Los procesos selectivos para la cobertura de las vacantes judiciales y gubernativas volverían a ponerse en marcha si en un tiempo prudencial no se constatan avances de cara a esa renovación, a fin de evitar perjuicios en el servicio público de la Administración de Justicia.
En este momento, son cinco las plazas convocadas para las que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial debía designar próximamente un titular: tres de magistrado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la presidencia de la Audiencia de Ourense.
El CGPJ, cuyo mandato de cinco años venció el 4 de diciembre de 2018, ha cubierto desde entonces todas las plazas judiciales y gubernativas que han ido quedando vacantes en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en su artículo 570.2 prevé expresamente que, durante el tiempo que esté en funciones, la única competencia que no podrá ejercer es la elección de un nuevo presidente de la institución.
También el Tribunal Supremo, en un reciente auto de su Sala Tercera notificado el pasado 1 de octubre que desestimaba la petición de dos asociaciones judiciales de suspender cautelarmente la convocatoria de diversas presidencias y plazas en órganos judiciales colegiados, subrayó que “el normal desarrollo de la administración de justicia requiere la pronta cobertura de las plazas vacantes tanto judiciales como gubernativas”.
La existencia de tres vacantes en la Sala Segunda del alto tribunal, por ejemplo, supone que el 20% de su planta –formada por el presidente y catorce magistrados- esté sin cubrir, por lo que de prolongarse en el tiempo esta situación el normal funcionamiento de la sala se vería gravemente resentido.
En el periodo que lleva en funciones, el CGPJ ha nombrado a diez magistrados del Tribunal Supremo para plazas que habían quedado vacantes por jubilación (en 9 de los casos) o por renuncia de su anterior titular (en el otro).
Desde que inició los trámites para la renovación del Consejo el 3 de agosto de 2018 -cuatro meses antes de la fecha de expiración del mandato, tal y como dispone la LOPJ-, el presidente del TS y del CGPJ se ha dirigido en tres ocasiones a los presidentes del Congreso y del Senado –la última de ellas el pasado 23 de diciembre- instándoles a adoptar las medidas necesarias para la renovación de la institución.
