizado por CERMI, Fundación ONCE y Fundación Aequitas, con la colaboración de Plena Inclusión y Liber (Asociación de entidades de apoyo a la toma de decisiones).
Luis Cayo Pérez Bueno ha destacado la “gran productividad” de la alianza fraguada entre las tres entidades en el desarrollo de la Ley 8/2021, una norma que ha sido “un completo acierto, un hito y un instrumento que ayuda y apela a las conciencias, a la cultura y al ordenamiento jurídico”.
Esta ley ha sido calificada por Pérez Bueno como una “ley proceso”, ya que se trata de una norma que, “a pesar de no ser inmediata, provoca un cambio social mantenido en el tiempo”.
En este sentido, el presidente del CERMI ha querido hacer “una llamada a la confianza” recordando a todos los presentes que “estamos ante un buen producto legislativo con muchas posibilidades”, pero es natural que un cambio “tan mayúsculo” necesite de mucho tiempo, “quizá una década, para que podamos ver toda su potencialidad”.
“Es nuestra obligación convencer al resto de comunidades autónomas que aún no han acogido esta norma de que lo hagan para ser capaces de completar el cambio y, así, ver resultados”, ha aseverado Pérez Bueno.
El acto de inauguración ha corrido a cargo del presidente del Senado, Ander Gil; el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno; el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán; el presidente del Consejo General del Notariado y de Fundación Aequitas, José Ángel Martínez Sanchiz; y la directora de Fundación Aequitas y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Internacional del Notariado Latino (UINL), Almudena Castro-Girona.
Durán ha querido destacar el trabajo “ingente” de todos los operadores jurídicos y profesionales del derecho para desarrollar una ley que “da un paso más en la igualdad de trato” y permite a las personas con discapacidad tener “autodeterminación”. “Las personas con discapacidad tienen que sentirse dueñas de sus decisiones”, ha afirmado.
Además, el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE ha querido hacer hincapié en el esfuerzo “titánico” que supone el hecho de amoldar estos apoyos a cada persona con discapacidad. “El reto de que esta ley llegue a cada persona con los ajustes necesarios para cada necesidad, es un esfuerzo a la altura de la calidad de los que están trabajando en ello”, ha aplaudido.
Por su parte, Martínez Sanchiz ha declarado que esta Ley 8/2021 es ya “un marco de referencia a nivel mundial”. “Esta norma nos muestra la necesidad de apoyos mutuos e implica un beneficio para el conjunto de la sociedad, ya que ha incrementado la libertad”, ha explicado.
El presidente del Senado, Ander Gil, ha finalizado este acto de inauguración recalcando que esta ley nos afecta a todos ya que “los Derechos Humanos son universales y deben ser universalmente exigidos”. Además, ha destacado que la discapacidad forma parte de la diversidad humana y, por ello, “la inclusión y la pertenencia a la comunidad son garantía de transformación social”. “Con esta Ley hemos cortado esa brecha de injusticia”, ha finalizado.
Tras la apertura, ha dado comienzo una primera mesa redonda que ha tratado el impacto que tiene la Ley 8/2021 sobre las personas con discapacidad y que ha contado con la participación de Gregorio Saravia Méndez, delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad, como moderador; Álvaro Martín-Moreno, director general de Fundación KYRIOS; Salvador Martínez Baringo, de Fundación GranadaDown; Maria Pino, de Fundación Futucam; y Daniel Gil López, de Fundación KYRIOS.
Martín-Moreno ha explicado que las entidades de apoyo tienen aún mucho camino que recorrer, pero que aplauden esta ley que “acaba con el criterio proteccionista preventivo” y que supone que “por fin conseguimos que la legislación española esté en sintonía con los Derechos Fundamentales”.
Martínez Baringo considera que esta ley “protege nuestros derechos fundamentales y respeta la dignidad y voluntad de las personas con discapacidad”.
Para Gil López, esta ley supone “un avance muy importante y un paso más para desarrollarme como persona teniendo en cuenta mi voluntad, mis deseos y mis preferencias”, ha explicado.
Seguidamente, ha dado comienzo la segunda mesa del día dedicada a analizar el ejercicio de la capacidad jurídica en condiciones de igualdad y ha contado con la participación de José Marqueño de Llano, presidente honorario de la UINL, como moderador; Juan Manuel Fernández Martínez, vocal del CGPJ y presidente del Foro Justicia y Discapacidad; María José Segarra, fiscal de sala del Tribunal Supremo para la protección de personas con discapacidad y mayores; Almudena Castro-Girona; y Torcuato Recover, abogado y asesor jurídico de Liber y coordinador de la Red de Juristas de Plena Inclusión.
Tras esta segunda mesa, ha comenzado la tercera y última de la jornada en la que se han discutido las reformas pendientes de la Ley 8/2021 en las diferentes comunidades autónomas. En este debate han intervenido Miguel Ángel Cabra de Luna, director técnico de Movimientos Sociales y Alianzas de Fundación ONCE, como moderador; Fernando García Vicente, presidente de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil; Jordi Ribot Igualada, catedrático de la Universidad de Girona; Alicia Calaza, notario de A Estrada (Pontevedra); Ignacio Iriarte, secretario general técnico del departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra; y Andrés Urrutia, notario y presidente de la Real Academia de la lengua vasca.
