Este evento ha supuesto el cierre del calendario de actividades de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea (UE) en materia de Justicia y ha tenido como objetivo analizar cuestiones legales y prácticas relacionadas con el ciberdelito y la prueba electrónica, desde una perspectiva global, europea y nacional, con particular atención al nuevo instrumento de las Órdenes de Preservación y Entrega.
Durante su intervención, el director de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos del Ministerio, David Vilas, ha puesto en valor la utilidad del paquete e-evidence, que posibilita que por primera vez el principio de reconocimiento mutuo opere entre las autoridades competentes y una entidad privada, el proveedor de servicios.
Asimismo, ha recordado que frente a los desafíos que suponen los ciberdelitos, “no estamos solos, contamos con la Unión Europea, representada en organismos como la Red Europea Judicial o Eurojust". El director ha subrayado que esta es una materia que “trasciende sus fronteras y resulta global, de enorme actualidad y gran futuro".
Cooperación internacional contra el ciberdelito
El acceso a datos de plataformas encriptadas; las sinergias entre el Reglamento de e-evidence y el Segundo Protocolo Adicional al Convenio de Budapest; o las criptomonedas y su uso como instrumento en el ciberdelito han sido algunos de los asuntos que se han abordado a través de las diferentes mesas redondas durante estas jornadas.
El evento ha servido además para acercar algunas las novedades legislativas a las autoridades judiciales españolas, así como para darles a conocer el apoyo que pueden obtener por parte de otros actores en el plano europeo e internacional en materia de prueba electrónica y ciberdelincuencia.
También ha permitido tratar otras cuestiones como la cooperación judicial entre la UE y los países de Latinoamérica y el Caribe en este ámbito; las novedades del paquete normativo europeo de servicios digitales; o las normas destinadas a la retirada de contenidos en línea, cuyo anticipo ya se contiene en ejemplos como los incluidos en el vigente reglamento en materia terrorista o en la propuesta de reglamento para prevenir el abuso sexual infantil en línea.
La cita ha reunido a representantes del ámbito de la Justicia de los Estados miembros; de organismos de la UE como Eurojust y Europol; de la Fiscalía y del Consejo General del Poder Judicial. También ha contado con la participación de representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de empresas del sector.
