El 38,04% de las inadmisiones se producen por insuficiente justificación de la especial trascendencia constitucional, mientras en un 21,67% falta este requisito y en un 12,38% falta su justificación, cosa que a en opinión de la institución, "sigue resultando llamativo a estas alturas", pues siete de cada diez recursos de amparo decaen por una de estas tres razones, es decir, por no cumplir lo mínimo que exige la ley para acudir a este tribunal.
En concreto, el Tribunal de Garantías ingresó el año pasado 6.977 asuntos nuevos (un 9,3% más que en 2017) de los que casi la totalidad, 6.918, eran recursos de amparo. Se admitieron a trámite 115, el doble que un año antes, cuando fueron 70 los que progresaron de un total de 6.286 apelaciones de este tipo presentadas, de acuerdo a los datos difundidos por la institución.
La inmensa mayoría de los nuevos recursos de amparo fue promovida por particulares, 6.833, de los cuales 6.032 fueron interpuestos por personas físicas y 801 por personas jurídicas de Derecho privado. Los entes públicos promovieron 85 recursos de amparo. Ni el Defensor del Pueblo ni el Ministerio Fiscal interpusieron recurso alguno.
Como es tónica en este tribunal, el 53,57% de los recursos de amparo fueron planteados en relación a resoluciones del orden jurisdiccional penal, aunque subieron los de civil (1.269 frente a 1.117 un año antes), contencioso administrativo (1.383 frente a 1.200) y militar (29 frente a 25). Además se plantearon cuatro recursos de amparo electorales y 29 frente a actos parlamentarios sin valor o fuerza de ley.
En siete de cada diez casos, el recurso de amparo invocaba el articulo 14 de la Constitución (tutela judicial efectiva) mientras en un 14,57% de los casos se alegaba vulneración del derecho a la igualdad.
142 Sentencias
Mientras los recursos de amparo crecían, disminuían hasta 12 (47 el año anterior) los de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley y caían a 3 (4 un año antes) las impugnaciones de disposiciones autonómicas. Sí se incrementaron, no obstante, las cuestiones presentadas por los jueces y tribunales, que subieron a 42 frente a las 33 de 2017.
En total, el Tribunal Constitucional resolvió 6.839 asuntos al cabo del año y dictó 142 sentencias de las cuales 87 versaban sobre procesos de inconstitucionalidad y 55 sobre recursos de amparo, una actividad del Pleno y de las Salas que "ha permitido seguir reduciendo el número de asuntos pendientes y, por ende, el tiempo necesario para enjuiciar las leyes cuya constitucionalidad es puesta en duda".
Al cierre del año se encontraban admitidos a trámite para dictar sentencia del Pleno 93 procesos, y quedaban pendientes de resolver sobre admisibilidad un recurso de inconstitucionalidad y cuatro cuestiones. En materia de amparo, quedaban 141 pendientes de sentencia y 3.180 en espera de resolver su admisibilidad.
