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La iniciativa persigue asegurar que los fondos europeos se destinen a reformas estructurales

Convalidado el Real Decreto-ley 36/2020, de 22 de diciembre, para modernizar la Administración Pública y ejecutar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Noticia

El Pleno del Congreso ha convalidado el Real Decreto-ley 36/2020, de 22 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Congreso

Como principal objetivo, establece las disposiciones precisas para programar, presupuestar, gestionar y ejecutar los fondos europeos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación para reparar los daños relacionados con la crisis sanitaria. Este marco financiero plurianual "implicará para España unos 140.000 millones de euros" para el periodo 2021-26.

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

El Real Decreto-ley establece medidas para implementar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Además, incorpora instrumentos para "reducir las barreras normativas y administrativas" y modernizar las administraciones públicas, de modo que permitan "una gestión más ágil y eficiente para facilitar la absorción" de los fondos europeos.

Según la iniciativa, los proyectos del Plan "permitirán la realización de reformas estructurales" los próximos años y, "un cambio del modelo productivo para la recuperación de la economía tras la pandemia causada por la COVID 19" y, "una transformación hacia una estructura más resiliente que permita que nuestro modelo sepa enfrentar con éxito otras posibles crisis o desafíos en el futuro".

Proyectos Estratégicos

La normativa contempla una nueva figura de colaboración público-privada: los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), considerados como instrumentos "clave" para ejecutar los proyectos contemplados en el Plan.

Esta figura incluye nuevas herramientas de colaboración público- privada "que permitan una gestión ágil". Además, se pretende "reforzar a los proyectos que contribuyan claramente al crecimiento económico, al empleo y a la competitividad de nuestro país". Se creará un registro en el Ministerio de Hacienda para identificar los operadores interesados en participar en un PERTE.

Órganos de gobernanza

Para garantizar la eficacia del plan, el Gobierno prevé una gobernanza que garantice "la transparencia, la coherencia de las actuaciones y su continuidad en el tiempo".

Para ello, se crea una Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, que presidirá el presidente del Gobierno y de la que formarán parte todos los Ministerios. Asimismo, se formará un Comité Técnico de apoyo a esta Comisión y a la Autoridad Responsable del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, que residirá en el Ministerio de Hacienda, órgano central para el desarrollo y ejecución del Plan y que actúa como autoridad e interlocutor responsable ante las instituciones europeas.

La norma también recoge la creación de la Conferencia Sectorial del Plan, con las comunidades y ciudades autónomas, que presidirá el titular del Ministerio de Hacienda. El objetivo de este órgano es canalizar la gobernanza multinivel territorial propia del sistema autonómico y establecer vías de cooperación y coordinación en la implementación del Plan.