Esto posibilitaría que las víctimas no tuvieran que testificar dos veces, la segunda ante un tribunal.
Según fuentes fiscales consultadas por Europa Press, el propósito del FGE es evitar que los condenados por violación puedan zafarse de entrar en prisión debido a esos acuerdos que evitan la celebración de juicio.
Añaden que en esa elaboración de la circular relativa a la protección de las víctimas, se están estudiando y analizando todas las posibilidades y herramientas de protección y de evitación de la victimización secundaria, incluida esa prueba preconstituida.
Recuerdan que García Ortiz ya anunció en su comparecencia en el Congreso que quería "explorar todos los aspectos posibles de protección de las víctimas para dar una herramienta jurídica integral a los fiscales para la consecución de estos objetivos".
"Las víctimas han de ser amparadas y defendidas. Su papel en el proceso, cuando además su testimonio es imprescindible para la persecución de los delitos, no debe significar una carga, un elemento violento o desgarrador para ellas. No son las víctimas las que se tienen que adaptar al proceso o a la justicia, somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a ellas", dijo entonces.
Tras conocerse la intención del FGE, fuentes fiscales explican a Europa Press que la circular en todo caso sólo orienta a los fiscales y, aunque "está bien porque unifica criterio", lo ideal sería llevar a cabo una reforma legal porque daría más herramientas para actuar en procedimientos penales. Así, lamentan que la propuesta del FGE sólo será una sugerencia a los tribunales, quienes serán los que tengan la última palabra.
Difícil aplicación en mayores de edad
Fuentes del Supremo consultadas por esta agencia coinciden en señalar que finalmente dependerá de lo que decida el juez o tribunal, y han apuntado que a pesar de que la prueba preconstituida ya se aplica en menores de 14 años tras la reforma de la 'Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia' (LO 8/2021), "para mayores, la norma es la contraria". "Es difícil que en mayores pueda aplicarse la prueba preconstituida de forma ordinaria", subrayan.
Así, otras voces explican que mientras que en menores la prueba preconstituida es casi obligada porque "solo excepcionalmente debe ir el menor a juicio", en mayores la jurisprudencia "solo lo admite cuando hay razones de peso especificas del caso que impiden o desaconsejan la declaración en juicio".
Citan como ejemplos la ausencia por fallecimiento o por grave padecimiento, o la existencia de un informe médico o psicológico que ponga de relieve la grave disfunción que provocaría su testimonio. Y añaden que sin eso, "la regla es que ha de acudir al juicio".
