El pasado día 10 de marzo, la Dirección General para el Servicio Público de Justicia publicó una resolución en la que se acordaba -a consecuencia del COVID-19- el aplazamiento de la prueba de acceso a la profesión de abogado, que estaba convocada para el día 28 de marzo. Asimismo, se establecía que la nueva fecha se informaría con sólo tres semanas de antelación. Si bien esta resolución hacía referencia a un aplazamiento de la prueba, hacerlo "sine die" transforma ello -irremediablemente- en una suspensión.
Mediante un comunicado conjunto publicado por el Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho (CONEDE), el Grupo de la Abogacía Joven de Barcelona (GAJ Barcelona) y la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid (AJA Madrid), las tres organizaciones consideran tal situación “intolerable” fundamentalmente porque la superación de este examen es un requisito indispensable para su plena incorporación al mercado laboral como profesionales de la abogacía para los más de 6.000 aspirantes que se presentan anualmente. Así pues, la suspensión sine die de la prueba supone dejar en una situación alegal a todas aquellas personas que este curso han superado los Másteres de Acceso y prácticas correspondientes.
Para las organizaciones firmantes, la intención del Ministerio de comunicar la convocatoria con una antelación de tres semanas resulta, también, “inaceptable, especialmente atendiendo a la gran cantidad de aspirantes que deben desplazarse para ello”.
Actualmente, existe un temor a que esta situación conlleve que la celebración de la prueba se produzca en el mes de octubre, uniéndose así con el segundo examen de acceso a la abogacía previsto para el 2020. Los firmantes defienden que “en ningún caso debe darse esta circunstancia, pues podría ser el precedente para implantar una única prueba anual, atendiendo a la intención mostrada por el Ministerio de Justicia en numerosas ocasiones, lo cual generaría graves perjuicios para los estudiantes, la abogacía y el propio sistema de formación habilitante”.
En el mismo sentido, para los más de 6.000 afectados resulta necesario evitar que el retraso en las pruebas este año suponga que las del año 2021 se vean alteradas. El Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho (CONEDE) viene reclamando desde hace años que se fijen las fechas para la celebración de la prueba, teniendo como objetivos febrero y octubre.
Por todo ello, los representantes de de los 120.000 estudiantes de Derecho de España, junto con los representantes de la abogacía joven de Barcelona y Madrid, han solicitado que se resuelva cuanto antes esta situación de inseguridad e incertidumbre; haciéndolo a través de los siguientes compromisos por parte del Ministerio de Justicia:
- Se celebrará la prueba en un plazo no superior a tres meses.
- Se asegurará el mantenimiento de las dos pruebas de acceso anuales.
- Se informará sobre la fecha de la prueba con mayor antelación, incluso se podrá anunciar ya una fecha aproximada, atendiendo a las medidas que se están tomando ya para celebrar otras pruebas con una participación mucho mayor, como la EBAU.
- Se mantendrá un diálogo con los representantes de los estudiantes de Derecho (CONEDE) y de la Abogacía Joven de Colegios de Barcelona y Madrid.
Asimismo, los firmantes han considerado necesario un compromiso en el que el Ministerio asuma poner todos los medios humanos y técnicos necesarios para que la prueba se realice en unas correctas condiciones sanitarias, principalmente mediante la ampliación del número de sedes en que se celebrará la prueba, si bien las medidas deben ir también encaminadas a la reducción drástica de los tiempos de corrección, a fin de facilitar la rápida colegiación de todos los aspirantes aptos en la prueba y evitar un solapamiento con la segunda prueba anual.
En este sentido, se debe contar con la ayuda de los Colegios Profesionales para que, una vez atendido el ruego por parte del Ministerio y realizada la prueba, se permita una rápida colegiación que facilite que en el mes de septiembre los aspirantes de la prueba de marzo puedan estar colegiados y en disposición de incorporarse al mercado laboral.
En declaraciones de Alberto Cabello, presidente de AJA Madrid, “la abogacía joven, en su inquebrantable compromiso con los graduados en derecho y futuros compañeros de profesión, debemos exigir al Ministerio de Justicia una respuesta inmediata ante esta situación de inseguridad que están sufriendo miles de estudiantes en España”.
En palabras de Alexander Salvador, secretario del Comité Ejecutivo del GAJ Barcelona, el Ministerio de Justicia “debe actuar con mayor transparencia respecto a la celebración del próximo Examen de Abogacía. La presente situación perjudica los derechos de los futuros abogados y genera una situación de vacío laboral que afecta directamente al propio ejercicio de la abogacía”.
Por su parte, Gabriel Rodríguez Leva, presidente del CONEDE, opina que "es el momento idóneo para que el Ministerio de Justicia demuestre que verdaderamente le importan los estudiantes y que quiere atender a sus reivindicaciones de mayor descentralización de la prueba, aumento en la dotación de medios humanos y técnicos, mantenimiento de las dos pruebas anuales y fijación de las fechas".
