Esta semana, el Pleno arrancará, en su sesión del martes, 21 de junio, con el debate de la toma en consideración de sendas iniciativas legislativas. Por una parte, se verá la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados sobre "el uso de las lenguas oficiales y reconocidas estatutariamente en sus Comunidades Autónomas en el Congreso de los Diputados".
Los autores proponen añadir al Artículo 6 del Reglamento de la Cámara un apartado para dar "derecho a los diputados" a "intervenir en las sesiones del Pleno y de las Comisiones en cualquiera de las lenguas oficiales y reconocidas estatutariamente en sus Comunidades Autónomas", así como a hacer lo propio en los documentos y escritos parlamentarios.
Seguidamente, el Pleno debatirá la toma en consideración de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. La iniciativa legislativa propone que todos los yacimientos de origen natural y demás recursos geológicos sean bienes de dominio público "que han de ser protegidos y cuya investigación y aprovechamiento el Estado podrá asumir directamente o ceder".
En ambos casos, si el Pleno decide, por mayoría simple, tomar en consideración la iniciativa, esta será remitida a la comisión competente donde comenzará su tramitación parlamentaria. En caso contrario, la proposición no se tramitará.
Información financiera y modificación de la Ley de Ciencia
El Pleno de esta semana concluirá con su sesión del jueves 23 de junio. Ese día se debatirán los dictámenes de sendos proyectos de ley. La primera de ellas es el Proyecto de Ley Orgánica por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales.
La iniciativa establece que las autoridades competentes accederán y consultarán de manera directa e inmediata la información contenida en el Fichero de Titularidades Financieras cuando sea necesario para el ejercicio de sus competencias y funciones de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de un delito grave o para apoyar una investigación penal en relación con un delito grave.
Según dispone en su articulado, las autoridades competentes son: los jueces y tribunales del orden jurisdiccional penal; el Ministerio Fiscal; la Fiscalía Europea; las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; las policías autonómicas; la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de la AEAT.
El proyecto de ley deberá obtener mayoría absoluta en una votación final de conjunto por su carácter orgánico y será remitido posteriormente al Senado.
También en la sesión del jueves, el Pleno debatirá el dictamen y las enmiendas vivas del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
La norma, que modifica la Ley de 2011, busca actualizarla a la vista de las tendencias nacionales e internacionales en el ámbito de la política científica y de la innovación, "incidiendo en aquellas cuestiones que han de ser modificadas para mejorar la competitividad del Sistema Español de Ciencia".
Para ello, el texto señala que se enfocará "en las carencias relativas a la carrera y desarrollo profesional del personal investigador", abordará "la necesidad de actualizar la normativa reguladora de la transferencia de conocimiento y de resultados de la actividad investigadora" y "mejorará los mecanismos de gobernanza del Sistema y la coordinación y colaboración entre agentes tanto públicos como privados". El texto aprobado por el Congreso continuará su tramitación en el Senado.
